EscucharGuillermo Hernández Ramírez, representante del Gobierno en la Junta Directiva de la CCSS desde hace tres meses, renunció este lunes alegando que la destitución del presidente ejecutivo de la entidad, Álvaro Ramos, no le permite continuar en el cargo por resultar inconsecuente con su motivación inicial.
Ramos fue destituido el sábado anterior por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por un desacuerdo con respecto al aumento salarial retroactivo aprobado por los directores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para los 63.000 empleados de la institución. Hernández Ramírez avaló dicho incremento.
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En su carta de renuncia, Hernández alegó que había aceptado la invitación del entonces jerarca para participar en su proyecto para fortalecer la seguridad social. “Hoy, el corte de manera súbita de su nombramiento como presidente ejecutivo de la CCSS no me permite continuar como miembro de la Junta Directiva, pues no sería consecuente con mi motivación inicial”, alegó.
La Casa Presidencial comunicó que el mandatario decidió destituir a Ramos al no alcanzar un acuerdo sobre el incremento de entre ¢7.500 y ¢8.500 aprobado a los funcionarios de la institución. Dicho ajuste le costará a la Caja ¢10.000 millones más por año, más otros ¢29.000 millones porque se decidió darle efecto retroactivo al 2020.
Chaves ha insistido que dicho aumento es ilegal, pues se contrapone a la regla fiscal que impide aumentar salarios en el sector público cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre en este momento, e instó a los directivos a revisar la decisión. De lo contrario serían despedidos, según advirtió.
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La designación de Hernández como directivo de la Caja estuvo salpicada de polémica, porque el exfiscal adjunto de narcotráfico y delitos económicos figura como aspirante al cargo de fiscal general de la República.
Cuando se conoció su nombramiento, en junio anterior, descartó que aceptar la designación del Consejo de Gobierno le pudiera restar independencia en caso de que eventualmente, le correspondiera dirigir una pesquisa en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, o de otros jerarcas de la actual administración.
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Este lunes, luego de presentar su dimisión, Hernández confirmó a La Nación que sigue aspirando a la Fiscalía General y volvió a descartar un conflicto de intereses al momento de indagar al mandatario o a sus jerarcas. “Perfectamente podría abordar cualquier caso de investigación contra el presidente o contra cualquiera de las personas allegadas a él”, reiteró.
‘Rechazo del mandatario es político’
Hernández calificó de política la reacción del mandatario sobre el aumento salarial en la Caja. “Si él consideró que en el escenario político no estaba bien (el aumento), pues, fue su decisión”, señaló.
Alegó que los directivos que avalaron el incremento lo hicieron con sustento técnico y legal, al acoger recomendaciones de la Gerencia Financiera. También indicó que el incremento de los salarios es parte del fortalecimiento de la CCSS.
Sin embargo, la Dirección Actuarial de la entidad advirtió de que el aumento en los salarios “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”.
Con respecto al sustento legal, Hernández sostuvo que la sala Constitucional, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Planificación (Mideplán) indicaron que la CCSS estaba fuera de la regla fiscal.
No obstante, al justificar la remoción de Ramos, el mandatario recordó que la Sala Constitucional resolvió que la Caja está exenta de la ley de responsabilidad fiscal solo en lo referente a gastos de pensiones y del sistema de salud.
Finalmente, Hernández alegó que la decisión la tomaron los directivos en pleno uso de su autonomía y que Álvaro Ramos nunca les tiró línea de Gobierno.
