La directora de Asesoría Jurídica del Sinart, Mariana Fernández Sequeira, renunció a su puesto después de revelar que el exjerarca de esa institución, Allan Trigueros, le ordenó contratar como proveedora a la empresa de Christian Bulgarelli, asesor en comunicación del presidente Rodrigo Chaves.
Fernández Sequeira presentó su dimisión el pasado jueves 7 de setiembre, según ella misma lo confirmó este viernes.
La exfuncionaria indicó a La Nación que su renuncia obedece a motivos de salud, pues adujo que esta se ha visto deteriorada tras la divulgación de su denuncia ante la opinión pública. “No puedo con la presión, primero está mi salud”, dijo en alusión a la exposición mediática del asunto.
Agregó, brevemente, que deseaba tener libertad para atender los procesos legales que se puedan derivar de la información que dio a conocer.
Fernando Sandí, jerarca del Sinart, también corroboró la dimisión. “Le confirmo la renuncia de doña Mariana como jefa de la Dirección Jurídica del Sinart aduciendo motivos personales”, manifestó a este medio.
La exdirectora jurídica reveló, en un oficio del 31 de agosto, que a finales de 2022 recibió una “orden directa” por parte de Allan Trigueros, para que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) contratara a la empresa RMC La Productora S. A.
Dicha compañía es propiedad de Christian Bulgarelli, quien fue identificado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como asesor del presidente Chaves.
Posteriormente, la firma de Bulgarelli, cuyo nombre comercial es Nocaut, fue contratada sin necesidad de concurso público para proveer servicios de producción audiovisual al Sinart, a fin de que esta entidad cumpla con los contratos de manejo de publicidad estatal que 14 instituciones públicas le dieron por casi ¢8.000 millones.
LEA MÁS: Expresidente de Sinart, Allan Trigueros, ordenó contratar a empresa de asesor presidencial
Antes de contratar a Nocaut, el Sinart había invitado a tres empresas a participar, pero estas fueron descartadas después de la orden de Trigueros.
Las compañías invitadas fueron E-motions Films, Luis Murillo (Mekanismo taller Audiovisual) y Crew Nosotros Films. Incluso, enviaron sus ofertas entre el 18 y el 21 de noviembre del 2022.
El oficio en el que Fernández Sequeira revela estos acontecimientos fue dado a conocer el pasado jueves 7 de setiembre por el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA). Precisamente, ese día renunció la directora jurídica.
La misiva de la ahora exfuncionaria iba dirigida al actual jerarca del Sinart. También llegó a los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos.
La asesora jurídica solicitó trasladar la información a las entidades correspondientes para que se investigue la contratación.
“Debe indicarse que, a raíz de los cuestionamientos serios que han sido expuestos por la prensa, recomiendo que esta información sea remitida a la Contraloría General de la República, a la Auditoría Interna, y al órgano de investigación interno que analiza dicha contratación, además de remitir la información a la Asamblea Legislativa”, agregó la funcionaria.
El diputado Robles anunció que la información sería enviada a la Fiscalía, de forma inmediata, para que pueda indagar lo sucedido.
Previo a dicha publicación La Nación contactó, vía telefónica, con Allan Trigueros. Su respuesta fue: “Por recomendación de mi abogado, no puedo referirme al asunto, en virtud de que el señor diputado indicó que pasa esto a la Fiscalía y, por respeto al órgano judicial, no puedo emitir criterio”.
Trigueros es periodista y fungió como presidente ejecutivo de Sinart por ocho meses, entre el 22 de junio de 2022 y el 8 de febrero de 2023, día en que Casa Presidencial informó de que se iba por “motivos de salud”.
Lea más sobre Sinart
Contraloría abre investigación sobre millonarias contrataciones al Sinart
AyA contrata por ¢2.300 millones al Sinart con estudio de mercado de una página
ICE gestó millonario contrato con agencia publicitaria del Sinart en un día
Sinart suspende pagos a empresa de Christian Bulgarelli por investigación
Sinart concentra contratos de publicidad estatal por ¢8.000 millones
Diputados sospechan uso de contratos del Sinart para favorecer a asesores del gobierno