EscucharLa Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente, este martes, un nuevo rescate financiero de ¢6.000 millones para la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en vista de la severa crisis financiera que vive esta empresa estatal.
El rescate fue incluido dentro de un presupuesto extraordinario que pasó este martes al plenario legislativo, con recomendación positiva, la cual recibió cinco votos a favor y tres en contra.
El auxilio para Japdeva se financiaría con deuda interna. ¢4.000 millones se destinarían al pago de remuneraciones y contribuciones sociales y los ¢2.000 millones restantes al pago de cesantías, preaviso, aguinaldo, vacaciones y bonos de transformación para aquellos trabajadores que se acogieron a la movilidad laboral.
A favor votaron los legisladores Gustavo Viales y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN); Laura Guido y Nielsen Pérez, de Acción Ciudadana (PAC); y Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN).
En contra votaron María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana; Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República; y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Visiblemente molesta, la socialcristiana justificó su voto en contra de la iniciativa. Solís señaló que los ¢6.000 millones provienen de deuda interna y elevan el gasto corriente, para pagar salarios y liquidar personal que debió acogerse al plan de estructuración desde hace dos años.
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Propiciamente, Solís recordó que, hace dos años, la Asamblea Legislativa aprobó un plan de restructuración de Japdeva con un paquete de recursos que alcanzó los ¢49.000 millones. “Incluía una jugosa liquidación del personal que se acogiera a la cesantía voluntaria y contenía un esquema de prejubilación para mayores de 55 años que afrontaran dificultades de encontrar trabajo”, recordó.
Sin embargo, dos años después, la socialcristiana lamenta que el pregonado equilibrio económico de la institución no se haya logrado y que, más bien, Japdeva arrastra un déficit financiero. “La Contraloría sugirió incorporar al presupuesto extraordinario la obligación de que Japdeva devolviera los ¢2.000 millones (del rescate), pero el Gobierno no presentó la moción ni tuvo el interés de hacerlo”, criticó.
Vargas, por su parte, lamentó: “Los recursos que se han otorgado es plata que pagamos todos los costarricenses”.
La diputada oficialista Laura Guido contradijo a sus compañeros. Alegó que Japdeva no estaría en las actuales circunstancias si un tribunal no hubiese congelado por un año sus cuentas a solicitud del sindicato. “Japdeva afrontó contexto inesperado. Estas situaciones impredecibles nos tienen en esta situación”, reaccionó Guido.
Recursos para Ruta 32
Por otra parte, el foro de Hacendarios aprobó, por separado, otro plan extraordinario, el sétimo del año, con ¢19.600 millones para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) cumplan sus compromisos en lo que resta el año.
Entre los compromisos del MOPT, se encuentran ¢2.000 para el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), encargado de la supervisión de obras viales.
Otros ¢12.000 del Conavi financiarían el proyecto de rehabilitación y ampliación de la ruta 32 que conecta a San José con Limón.
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Este proyecto extraordinario se aprobó con seis votos a favor y dos en contra. A favor votaron legisladores del PLN, PAC, PRN y el PRSC. En contra volvieron a votar Solís y Harllan Hoepelman.
La socialcristiana dijo que, de esos recursos, ¢3.480 millones se destinarían al gasto corriente que junto a los ¢6.000 millones de Japdeva. “Según la Contraloría, con la aprobación de estos presupuestos se requiere una subejecución del 8% en el 2021 para cumplir con regla fiscal. Será difícil que se cumpla con objetivo de contención”, finalizó.
