EscucharLa Defensoría de los Habitantes (DHR) intervino de oficio en el plan del gobierno para construir cárceles de carpas, luego de que el ministro de Justicia, Gerald Campos, omitió contestarle una serie de preguntas técnicas alegando que el proyecto se encuentra “en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones”. La DHR advirtió de que existen estándares internacionales para la construcción de centros penitenciarios.
La institución envió las consultas al jerarca a raíz de información divulgada en medios de comunicación. El lunes pasado, La Nación reveló que el gobierno incluyó ¢2.600 millones para las carpas en el quinto presupuesto extraordinario del 2024, presentado a la Asamblea Legislativa, a pesar de que no existe un análisis que demuestre que el proyecto es seguro y factible.
Este miércoles, la Defensoría informó de que consultó al ministro Gerald Campos si se ha asesorado con otros países sobre la construcción y operación de prisiones con este tipo de material. Además, solicitó detalles sobre las experiencias y buenas prácticas observadas, y si se han visitado cárceles que utilicen este tipo de instalaciones.
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Además, le pidió especificar si el Ministerio de Justicia y Paz tiene contemplada la construcción de cárceles de carpas dentro de su portafolio de proyectos de construcción, así como remitir una descripción del proyecto que incluya el lugar en que se instalaría la obra, el presupuesto y el proceso de instalación de los servicios complementarios que se requieren para la operación de un centro penitenciario.
Sin embargo, Campos respondió que el plan aún se encuentra en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones, y aclaró que el nombre correcto de la iniciativa es “construcciones livianas” en los centros penitenciarios.
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El ministro agregó que, cuando se cuente con información sobre la viabilidad del proyecto, la compartirá a la Defensoría y dará respuesta a las inquietudes que existan. Según insistió, el proyecto está en una fase previa, en la que están considerando aspectos como un estudio de mercado y factibilidad.
“Considerando la anterior información y de conformidad con los procedimientos institucionales, la Defensoría procedió a la apertura de una intervención de oficio, tratándose de una situación que reviste especial interés, en procura de garantizar el efectivo y pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población privada de libertad y, sobre todo, considerando que existen estándares internacionales de construcción de centros penitenciarios que deben ser cumplidos por la administración penitenciaria”, indicó la Defensoría.
Tatiana Mora, directora del Área de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría de los Habitantes, explicó que la institución solicitó información al Ministerio Justicia inmediatamente después de enterarse del proyecto.
Precisó que se hará hincapié en el hecho de que ya se quiere asignar presupuesto sin tener el respaldo técnico. “La Defensoría estará pendiente esperando que efectivamente haya garantía de legalidad y respaldo técnico”, afirmó Mora.
Según explicó la DHR, la intervención de oficio consiste en un proceso de recopilación de información inicial donde se plantean inquietudes a las autoridades competentes, ya sea mediante oficios, inspecciones o entrevistas.
Cuando se cuente con la información pertinente, el órgano defensor inicia un proceso de análisis en busca de conclusiones. El proceso de intervención finaliza con la entrega de un informe con recomendaciones, las cuales van dirigidas a las autoridades correspondientes.
El exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres, calificó este plan como una “ocurrencia”. En tanto, Nils Ching Vargas, director de la Policía Penintenciaria, también expuso que el proyecto incumple con las condiciones básicas de seguridad. Detalló que las cárceles requieren un material sólido y duradero, que no sea fácil de destruir.
Pese a las advertencias, el presidente Chaves dijo que no dará marcha atrás.
La iniciativa del gobierno se conoció este mes de julio, tras la salida del exviceministro Sánchez, quien mencionó el proyecto en un informe rendido al gobierno.
Posteriormente, el gobierno informó de que el ministro de Justicia viajó a España para conocer el sistema penitenciario de ese país, y que ahí visitó un supuesto modelo de cárcel de carpas. Sin embargo, Campos nunca visitó un centro construido con toldos.
Lo que visitó fueron las instalaciones de la empresa ARPA, ubicada en Zaragoza, España, la cual le había presentado su oferta de servicios durante una reunión en el despacho ministerial, en marzo.
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