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La bancada del Partido Restauración Nacional (PRN) denunciaría ante la Sala Constitucional la nueva convención colectiva de Recope que, a pesar de implementar un recorte del 33%, le costará a los consumidores ¢46.129 millones en los próximos tres años.
Carlos Avendaño, legislador restauracionista, recordó este jueves que la Sala ya había reducido privilegios negociados en la anterior convención colectiva entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia) y Recope, lo que derivó en una reducción de ¢23.525 millones en el nuevo pacto laboral.
Sin embargo, considera que los ¢46.129 millones negociados en beneficios para los próximos tres años seguirán recayendo en los bolsillos de los consumidores de hidrocarburos.
“Lo cierto es que estos privilegios alguien los tiene que pagar. Al final alguien los tiene que pagar y ¿dónde lo van a tener que pagar los costarricenses? En el (precio del) combustible.
“Yo creo que esta convención colectiva se debe revisar y también debe ir a la Sala Constitucional para que elimine los privilegios”, anunció Avendaño.
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A pesar del ajuste, el restauracionista asevera que es evidente que aún se mantienen privilegios “que son discriminatorios, no son razonables, violentan el principio de austeridad y además, significan una pesada carga para los contribuyentes”.
“Es inaceptable que todos los usuarios paguen odiosos privilegios, privilegios que serían costeados con el pago de ¢3,5 por cada litro de gasolina”, agregó.
Debido al anterior, el legislador pide al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) rechazar el nuevo acuerdo.
“No permitir que se sigan otorgando ese tipo de privilegios. No basta con denunciar las convenciones, si en realidad este Gobierno quisiera poner un alto a los abusos, no avalaría esta convención”.
“Estaremos atentos a la homologación del Ministerio de Trabajo. Estamos analizando todos los rubros que estarán violentando en cuanto a los principios de igualdad, proporcionalidad y racionabilidad”, dijo Avendaño.
Alejandro Muñoz Villalobos, presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), anunció este miércoles los detalles del nuevo acuerdo laboral alcanzado con el sindicato, luego de tres meses de secretismo de las conversaciones.
Dijo que, después de un recorte de ¢23.525 millones derivado de fallos recientes de la Sala Constitucional y de las restricciones impuestas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la nueva convención colectiva costará ¢46.129 millones.
El anterior pacto de tres años, entre 2016 y 2019, costó ¢69.654 millones en beneficios distribuidos entre 1.700 empleados de la institución, por lo que el recorte en la negociado recientemente alcanza el 33%.
En una resolución de mayo del 2019 la Sala Constitucional anuló 11 pluses de la Convención Colectiva de Trabajo de Recope, por considerarlos separados de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Entre los excesos declarados inconstitucionales fueron el tope de auxilio de cesantía que superaba el límite de 12 años, subsidios en alimentación y los permisos de dos días con goce salarial por el matrimonio de un hijo, por mencionar algunos.
El nuevo acuerdo laboral incluye el ajuste en el pago de pluses según la reforma fiscal del 2018. Estos se pagarían en montos nominales, en vez de porcentuales.
Del mismo modo, baja el pago de cesantía de 12 a 8 años y acogería la aplicación de un salario global para actuales y futuros empleados de Recope en caso que los diputados aprueben una reforma de ley.
Se eliminó la entrega de dinero para compra de medicamentos, útiles escolares y ayudas financieras en caso de fallecimiento de padres, cónyuges e hijos, así como la Póliza de Protección Crediticia.
Asimismo, se redujeron en un 28% los aportes económicos para ayudas como atención prenatal, cuido de hijos pequeños, muerte de un trabajador de la empresa y compra de lentes.
Sin embargo, la convención mantiene sobresueldos a 689 trabajadores que ganan por debajo de los ¢750.000 al mes.
A través de la reforma al empleo público, los diputados plantean introducir regulaciones en la negociación de convenciones colectivas en todo el sector público, excepto en las empresas públicas en competencia como los bancos y el INS.
La idea de los legisladores es evitar que esos acuerdos incluyan nuevos pluses, aumentos salariales o nuevas contrataciones en las instituciones.
La comisión de Gobierno y Administración ya incorporó en el proyecto la obligación de que los jerarcas de las instituciones denuncien las convenciones colectivas cuando estas cumplan su periodo de vigencia.
