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Los diputados de las fracciones de Restauración Nacional y el Frente Amplio anunciaron, este jueves, que enviarán el proyecto de ley de reestructuración de Japdeva a consulta de la Sala Constitucional.
La acción frenaría la votación del texto en segundo debate, a la espera de que el tribunal se pronuncie.
Según estos legisladores, sería inconstitucional el plazo de un mes para que los empleados de Japdeva puedan acogerse a alguna de las opciones de retiro con beneficios extra antes de que la institución ordene el cese del personal necesario para lograr el equilibrio económico.
Restauración y el Frente Amplio alegan que esa reestructuración no cuenta con estudios técnicos para realizarse.
La iniciativa legal para reestructurar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se aprobó este miércoles, con 38 votos a favor y 12 en contra, luego de una maratónica sesión legislativa no exenta de polémica.
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A los empleados de Japdeva se les ofrecería las siguientes opciones:
-Traslado horizontal a otras instituciones del Estado, con las mismas condiciones salariales y laborales
-Cese con prestaciones de ley más un bono extra de ocho salarios a quienes ganan menos de ¢1 millón y cuatro salarios a quienes ganan más de ¢1 millón
-A los que tienen más de 55 años un subsidio mensual de prejubilación, equivalente al 63% del promedio de los 12 mejores salarios de los últimos cinco años, hasta que cumplan la edad para pensionarse
El artículo objetado por los restauracionistas y el frente amplista es el transitorio que faculta a Japdeva a “iniciar la ejecución del cese del personal necesario para llegar al punto de equilibrio financiero” una vez que se cumpla un plazo de un mes.
Quienes no hayan escogido una opción, serán cesados sin los beneficios adicionales que se plantea en el artículo 4 del proyecto.
El jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, dijo que le incomoda que la Asamblea le dé una orden a las autoridades de Japdeva para hacer despidos masivos.
“Eso me parece improcedente. Además, podría ser inconstitucional que en el proyecto se está creando una causal de despido con base en la inacción del trabajador, al imponerle la obligación de tomar en 30 días una de las opciones ofrecidas en el proyecto para que abandonen la institución, so pena de ser cesado en caso de inobservancia”, alegó el restauracionista.
Según el limonense, él querría una redacción menos imperativa y más facultativa para las decisiones que tendría que tomar la Junta Portuaria.
"Dicho transitorio sería inconstitucional por obligar a Japdeva a cesar a sus funcionarios sin estudios técnicos previos que demuestren cómo debe realizarse la reestructuración, dónde se recortarán las plazas y la existencia del presupuesto necesario para proceder con el cese del personal.
“Esto sería violatorio los artículos 56 y 192 de la Constitución Política por incumplir con el principio de estabilidad de las y los funcionarios y menoscabar las condiciones de las personas trabajadoras de Japdeva en perjuicio de sus derechos laborales", alegó José María Villalta, del Frente Amplio.
Según los legisladores, también se violenta el artículo 188 de la Constitución, donde se establece la independencia de las instituciones autónomas.
Para elevar la consulta ante la Sala Constitucional, se requieren la firmas de al menos 10 congresistas. Estos grupos ya tiene ocho firmas. Esa gestión se debe presentar antes de que el plenario se disponga a aprobar el proyecto en segundo debate.
Los magistrados constitucionales tienen un mes natural para resolver las dudas que les planteen los parlamentarios en su consulta.
