EscucharEl pasado viernes 11 de noviembre, entró a regir la ley que eliminó definitivamente las votaciones secretas para los procesos de elección que efectúan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La nueva legislación, aprobada en segundo debate el 11 de octubre anterior, fue firmada el miércoles por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y publicada dos días después en el diario oficial La Gaceta, para su entrada en vigencia.
Con la reforma ahora todos los procesos que realicen los magistrados deben realizarse mediante votación pública, entre ellos las elecciones de la presidencia y la vicepresidencia de ese poder estatal.
La única excepción para hacer sesiones privadas será cuando tengan que discutir asuntos que se puedan considerar secreto de Estado o sobre información confidencial de terceros.
En esos casos, la privacidad deberá aprobarse con el voto de 15 de los 22 magistrados que integran la Corte Plena, es decir, dos tercios del total.
La iniciativa reformó la Ley orgánica del Poder Judicial, en los artículos 15,58 y 59.
Aunque actualmente se transmiten en directo las sesiones de la Corte, la ley deja en firme que será obligatoria la transparencia en todas las sesiones.
El proyecto fue impulsado el 13 de setiembre, en medio de la polémica por las numerosas votaciones secretas que hizo la Corte Plena, sin éxito, para elegir a su nuevo presidente, decisión que finalmente se resolvió con la designación del magistrado Orlando Aguirre.
La iniciativa fue impulsada por los seis legisladores del Frente Amplio. El congresista Ariel Robles, de esa bancada, celebró esa decisión del plenario y la calificó como un avance significativo en favor de la democracia.
Durante la firma de la ley, en Casa Presidencial, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, aseguró que los magistrados están “completamente de acuerdo con la reforma” y que eran “conscientes de la necesidad de transparentar estas actuaciones al punto de que en el seno de la Corte hubo movimientos para procurar que eso fuera una realidad”.
“Teníamos algún problema con la normativa de la Ley orgánica del Poder Judicial, que estaba impidiendo hacerlo en el caso del presidente de la Corte. En el caso de la jefatura del Ministerio Público habíamos dispuesto por interpretaciones, desde la oportunidad anterior, cuando se eligió a la señora Emilia Navas y, ahora más reciente a Carlo Díaz, hacerlo de forma pública.
“Pero la ley es importante porque viene, digamos, a ratificar lo que estábamos haciendo de manera que en el futuro no haya ninguna duda en ese sentido”, aseguró Aguirre.
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Los diputados también eliminaron el voto secreto en todos los procesos de elección, nombramiento y ratificación de funcionarios en la Asamblea Legislativa.
