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La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, sostiene que actuó en defensa de los intereses del país cuando se vio obligada a pagar deuda pública sin autorización del Congreso, al principio de esta administración.
Así reaccionó luego de trascender que la Contraloría General de la República (CGR) abrió un procedimiento disciplinario contra cinco funcionarios y exfuncionarios, entre los cuales está ella.
“Considero que mis actuaciones, en todo en ese proceso, fueron tratando de tutelar los intereses más importantes del país y, ahora, lo que corresponde entonces es hacer frente, por un lado, al procedimiento de la CGR y, por otro lado, a lo que continúe con el informe de la comisión que deberá ser elevado al Plenario y ahí entender lo que se apruebe y en las instancias donde haya que continuar defendiendo las actuaciones mías”, señaló este miércoles Aguilar a La Nación.
“Tanto en la Comisión de Hacendarios y la Comisión de Ingreso y Gasto Público yo di mis declaraciones bajo fe de juramento con todo el detalle y todo el rigor técnico. No hay absolutamente ninguna cosa de la que yo haya dicho que hoy sea diferente", sostuvo.
“Por respeto a los señores diputados, al trabajo de la comisión y al proceso que va a seguir adelante en la CGR entenderá que no parece que sea lo conveniente o lo pertinente que yo pueda entrar en más detalles, de todos modos no diferiría mucho a lo que ya he expresado”, añadió.
Al comienzo de esta administración, el Ministerio de Hacienda les pagó ¢400.000 millones a acreedores de bonos de deuda del Gobierno sin que el dinero estuviese incluido en el Presupuesto Nacional, porque el gobierno de Luis Guillermo Solís no tomó la previsión para ello.
La ministra Aguilar, respaldada por el presidente de la República, sostiene que tuvo que actuar de esa forma para evitar caer en un impago con los acreedores, situación que hubiera empeorado la dificultad del gobierno por conseguir recursos para sus gastos.
Esta misma situación fue señalada por los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, quienes en su mayoría, consideraron que esos pagos podrían constituir faltas civiles, no así penales, en un informe sobre la investigación de este caso que aprobaron los congresistas este martes.
Por este caso también son investigados Helio Fallas, exministro de Hacienda; el exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza; y el actual director de Crédito Público, Melvin Quirós; así como Marta Cubillo, actual tesorera nacional quien fungió como viceministra de Egresos durante la administración Solís Rivera.
La ministra sostuvo que continuará en el cargo porque considera que debe continuar aportando al país desde ese puesto.
“Yo todavía tengo cosas bien importantes que hacer, no veo que sea necesario separarme del cargo. Yo estoy aquí en el tanto mantenga la confianza del presidente y en el tanto crea que todavía pueda ser útil para el proceso de consolidación fiscal”, dijo.
Helio Fallas, Marta Cubillo, Julio Espinoza, Melvin Quirós y Luis Guillermo Solís no se han referido al asunto.
A través del departamento de prensa de Hacienda, Cubillo señaló que no dará declaraciones por respeto a las investigaciones que la señalan como coresponsable del conocido como el hueco presupuestario.
Por su parte, el expresidente Solís, también señalado por los diputados por este caso, dará una conferencia de prensa este jueves a las 2 p. m.
