La superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, calificó de perjudicial y “cortoplacista" el plan de los diputados de entregar el 100% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en un solo tracto a quienes se pensionen en los próximos tres años, en vez de un aporte mensual por el resto de la vida.

Para la nueva jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), los legisladores menosprecian los problemas de sostenibilidad del sistema nacional de jubilaciones, los cuales se verán, sobre todo, en el largo plazo.

Aguilar opina que los congresistas se concentran en una iniciativa que “únicamente se preocupa por dar solución a una situación coyuntural, sin medir las consecuencias a futuro”.

El Partido Restauración Nacional (PRN) negocia una vía rápida en el Congreso para este proyecto, el cual también les permitiría a los pensionados solicitar que el ROP se les divida entre la cantidad de meses que vivirían después de cumplir los 65 años según una tabla de expectativa de vida que maneja la Supén.

Esa modalidad engrosaría el monto mensual de la pensión en comparación con el método actual, el cual consiste en dividir el dinero en giros mensuales hasta la mayor probabilidad de vida, que es de 115 años, con el fin de que la persona reciba pensión hasta el último día.

La modalidad que los diputados introducirían tiene el problema de que el dinero se agotaría al cumplirse la expectativa de vida, y más de la mitad de los costarriceses supera esa línea. Quienes se acojan a este sistema se quedarían sin pensión del ROP en su última etapa de vida.

“Estas motivaciones cortoplacistas para entregar el ROP lo que va a lesionar, de manera directa e importante, es el derecho de los trabajadores a una pensión digna”, aseveró Rocío Aguilar.

El ROP es un fondo conformado por los aportes de los patronos y los trabajadores para dar una pensión mensual que complemente la pensión básica (que puede ser la del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la del Magisterio Nacional o la del Poder Judicial).

Este fondo se financia con los aportes de los patronos (con el equivalente al 3,25% del salario) y los trabajadores (1%).

El PRN sostiene que el ROP es un ahorro de los trabajadores, del cual pueden disponer, y que este proyecto ayudaría en el contexto actual de la emergencia por el coronavirus.

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Al respecto, Aguilar dijo: “Las pretensiones de los señores diputados, basados en una situación coyuntural, alejan al ROP de sus objetivos fundamentales: proteger al trabajador durante su vejez y constituirse en un complemento de la pensión del régimen básico al que pertenezca el trabajador”.

Tan importante como la pensión básica

Para la jerarca de la Supén, es incomprensible que haya quienes inciten a entregar el ROP cuando este fondo tiene la misma importancia que los regímenes básicos.

“Es deber constitucional del Estado garantizar a la población una pensión que le permita vivir dignamente en su vejez”, momento en que “el trabajador ve disminuida su capacidad para el trabajo y no puede generar ingresos”, añadió

Esta pensión, insistió la superintendente, debe ser una sola sola, proveniente de diversas fuentes de financiamiento; es decir, la básica y la complementaria.

“Recordemos que no hay diferencia en el propósito final de los recursos del ROP y los del régimen básico, de los cuales nadie osaría en plantear un adelanto para los trabajadores, a pesar de las importantes necesidades que sabemos enfrentan hoy”, refutó la exministra de Hacienda.

Soluciones sin socavar el régimen

Para la jerarca de la Supén, ya se dio un paso para paliar la situación de las 165.120 personas afectadas por la reducción de sus contratos de trabajo o la reducción de la jornada laboral debido a la pandemia.

“Para paliar esta situación, ya se realizaron las reformas en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL)", recordó la jercarca.

El pasado 3 de abril, los diputados aprobaron la entrega del FCL a quienes han resultado golpeados por la crisis del covid-19.

Aunque el nombramiento de Aguilar en la Supén regía a partir del 1.° de julio, se adelantó tres meses, al pasado 15 de abril, debido a la crisis del coronavirus. Allí estará por cinco años.

Sus primeros esfuerzos han sido acompañar y supervisar esa entrega del FCL.

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Aguilar recordó la obligación de la Supén de “insistir en la seria afectación que implican estas iniciativas para los intereses de los trabajadores que han alcanzado su etapa más vulnerable”.

“En atención a este deber, se insta a los legisladores y demás actores a abrir el diálogo y la discusión con el afán de encontrar alternativas que permitan, simultáneamente, la tan deseada reactivación económica del país, el amparo a los trabajadores realmente afectados por la crisis, sin socavar la sostenibilidad del sistema nacional de pensiones, visto como lo que es: un único sistema de pensiones provisto de varios canales de financiamiento”, agregó.

Adicionalmente, llamó la atención sobre la premura de hallar soluciones a la apremiante situación de quienes hoy no cotizan para ningún régimen y demandarán una pensión en el futuro.

“Esa situación nos lleva a formular las siguientes preguntas: ¿Cómo esas personas enfrentarán su vejez? ¿Qué pasará con esas personas una vez que no puedan ser económicamente autosuficientes? ¿Qué papel debe asumir el Estado frente a esta situación?.

“No obstante, dado que esas son preocupaciones que están ligadas con lo que algunos denominan ‘largo plazo’, pareciera que no son tomadas en cuenta por los proponentes de esta iniciativa (el proyecto de ley del ROP), la cual únicamente se preocupa por dar solución a una situación coyuntural, sin medir las consecuencias a futuro”, apuntó.

Para afianzar su postura, Aguilar rememoró el voto N°3343-2014 de la Sala Constitucional, que estableció que la finalidad del ROP se cumple cuando se otorga una pensión complementaria que proporcione un ingreso adicional por jubilación, de tal manera que la persona mayor disfrute de un nivel de vida digno y goce de independencia económica en la época más vulnerable de su vida.

“En palabras de ese Tribunal, permitir el retiro total de los recursos del ROP, como regla general, no solo desvirtuaría el objetivo para el cual fue creado, sino que implicaría que este pierda su sentido y funcionalidad”, reforzó.

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