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La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, renunció a su cargo este miércoles, confirmó una alta fuente a La Nación.
Ella tomó la decisión luego de darse a conocer que la Contraloría General le recomendó al presidente sancionarla por 30 días por pagar los compromisos del Gobierno central con sus acreedores, a principios de esta administración, sin contar con contenido presupuestario.
La administración de Luis Guillermo Solís había agotado la partida autorizada por la Asamblea para pagar deuda pública en los primeros meses del 2018. Dejó un hueco de unos ¢600.000 millones en el rubro de pago a acreedores, que son principalmente las propias instituciones públicas, como la CCSS y los bancos.
La jerarca le presentó su carta de renuncia al mandatario alrededor de las 11 a m., luego de que se difundiera la recomendación que hizo la Contraloría. La dimisión se hace efectiva de forma inmediata.
Aguilar no dio tiempo al mandatario de considerar si aplicaba la sanción, sino que renunció de inmediato.
Ella ofreció una conferencia de prensa a las 3.30 p.m.
Tras la gestión de Rocío Aguilar, para el 2020, el Gobierno central logrará una de las mayores contenciones de gasto de la última década, con un decrecimiento del 4,3% frente al plan de gastos del 2019.
El 30 de mayo del 2018, menos de un mes después de asumir su cargo, Aguilar se presentó ante el plenario legislativo y presentó un plan con 11 medidas para reducir el gasto del gobierno en ¢49.000 millones durante el primer año del gobierno de Carlos Alvarado.
Fue ahí cuando anunció que todos los empleados del Gobierno Central tendrían un aumento salarial idéntico, sin importar el monto de su salario base. Además, informó de la decisión de frenar el crecimiento de las anualidades, al fijar dicho incentivo como un monto nominal fijo, en vez de un porcentaje.
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También congeló los incentivos por carrera profesional, puso un tope al uso de plazas vacantes y al pago de horas extra; y aplicó recortes a los presupuestos de publicidad, viajes, actos protocolarios y consultorías.
Dichas medidas constituyeron el compromiso de austeridad del Ejecutivo, el cual precedió la tramitación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La ley se aprobó en el Congreso cuatro meses después. Pocos días antes, la jerarca se volvió a presentar ante los 57 diputados y les solicitó no debilitar la reforma al ceder ante los grupos de presión que exigían exoneraciones de impuestos.
“La reforma no es una distribución de beneficios, sino una distribución equitativa de sacrificios. Con estos sacrificios podemos sacar adelante el país”, declaró la ministra en esa ocasión.
La reforma cambió el impuesto de ventas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y amplió la base de productos y servicios gravados. Además, le aumentó el cobro del impuesto de renta a las personas que reciben los salarios más altos.
Asimismo, estandarizó la metodología para el pago de incentivos salariales a todos los empleados públicos y creó reglas para contener el aumento del gasto estatal.
En julio, el Ministerio de Hacienda, liderado por Aguilar, consiguió la aprobación de la Asamblea Legislativa para colocar eurobonos por $1.500 millones, con lo que se prevé una reducción en el costo de la deuda pública y también una menor presión sobre las tasas de interés locales.
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