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Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, afirmó que las prácticas que los estudiantes hagan en empresas, al amparo de la educación dual, no deben ser consideradas un contrato laboral.
A la vez, sugiere que las organizaciones participantes deberían ser beneficiadas con deducciones.
“Yo me inclino porque no sea un contrato laboral”, dijo Piza después de que el gobierno intentara tramitar en la Asamblea Legislativa un texto sustitutivo que establecía, dentro de ese modelo educativo, una relación laboral entre estudiantes y la empresa.
Además, el ministro es del criterio de que, en el sistema, debería de participar “la mayor cantidad posible” de centros de enseñanzas, desde politécnicos privados hasta universidades.
“No tiene que financiarlo el Estado (el programa). El Estado tiene que reconocer algunas deducciones. Lo que le interesa (al Estado) es que después se cree empleo”, dijo.
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No obstante, el ministro aclara que la suya es solo una opinión, porque el gobierno ha trabajado con varios sectores en una nueva propuesta sobre educación dual. El Ejecutivo se había planteado presentar el texto este 28 de febrero.
“El compromiso fue el 28 y vamos a cumplir ese compromiso”, dijo ayer el presidente Carlos Alvarado.
La educación dual es una de las alternativas contempladas por el gobierno para combatir el desempleo, principalmente entre jóvenes. Hasta finales del 2018, el 27% de los costarricenses de entre 15 y 24 años estaba sin trabajo.
Consiste en que los estudiantes primero se formen en las aulas y luego, en una empresa, pueda aplicar su conocimiento durante un plazo determinado. Mientras se forma en el campo, la organización le pagaría una beca no menor al 30% del salario base de un trabajador semicalificado, es decir, ¢96.000 mensuales.
La Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminó un proyecto que la contempla como un modelo de convenio de educación.
Solo podrían participar quienes tengan al menos 15 años y, en el caso de quienes estén fuera del sistema educativo, quienes hayan obtenido el sexto grado. Si están estudiando, solo pueden participar quienes cursen al menos el décimo nivel de Educación Diversificada y elijan una especialidad técnica.
También, otorga al Ministerio de Educación Pública su rectoría.
“La modalidad dual, ya sea formal o informal, es una modalidad de educación y aprendizaje, integral, académico y práctico, abierto y no excluyente, como modalidad alternativa”, explica Wagner Jiménez, diputado liberacionista presidente de la comisión dictaminara del proyecto 20.786.
El gobierno mantiene convocado el proyecto en el actual periodo de sesiones extraordinarias, el cual está a la espera de recibir su segundo día de mociones de fondo.
En ese contexto, el gobierno presentó a inicios de febrero una moción de texto sustitutivo, la cual variaba la relación entre empresarios y estudiantes. Lo convertía en un convenio laboral al ofrecer que las empresas adquieran obligaciones y paguen cargas sociales del estudiante.
También sugería el pago de una póliza de seguro estudiantil obligatorio, de parte del aprendiz, el cual rondaría entre los ¢ 5.500 y ¢ 19.000 mensuales. Este costo el estudiante podría cubrirlo de la beca económica de ¢96.000 mensuales que recibirían de parte de la empresa.
Esa modificación fue planteada por el Ejecutivo luego de una reunión entre el presidente Alvarado y los sindicatos del magisterio nacional, el 29 de enero en Casa Presidencial.
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El sector sindical del país se opone a este proyecto, alegando, entre otras cosas, que promueve la deserción escolar.
No obstante, esa propuesta fue retirada por Piza de la corriente legislativa, el 8 de febrero, tras un acuerdo del gobierno con los empresarios para pausar la discusión.
Ese texto sustitutivo se había trabajada desde los ministerios de Educación y Trabajo, días después de la reunión entre Alvarado con los sindicatos del magisterio nacional.
“Fue una propuesta de camino. Ahora lo que se quiere es buscar una propuesta común”, justificó Piza sobre ese intento del gobierno de cambiar el proyecto original.
