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El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, propuso este jueves a los jefes de las seis fracciones legislativas dar prioridad al proyecto para reformar la Ley de Armas y Explosivos.
Se trata de una iniciativa de ley promovida por el Poder Ejecutivo, bajo el expediente legislativo 23.689, cuyo objetivo es aumentar las penas por posesión ilegal de armas, además de incrementar las circunstancias en que una persona no pueda acceder a un permiso de portación.
El proyecto reformaría el artículo 88 de la Ley de Armas y Explosivos (7530) para incrementar hasta en un tercio la pena por el delito de posesión ilegal de arma permitida, que hoy va de tres a cinco años, cuando la persona tenga un arma que:
- Se encuentre inscrita a nombre de un tercero.
- Haya sido reportada como extraviada o sustraída.
- Fuera utilizada en un delito.
- Se enmarque como delincuencia organizada.
Por otra parte, se cambiaría el artículo 88 bis para que se castigue, con una pena de dos a cuatro años de cárcel, a quien porte un arma que se encuentre inscrita a nombre de un tercero, haya sido reportada como extraviada o fuera utilizada en la comisión de un delito.
La diferencia entre el 88 y el 88 bis es que el primero se refiere a posesión y el segundo a portación de arma.
En tanto, una reforma al artículo 88 ter implicaría que el dueño registral de un arma de fuego pierda el permiso de portación, cuando no reporte la pérdida o sustracción del objeto.
Respecto a los criterios que impiden la tenencia y portación de armas, se establecería la prohibición para personas elevadas a juicio por delitos contra la vida o la propiedad, así como los acusados o condenados por infringir la Ley de penalización de violencia contra las mujeres.
Esa prohibición también le aplicará a las personas incluidas en el registro de agresores. El proyecto incluye las contravenciones como una justificación para negarle a una persona la portación de armas.
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Este jueves, durante la reunión semanal de las jefaturas de las fracciones políticas, Arias lanzó la propuesta de dar prioridad a este proyecto a los representantes partidarios cuando se discutían proyectos sobre seguridad para la agenda legislativa.
“Me parece que la legislación del Ejecutivo sobre control de armas es una ley a la que deberíamos dar prioridad, por el impacto que tendría en este momento”, comentó el jerarca parlamentario.
El proyecto de ley está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, por lo que Arias propuso revisar la posibilidad de consenso entre tiendas políticas para darle prioridad.
Frente a la propuesta de Rodrigo Arias, la jefa del Frente Amplio, Sofía Guillén, declaró que su fracción está de acuerdo en la iniciativa, pero acotó que se debe considerar los criterios del Departamento de Control de Armas y Explosivos y la Dirección de Armamento, que aún no se integran dentro de la propuesta legal.
Guillén pidió que, antes de tramitar el plan mediante un mecanismo expedito, se haga una revisión de las observaciones de esas dos entidades.
Rodrigo Arias se comprometió a revisar con representantes de la Comisión de Seguridad, si esas observaciones ya se integraron en la redacción.
