Siendo ministro de Hacienda, el 10 de febrero del 2020, el actual candidato Rodrigo Chaves le anunció a la Asamblea Legislativa la presentación del plan de empleo público como un “cambio estructural fundamental” que le ahorraría al país $630 millones anuales. Dos años después, fuera del Gobierno y como aspirante presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), les dijo a los sindicatos que el proyecto fue mal pensado y que debe ser vetado.
En el 2020, Chaves abogó por el plan durante una interpelación en el plenario legislativo, defendiendo la necesidad de introducir “el salario único y una serie de medidas como las evaluaciones de desempeño”.
Este martes 22 de febrero, en cambio, en una actividad con sindicatos del sector salud, le respondió al sindicalista y exdiputado del PAC, Marvin Atencio, que el plan de empleo público es un “adefesio” que “se sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
Hace dos años, durante la interpelación, primero dijo: “Vengo con una propuesta que ha tenido la aprobación del señor presidente de la República de hacer una mejor gestión de los organismos desconcentrados del Gobierno y adoptar una ley de empleo público que se le va a someter a esta Asamblea Legislativa el 27 de febrero. Eso nos va a dar $630 millones por año”. Así consta en el acta de la sesión.
Más adelante, ante una consulta del diputado Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), Chaves dijo: “Sí, señor. La ley de empleo público es un cambio estructural, fundamental, de cómo se van a pagar las remuneraciones a los empleados públicos conforme se van añadiendo a la planilla del Estado. Y es un cambio fundamental; incluye salario único, incluye una serie de medidas, evaluaciones de desempeño, etcétera.
“Su pregunta, don Wálter, y le agradezco me haya recordado, es si la ley de empleo público va a causar más desempleo; no, la respuesta es no, porque no es que en sí misma vaya a reducir la planilla del Estado o a contratarse menos gente de lo que la regulación existente y las necesidades demanden; simplemente va a cambiar el sistema remuneración a un sistema de remuneración más transparente, más homogéneo, con menos diferencias y privilegios o discriminación a través de las diferentes instituciones del Estado.
“No tiene un impacto, un impacto directo en el empleo, pero sí tiene un impacto en la eficiencia del sector público y en el sistema de remuneraciones, que como usted sabe en este país, difiere muchísimo de institución a institución, donde hay grandes diferencias y, por tanto, diferencias en privilegio y en remuneración, que no debería ser y eso, como lo dije, lo vamos a convocar, el Poder Ejecutivo lo va a convocar el 27 de febrero”, le respondió Chaves al legislador Muñoz.
En otra parte de la comparecencia, luego de una intervención de la legisladora Ivonne Acuña, el hoy candidato Chaves reiteró que se trataba de un cambio estructural para el Estado:
“Tal como mencioné, venimos con el paquete de proyectos de ley para ustedes, incluyendo que el 27 de febrero el Gobierno, el Poder Ejecutivo va a convocar la ley de empleo público que es, volviendo al tema de Moody’s (calificadora internacional de riesgo), un cambio estructural importantísimo en las finanzas del Estado, porque eso regula la manera en que se le va a pagar y se va a remunerar a los empleados del sector público de este país”.
En otra parte de la comparecencia, afirmó: “La tarea en cuanto a la contención del gasto, nosotros estamos presentando aquí una estrategia muy creíble en la que se están reduciendo partidas importantes, incluyendo la presentación de la ley de empleo público, que va a generar 0,7% del PIB en reducción del gasto”.
En julio del 2021, cuando anunció su candidatura por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Chaves también dijo que la ley de empleo público es “imperfecta”, pero por prudencia ante el acuerdo con el FMI, debe aprobarse tal como está y, luego, efectuar ajustes para perfeccionarla.
Esta semana, en su reunión con los sindicatos, más bien dijo: “Esta ley se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no la pensaron bien. Yo creo que esa ley no va a pasar y, si pasa, habría que vetarla”.
En la página 24 del plan de gobierno de Chaves, en el acápite 3.5, titulado Disminución del gasto público innecesario, menciona como una de las medidas de un eventual gobierno suyo: “Adoptar una escala salarial única, racionalizar los sistemas de incentivos y hacer que se basen en el desempeño”, que es precisamente el espíritu central del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
El plan de empleo público, que sustituiría el sistema de sueldos con pluses por el salario global, tiene tres años de discusión en la Asamblea y ha pasado en dos ocasiones por la Sala IV. Es más, el proyecto entró en la corriente legislativa desde abril del 2019.
Por ahora, se encuentra suspendida su discusión en el plenario legislativo, a la espera de que los magistrados remitan el fallo completo sobre la opinión consultiva que respondieron el pasado 8 de febrero.