El presidente de la República, Rodrigo Chaves, amenazó con culpar a los diputados que rechazaron asignar ¢2.600 millones para su plan de cárceles de carpas, si un tribunal ordena al Ministerio de Justicia liberar privados de libertad por hacinamiento.
La reacción del mandatario se produjo después de que, con siete votos a favor y dos en contra, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción para rechazar la petición del gobierno de financiar las prisiones de carpas mediante la inclusión de una partida en el Presupuesto Nacional, por considerar que el plan es una ocurrencia carente de estudios de factibilidad.
La moción mantuvo los recursos, pero establece que deben utilizarse en cárceles seguras de concreto y acero.
“Si llega una orden judicial y nos dicen ‘suelten a este montón de golondrinos y golondrinas’, vamos a publicar la lista de los diputados que, en comisión, sacaron esa línea presupuestaria y decirles ‘vaya pregúnteles a ellos’, porque ahí lo que hay es un montón de escandalillos”, dijo el presidente.
Alegó que las cárceles de carpas eran para los privados de libertad de menor peligrosidad o que están a punto de salir, a fin de proveer espacio adicional para los más peligrosos.
“Ellos, como les gusta el escandalito, ‘no le vamos a financiar esto’, no me lo financien, no lo podemos construir, asuma usted su responsabilidad sin decir en el control político luego que Chaves nos ataca y no negocia. Si eso ocurre, nosotros vamos a decir ‘esta diputada, este diputado..., son los culpables, por negarle el presupuesto al gobierno, de que se suelten esas golondrinas”, continuó el gobernante.
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El proyecto de las cárceles de carpas trascendió luego de la destitución de Exleine Sánchez, exviceministro de Justicia, quien envió un oficio a Gerald Campos, ministro de esa cartera, calificando el plan como una ocurrencia. En ese documento, el exjerarca advirtió de que “instalar carpas es un grave error” por razones de seguridad, costo y derechos humanos.
El gobierno no cuenta con estudios técnicos que recomienden la factibilidad de los toldos y garanticen seguridad para el manejo de privados de libertad.
El ministro de Justicia se reunió en dos ocasiones con la empresa española ARPA,proveedora de carpas, por recomendación de la firma de proyectos tecnológicos Datasys, contratista del Estado.
La compañía española obtuvo una primera cita en el despacho ministerial en marzo y, luego, en julio, Campos visitó la sede de la firma en Zaragoza, España.
El gobierno intentó presupuestar recursos para iniciar con su plan piloto pese a la carencia de datos. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, incluyó una partida para las cárceles de carpas dentro del quinto presupuesto extraordinario, pero esta fue modificada por los diputados de Hacendarios.