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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la noche de este martes, en su informe de los primeros 100 días de Gobierno, que pondrá a la venta el Banco de Costa Rica (BCR) y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).
De acuerdo con el mandatario, la venta de este banco público y de las acciones del INS ayudará a afrontar la crisis fiscal. A ello se sumará la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), propuesta que también había anunciado cuando fue ministro de Hacienda de la administración de Carlos Alvarado.
Según el Gobierno, la negociación de esos activos públicos generará alrededor de ¢1,8 billones, el equivalente al 6,5% de la deuda del país, la cual alcanzó al 2021 los ¢28 billones, cifra equivalente a 68,3% del producto interno bruto.
La venta no es un acto que pueda hacer el Poder Ejecutivo, sino que debe ser autorizada por la Asamblea Legislativa. Para ello, en los próximos días, el Gobierno presentará a los diputados los proyectos de ley para las respectivas ventas.
Sobre el remate de los bancos, el presidente dijo: “Otra acción clave es la venta de activos como Bicsa y el BCR, que nos darán recursos frescos de aproximadamente 2,8% del PIB, alrededor de ¢1,2 billones que usaremos para reducir la deuda”.
El BCR fue fundado en 1877 con el nombre de Banco de la Unión y, en 1948, la Junta Fundadora de la Segunda República decretó su nacionalización. En el 2021, el banco reportó ganancias por ¢54.434 millones, lo que lo colocó como la tercera entidad financiera con mayores utilidades. El otro banco público, el Nacional (BN), reportó ganancias por ¢19.152 millones.
En cuanto al INS, afirmó que la intención es vender las acciones de la aseguradora estatal a los fondos de pensiones.
Según dijo, esa medida amplía “el mercado a estos fondos” con el propósito de que estas operadoras “puedan invertir en lugares seguros que no comprometan la jubilación de sus afiliados”.
La venta accionaria del Instituto, afirmó el Gobierno, generará ¢593.000 millones para las arcas públicas.
El año pasado, el INS tuvo una ganancia neta de ¢133.700 millones.
En cuanto a Bicsa, este banco pertenece al BCR y al BN. El primero tiene el 51% de las acciones y el segundo, el 49%. La administración anterior también había anunciado planes para vender esta entidad, pero no se concretaron.
El Banco Internacional de Costa Rica fue creado en 1976. La entidad tiene su sede en Panamá y cuenta con oficinas para negocios en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Miami (Estados Unidos). En el 2021, tuvo una utilidad neta de $3,8 millones, unos ¢2.550 millones al tipo de cambio actual.
Actualmente, la deuda pública equivale a ¢28 billones. El pago de los intereses y de la amortización de este endeudamiento está consumiendo un 40% del Presupuesto Nacional, lo que estruja considerablemente la inversión en obra pública.
El año pasado, de los ¢10,8 billones que gastó el Gobierno, ¢4,35 billones se destinaron a atender los dos tipos de obligaciones que exige la deuda. Para este año y para el próximo, la situación no mejoraría, según había anunciado a los diputados el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Actualmente, tanto el BCR como el INS aportan cargas parafiscales de sus utilidades para las necesidades del Estado.
El INS, por ejemplo, traslada el 25% de sus utilidades anuales al Estado por orden legal cada año.
En el gobierno anterior, como entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves había propuesto la venta de la Fábrica Nacional de Licores y de Bicsa, lo cual no fructificó.
Renta global para cobro de impuestos
En el mismo discurso de este martes, el presidente anunció que el Gobierno propondrá a los diputados avanzar con la creación del esquema de renta global para cobro de impuestos.
A principios de julio, el ministro de Hacienda ya había anunciado esa intención. Renta global fue uno de los proyectos incluidos por el gobierno anterior en la negociación de un acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Renta global se refiere al cobro de impuestos en el que las personas pagan el tributo de renta sobre la totalidad de sus ingresos, en vez de hacerlo por separado, como ocurre actualmente.
Así, por ejemplo, un médico que trabaja para la CCSS y que, a la vez, ofrece consulta privada, pagaría el impuesto sobre la suma de ambos ingresos. Si esa suma aumenta sus ingresos, entonces el impuesto será mayor.
Lo mismo ocurriría con una persona que tenga dos empleos asalariados, o bien, dos actividades lucrativas independientes.
Ley de contratación administrativa
En materia de contratación de obras públicas, el presidente adelantó una propuesta de reforma a la Ley de Contratación Administrativa, para prohibir las renegociaciones de contratos una vez firmados y las ampliaciones de contratos de hasta un 50% del monto.
En su criterio, estas son “viejas prácticas que han encarecido los precios de la infraestructura nacional permanentemente” y que, además, abren portillos a la corrupción.
