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La primera advertencia de la Unión Europea (UE) a Costa Rica, sobre la presencia de “elementos nocivos” en el sistema tributario y el riesgo de entrar a una lista negra, le llegó al hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, el 7 de enero de 2020, cuando ejercía como ministro de Hacienda.
Así consta en una carta que Lyudmila Petkova, presidenta del Grupo sobre Código de Conducta del Consejo de la Unión Europea, le envió al entonces jerarca de la administración de Carlos Alvarado. La comunicación oficial llevaba el título: “La lista de la UE de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Régimen de exoneración de ingresos originados en el extranjero”.
En la carta, Petkova le dijo a Chaves que la Unión Europea adoptó, en octubre del 2019, una nueva guía sobre regímenes de exención de impuestos a ganancias obtenidas en el exterior.
Le indicó que, de acuerdo con los nuevos parámetros, estos regímenes pueden tener “elementos nocivos” que “pueden resultar en una doble no imposición”. La doble no imposición significa que un Estado permite a las personas no pagar impuestos por ganancias ni en un país ni en otro.
Enseguida, Petkova le señaló a Chaves: “Los estados miembros de la Unión Europea, en conjunto con el Consejo, han identificado un régimen de este tipo en su jurisdicción y nos gustaría comprometernos en un diálogo con el fin de evaluar si los regímenes contienen los elementos nocivos antes mencionados”.
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Tres años después, este martes 14 de febrero, la UE incluyó a Costa Rica en la lista negra de países no cooperantes por no corregir la doble no imposición de las rentas pasivas.
Las rentas pasivas son aquellas en las que la persona no participa directamente en una actividad económica. Tal es el caso de una compra de un título valor, o bien, de una compra de acciones empresariales que produzcan dividendos.
UE facilitó a Chaves lineamientos para hacer ajustes
En la misiva, Petkova no solo se puso a disposición de Chaves para evacuar cualquier consulta, sino que también anexó una guía con opciones para corregir las debilidades tributarias.
La guía menciona que los países en esas condiciones deberían “introducir impuestos a las rentas pasivas”, o bien, implementar tres acciones en caso de que mantengan la exención:
- Implementar requisitos sustanciales adecuados, para las entidades involucradas, en línea con el código de conducta de la UE
- Tener reglas antiabuso robustas vigentes.
- Eliminar cualquier discrecionalidad administrativa para determinar la exención tributaria de las rentas.
Si bien la carta oficial de la Unión Europea tiene fecha del 5 de diciembre de 2019, el despacho del ministro Rodrigo Chaves firmó el recibido el 7 de enero de 2020.
Actual viceministra de Hacienda sabía del ‘riesgo en el horizonte’
A partir de esta comunicación oficial de la UE, funcionarios de Hacienda intercambiaron correos electrónicos en febrero del 2020 cuando Carlos Vargas, exdirector de Tributación, le informó sobre el riesgo latente a Priscilla Zamora, hoy viceministra de Hacienda y entonces directora de Tributación.
Vargas recibió la nota el 10 de febrero y se la reenvió a Zamora el día 18. En el mensaje, el funcionario alertó sobre “el riesgo que se ve en el horizonte por el régimen territorial de renta en el país y lo que estaría por verse en el tema de renta mundial”.
Incluso, el 15 de diciembre del 2021, el sucesor de Chaves en el Ministerio de Hacienda, Elian Villegas, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, el 22.848, cuya intención era ajustar, a la normativa europea, la definición de establecimiento permanente en Costa Rica para efectos del cobro del impuesto de renta.
Ese era uno de los dos proyectos requeridos para corregir las inconformidades de la UE, según el exjerarca.
En la exposición de motivos, Villegas hizo referencia a la carta que había recibido Rodrigo Chaves, como ministro de Hacienda, dos años antes. Al respecto, dijo: “A la luz de las nuevas orientaciones, el Consejo (Europeo) encontró un régimen nocivo en el ordenamiento jurídico costarricense, por lo que iniciaría una evaluación para definir la existencia de los elementos perjudiciales descritos en las mismas”.
Ese texto nunca avanzó en el Congreso.
Chaves renunció al cargo de ministro de Hacienda en mayo del 2020 y, en junio del 2021, Lyudmila Petkova remitió una nueva carta al Ministerio de Hacienda con los resultados del análisis hecho por el Grupo de Código de Conducta de la UE.
En esta nota, se indicó que la exención de impuestos a los contribuyentes radicados en Costa Rica, por sus ingresos procedentes del extranjero, es perjudicial y debía reformarse.
En consecuencia, Petkova pidió a Elian Villegas comprometerse a reformar la exención de rentas pasivas procedentes del extranjero antes del 31 de diciembre del 2022 y confirmar que Costa Rica no se acogería a ningún periodo de derechos adquiridos, y pondría en vigencia la reforma para el 1.º de enero del 2023.
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A raíz de las advertencias de la UE, Villegas aceptó el apoyo técnico de las autoridades europeas y propuso construir la reforma entre noviembre del 2021 y abril del 2022.
Un mes antes de dejar el cargo, el 8 de abril del 2022, Villegas remitió un borrador de proyecto sobre rentas pasivas a Lyudmila Petkova, el cual asegura haber heredado también a su sucesor.
Villegas dejó el cargo y, con el cambio de Gobierno, el Ministerio de Hacienda fue asumido por el actual jerarca, Nogui Acosta Jaén.
Pasaron nueve meses desde entonces y Acosta no envió a la Asamblea el proyecto de ley. Alertó a los diputados del riesgo de entrar a la lista negra el jueves pasado 9 de febrero, cinco días antes de que este se materializara.
No obstante, la Casa Presidencial envió un comunicado el lunes en el que culpa por lo sucedido al exministro de Hacienda y al exembajador ante la UE, Sergio Alfaro. Este último dijo que la administración actual no movió un dedo y ahora quiere que otros paguen.
Elian Villegas sostiene que él advirtió de la situación al actual ministro, Nogui Acosta, además de que los funcionarios del equipo de Tributación Internacional del Ministerio de Hacienda sabían de la situación.
Nogui Acosta niega que su antecesor le comentara la reunión, pero admitió que él se enteró de la solicitud de la UE desde el inicio de su gestión, posiblemente en mayo del 2022.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, sabía de la advertencia de la Unión Europea desde mucho antes, cuando recibió la carta en enero del 2020.
Sin embargo, el ministro Acosta alega que la realidad política hacía impensable impulsar la reforma legal con apenas 10 diputados del partido de gobierno, y que el problema radicó en que la administración anterior asumiera el compromiso solicitado por el bloque europeo. (El partido oficialista en la Administración anterior tenía nueve diputados).
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Acosta dijo que, en consecuencia, se centró, desde agosto pasado, en pedir una ampliación del plazo al organismo europeo, solicitud que se le negó una y otra vez.
En tanto, Villegas insiste en que ese no fue un compromiso aceptado por él, sino que se trató de una exigencia de la Unión Europea. De tal manera, advirtió que si no se hacía la reforma en el plazo previsto, se incorporaría a Costa Rica en la lista negra, como finalmente sucedió.
La próxima revisión de la UE a la lista está prevista para octubre.
