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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, convocó el proyecto de reforma al impuesto de renta en la primera convocatoria de la agenda del Congreso para el periodo de sesiones extraordinarias que va de mayo a julio.
Se trata del expediente legislativo 23.760, que ya tiene casi un año en el Congreso con poco avance. Las sesiones extraordinarias son aquellas en las cuales el Poder Ejecutivo domina qué proyectos de ley discuten los diputados.
Este texto plantea globalizar los ingresos de las personas físicas, de manera que las personas paguen el tributo sobre la suma de todos sus ingresos, sean salarios o rentas de otras actividades lucrativas, en lugar de hacerlo por separado.
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La propuesta mantiene un ingreso que exonera una base mínima vital que se estableció en ¢10,1 millones al año, además de ciertas deducciones, como cónyuges e hijos.
Por los ingresos adicionales sobre ese monto se pagará desde un 10% hasta un 30% de impuesto en forma escalonada. Este último porcentaje lo pagarían solo quienes superen los ¢37.896.000 anuales.
En la actual ley, los tramos de renta se aplican al salario mensual a partir de los ¢929.000, los sueldos debajo de dicho monto no pagan el tributo. Además, la tarifa va del 10% hasta el 25%.
De aprobarse este proyecto, además, las micro, pequeñas y medianas empresas pagarían, por concepto de impuesto de renta, el 30% de las ganancias que obtengan al año. Actualmente, estas compañías pagan de acuerdo con su nivel de utilidades, con una tabla escalonada que va desde 5% a 20%.
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Aunque ese proyecto llegó al Congreso el 18 de mayo del 2023, no ha avanzado prácticamente nada y, luego de estar en una comisión especial legislativa sobre paraísos fiscales, fue trasladada a la Comisión de Hacendarios. Por el momento, solamente ha pasado la etapa de consultas a instituciones.
Precisamente, el 24 de mayo del 2023, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, defendió el plan al aducir que la intención de subir un 30% el impuesto de renta para pequeñas y medianas empresas “es un estímulo para que crezcan”.
Según la política, las empresas no tienen estímulo para crecer con el esquema tributario actual porque, si lo hacen, pagan un tributo más alto. “Ya no van a pagar el 5%, van a pagar el 15% y van a pagar el 25% y el 30%”, expresó.
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23 proyectos del Gobierno, seis enfocados en combate a inseguridad
En cuanto al resto de la primera convocatoria de proyectos, la gran mayoría corresponde a iniciativas del Poder Ejecutivo, con 23 proyectos. Solamente un plan es del Partido Liberación Nacional (PLN), el que endurecería la prisión preventiva, y uno también es del Frente Amplio, para prohibir a los diputados que ejerzan sus profesiones liberales mientras ocupen la curul.
En la lista, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, incluyó dos iniciativas de Pilar Cisneros: un proyecto para trasladar varios feriados al lunes, para hacer fines de semana largos, y la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses que estén implicados en delitos de tráfico internacional de drogas.
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Un proyecto de Nueva República, apoyado también por Cisneros, busca fomentar la creación de planes reguladores cantonales, mientras que una reforma constitucional impulsada por la Unidad, el Liberal Progresista (PLP) y el oficialismo pretende que los diputados no deban aprobar todos los créditos externos, sino solamente los que se utilizarían para inversión pública.
Otro de los proyectos convocados, apoyados igualmente por el PUSC, PLP y el oficialismo, más Nueva República, es la propuesta para autorizar las jornadas laborales extendidas de 12 horas para empresas que tienen funcionamiento las 24 horas.
Entre los 23 proyectos convocados, que son de iniciativa del Ejecutivo, hay seis enfocados en el combate a la inseguridad, entre ellos el de endurecimiento de la prisión preventiva, así como una reforma a la Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el fin de perseguir el crecimiento exponencial de patrimonios personales sin causa lícita aparente.
Otro paquete de los proyectos convocados busca reformar varios ministerios, principalmente para centralizar y aumentar las potestades de los jerarcas de esas instituciones.
En su anuncio sobre la convocatoria de proyectos, la ministra Natalia Díaz centralizó la prioridad del Gobierno en los proyectos sobre seguridad, sobre todo el de extradición y el de prisión preventiva, así como al tratado de libre comercio entre Costa Rica y Ecuador.
También, Díaz dijo que tienen especial interés en que avance el proyecto para reformar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, lo que la Contraloría General considera una puerta para contratar obras públicas a dedo.
La ministra de Presidencia afirmó que la intención es que esa reforma permita agilizar un proyecto como el de Ciudad Gobierno, “mediante mecanismos alternativos que no impliquen más deudas”.
