El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó la Ley para exonerar al Organismo de investigación Judicial (OIJ) del pago del impuesto al valor agregado (IVA) en todas sus compras de bienes y servicios, luego de que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que no se descartaba un veto.
La reforma aprobada por los diputados, sin apoyo de los legisladores del Gobierno, fue publicada el 14 de noviembre en el diario oficial La Gaceta con la firma del mandatario y de la viceministra de Hacienda, Priscilla Zamora.
El ministro informó de que él estaba fuera del país en el momento de la firma y que su subalterna tenía la potestad de sellar la ley en nombre de la cartera de Hacienda.
Con este proyecto, la oposición procura liberar al OIJ recursos por ¢1.250 millones, a fin de que pueda invertir más en el combate a la delincuencia.
El ministro Nogui Acosta se opuso a la exoneración del IVA al argumentar que no se aporta una fuente alterna de recursos para el fisco. Asimismo, consideró que es más transparente mantener el tributo y que el Gobierno dote de más recursos al OIJ mediante presupuestos extraordinarios.
El jerarca había añadido que la reforma incrementará el gasto tributario, entendido como el ingreso que el Gobierno deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo específico a un sector.
Según el ministro, las finanzas públicas aún atraviesan momentos complejos y este plan obligará a aumentar el endeudamiento público.
Los diputados de oposición habían advertido de que, si Chaves vetaba el proyecto, tenían los 38 votos necesarios para un nuevo resello que convirtese el proyecto en ley sin necesidad de la firma presidencial.
En lo que va de esta administración, el Congreso ha resellado cuatro proyectos vetados por Chaves.
El proponente de la exoneración para el OIJ es el diputado Danny Vargas, de Partido Liberación Nacional (PLN), en respuesta a una petición de las autoridades del Poder Judicial.
Randall Zúñiga, director del OIJ, argumentó que era urgente dotar al órgano policial de recursos para luchar contra la criminalidad que vive Costa Rica.
Según estimó Zúñiga, aun la exoneración del IVA es insuficiente para las necesidades.
Ante los diputados el pasado 11 de octubre, el jefe policial dijo los oficiales están siendo enviados a la calle sin la protección ni las herramientas suficientes para combatir a los grupos de crimen organizado, lo cual los pone en desventaja.
Los estudios internos del Poder Judicial señalan la necesidad de 1.080 plazas más para sedes regionales del OIJ. Por su parte, Zúñiga expresó que es consciente de la situación económica del país y estimó que con 680 puestos adicionales lograrían dar una mejor lucha.
LEA MÁS: Diputados proponen incrementar en ¢20.000 millones el presupuesto para seguridad