EscucharEl jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), el diputado Óscar Izquierdo, afirmó este miércoles que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, está “incitando a la población a la violencia” al decir que espera dirigir un pueblo enardecido, en el eventual caso de que la Sala Constitucional declare que la “ley jaguar” tiene vicios de inconstitucionalidad.
Izquierdo cuestionó al mandatario por “amenazar la institucionalidad” y buscar la polarización. En su intervención, durante la sesión solemne del plenario de la Asamblea Legislativa, celebrada en Nicoya, Guanacaste, el vocero liberacionista también denunció que el gobierno de Chaves tiene “una deuda enorme” con esta provincia y que hacer promesas no es suficiente.
Solo el jefe del PLN y el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, levantaron la voz para cuestionar los comentarios del mandatario, quien aseguró que la gente podría “hacerse la pendeja” o manifestarse en una huelga de brazos caídos, si se cae la ley que él quiere lleva a referéndum.
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Rodrigo Arias llamó a los miembros de los supremos poderes a respetar las sentencias judiciales, así como la libertad de cada poder de tomar decisiones con independencia.
Durante una entrevista en Trivisión, canal 36, el lunes por la noche, Rodrigo Chaves dijo que que no se pondría a organizar alguna respuesta popular, hasta no ver lo que haga la gente. Sin embargo, de inmediato dijo: “El pueblo se puede hacer el pendejo, se puede decir ‘tirémonos a la calle, hagamos una huelga de brazos caídos u organicémonos para que nunca más esta gente, el ecosistema del cambalache corrupto, del amiguismo y el capitalismo de amigotes vuelva a tener poder’. Yo, como presidente de la República, observaría, desde el punto de vista político”.
El próximo lunes, los magistrados de la Sala Constitucional votarán la consulta presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el proyecto de ley 24.364, conocido como ley jaguar.
Según la Contraloría General de la República (CGR), el proyecto “es peor de lo que parece”, pues eliminaría toda la etapa preventiva contra los actos de corrupción en las contrataciones públicas.
“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y, por tanto, evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta el 18 de junio.
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A diferencia de Arias e Izquierdo, el resto de legisladores se centraron en hacer reclamos, desde sus discursos, por las promesas incumplidas del gobierno para la provincia guanacasteca, en particular las relacionadas con el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque (Paacume), el cual no será inaugurado durante el actual gobierno, tal como admitió Rodrigo Chaves.
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También, hicieron referencia en general a la seguridad en esa provincia, la falta de empleos y los impactos negativos de la “Ruta del Arroz” para los productores guanacastecos.
