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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, propuso al abogado penalista Cristian Arguedas para ocupar el puesto de procurador general de la República durante los próximos seis años.
La postulación fue confirmada, este viernes, por la Casa Presidencial mediante un comunicado que presenta a Arguedas como un jurista con 24 años de experiencia en litigios, así como consultor internacional y docente universitario.
El cargo de procurador general se encuentra vacante desde que el doctor Julio Jurado se acogió a la pensión, en mayo del 2022. La designación de su sustituto deberá ser ratificada en el plenario del Congreso.
La Presidencia dijo que Arguedas, de 47 años, se enfocará en fortalecer la ética y la transparencia en la función pública, así como rehabilitar la razón de ser de la Procuraduría como órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública y representante legal del Estado.
Adicionalmente, se anunció que tratará de convertir a la institución en el ente catalizador de la debida gobernanza de la Administración Pública.
También se espera que coordine y realice todo tipo de esfuerzos con el Poder Judicial para reducir “el problema de la mora judicial y garantizarle, de esta manera, una justicia pronta y cumplida a la población.
Arguedas representó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez en un caso sobre peculado por supuestos sobornos a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, presuntamente realizados por la reaseguradora londinense PWS durante su mandato (1998-2002).
También estuvo ligado al excandidato presidencial Otto Guevara Guth y fue tesorero suplente del Partido Movimiento Libertario. Desde esa función defendió los préstamos que financiaron la campaña de Guevara para el 2010, operación que estuvo bajo investigación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Fiscalía de Legitimación de Capitales.
En la pesquisa realizada en torno a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que había intentado crear el gobierno anterior, Cristian Arguedas representó a uno de los entonces funcionarios de esa oficina, Diego Fernández.
Una vez realizada la propuesta por parte del Poder Ejecutivo, esta debe remitirse a la Asamblea Legislativa, donde tendrá que ser estudiada por la Comisión de Nombramientos para que emita una recomendación al plenario.
Para que se apruebe la ratificación, son necesarios los votos de la mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los congresistas presentes en el momento de su discusión.
