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El presidente Rodrigo Chaves reclamó este martes a los diputados el avance de varios proyectos de seguridad ciudadana; sin embargo, dos de los que mencionó fueron aprobados la semana pasada en el plenario.
Uno es el expediente 23.800, el cual prohibirá la naturalización a quienes hayan sido condenados por más de tres años de prisión en Costa Rica o en el extranjero; este recibió segundo debate. El otro es la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses requeridos en otros países por casos de narcotráfico y terrorismo, que se tramita bajo el expediente 23.701; dicho ajuste fue avalado en primer debate.
Al final de una reunión de supremos poderes sobre seguridad, efecutada en la Asamblea Legislativa, Chaves dijo: “No hemos hablado de armas, no hemos hablado de la extradición de costarricenses, de la anulación de la nacionalidad a quien vino aquí y nos mintió. ¿Y los ticos que andan haciendo tráfico internacional? No los vi”, aseguró el presidente sobre la agenda legislativa.
Sin embargo, el lunes 5 de agosto, un total de 39 diputados de todas las bancadas votaron a favor, en primer debate, la reforma sobre extradición.
Esa fue la primera de las cinco votaciones que requiere el expediente, ya que se trata de una reforma constitucional que busca modificar el artículo 32 de la Carta Magna.
En tanto, el pasado jueves 8 de agosto, los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que niega la naturalización a quienes hayan sido condenados con sentencia firme, en los últimos 10 años, por la comisión de un delito doloso. Los únicos exentos serán los extranjeros que ingresaron como refugiados, apátridas y asilados.
La reforma, planteada por el jerarca legislativo, Rodrigo Arias, también prohibirá la naturalización de quienes la hayan obtenido de forma fraudulenta a través de la violación de los requisitos que dispone la ley.
Asimismo, el texto contiene disposiciones para los casos en que una persona extranjera, que solicite la nacionalización, tenga procesos penales pendientes dentro o fuera de Costa Rica. En dichas situaciones se suspenderá el trámite hasta que se emita una sentencia firme por parte de los tribunales correspondientes.
La iniciativa incluso recibió el apoyo de los diputados del partido de gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD).
En cuanto a la reforma constitucional sobre extradición, el texto aún debe ser sometido a consulta preceptiva de la Sala IV. En caso de no contener vicios de inconstitucionalidad, los diputados procederán a realizar la votación en segundo debate de la primer legislatura.
Luego, el Poder Ejecutivo deberá incluir una referencia a la modificación constitucional en el informe anual del estado de la administración pública. Finalmente, los diputados deberán discutir el proyecto en tres debates, en días distintos, en el plenario del Congreso.
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