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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, reiteró promesas y recriminó a quienes no le reconocen logros en el discurso de 53 minutos que ofreció este martes ante la Asamblea Legislativa, con ocasión de su primer año de labores.
A días de empezar su segundo año de gobierno, el 8 de mayo, Chaves renovó el compromiso de reducir las elevadas e históricas tasas de criminalidad. Esa problemática, insistió el mandatario, es un problema heredado de administraciones anteriores.
‘La violencia crece desde hace más de 10 años’
“Mantengo la convicción de que un Estado que no garantice la seguridad de sus ciudadanos es un Estado fallido, y no lo permitiremos. La ciudadanía sabe que la violencia crece desde hace más de 10 años”, dijo.
La ola de violencia podría provocar que el país cierre este año con una cifra entre 800 y 900 asesinatos. Al respecto, el jefe de Estado pidió apoyo a los diputados para aprobar el paquete de cinco proyectos de ley, presentados por el Poder Ejecutivo, con el propósito de combatir la criminalidad.
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Asimismo, destacó que este año contratarán 700 nuevos oficiales de la Fuerza Pública como parte de su plan “Costa Rica Segura”. El mandatario, sin embargo, no dio señales sobre la implementación de una de las principales acciones que había anunciado en materia de seguridad: tener de forma simultánea 9.500 policías en las calles.
Él decidió revertir esa orden luego de las protestas policiales por el intento de cambiar las jornadas laborales de los oficiales.
Escáneres en puertos
El presidente también reiteró el compromiso de su administración de instalar escáneres en los puertos, para evitar el envío masivo de droga escondida en contenedores a los principales destinos de los productos de exportación costarricenses.
“Después de la cruzada que emprendí durante el breve periodo en que fui ministro de Hacienda (en el gobierno de Carlos Alvarado), estamos a punto de instalar suficientes escáneres para revisar todos los contenedores que salgan del país”, agregó.
Pensiones de lujo, ‘el pendiente que más aborrecemos’
Otra promesa reiterada en el discurso presidencial fue “eliminar el robo legalizado de las pensiones de lujo”. Afirmó que ese es “el pendiente que más aborrecemos el pueblo y yo”.
En el informe de los 100 días, que brindó el 16 de agosto de 2022, el presidente declaró que consultaría la constitucionalidad de las pensiones de lujo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “de tal manera que la Sala IV no tenga jurisdicción” sobre el tema.
No obstante, juristas en derecho internacional y derechos humanos han coincidido en que es difícil que la Corte analice esa solicitud.
Ahora, el partido de Gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), presentó una propuesta de reforma constitucional para eliminar la restricción de someter a referendo temas relacionados con pensiones.
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La ruta del arroz
El mandatario aprovechó su discurso para salir en defensa de una de las principales políticas de su administración. Se trata de la reducción del arancel al arroz importado, de un 36% a un 5%, así como la eliminación de la regulación del precio.
“El pueblo aprecia nuestra lucha para eliminar el excesivo precio del arroz que, por años, benefició a unos pocos en perjuicio de la mayoría, aunque algunos malintencionadamente lo niegan”, aseguró Chaves.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señaló que, a pesar de los decretos presidenciales entorno a esta política, el precio del arroz para el consumidor final creció un 4,20% durante el último año.
Por el contrario, el mandatario sostuvo que el precio de la bolsa de arroz se redujo entre 27% y 33% en nueve meses, con base en un estudio elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Dicho análisis comparó el “precio más bajo visto en el mercado” antes y después de la implementación de la ruta del arroz.
Mejora fiscal
En su discurso, también resaltó como logro de su administración la recuperación fiscal y la mejora en las calificaciones de riesgo. Dijo que logró reducir la deuda pública y cerrar el 2022 con un superávit primario equivalente al 2,3% del producto interno bruto (PIB).
“Dos reconocidas calificadoras de riesgo nos subieron la nota: Fitch Ratings destaca que mientras hay un récord de países que cayeron en default, Costa Rica sube dos peldaños en su calificación. Standard & Poors destaca nuestra buena trayectoria fiscal, y deja claro que los bonos de Costa Rica fueron una de las mejores inversiones en mercados emergentes”, apuntó Chaves.
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En el discurso pronunciado de forma posterior por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, el diputado le dijo al gobernante que la mejora fiscal es producto del esfuerzo de la administración de Carlos Alvarado y de la anterior conformación del Congreso.
Rutas a San Carlos y Limón
En relación con la construcción de obra pública, el presidente reiteró su compromiso de finalizar la carretera a San Carlos. Afirmó que, después de décadas de espera, se aprobaron los recursos faltantes para levantar obras pendientes. También afirmó que en el Gobierno “estamos arreglando el desastre de la ruta 32″.
Distinto al discurso de los primeros 100 días del Gobierno, en esta ocasión el mandatario no expresó intenciones de impulsar la construcción del tren eléctrico limonense de carga (Telca).
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Semanas atrás, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, expresó a empresarios de San Carlos que tenía dudas sobre los estudios de factibilidad heredados por el anterior Poder Ejecutivo. En primera instancia, el Gobierno de Chaves había decidido apoyar el proyecto.
Chaves tampoco mencionó el tren elevado entre San José y Cartago que había anunciado cuando desechó el proyecto del tren eléctrico metropolitano de la administración de Carlos Alvarado.
Megapréstamo
El presidente también aprovechó su discurso ante los 57 diputados para pedir su apoyo para aprobar un préstamo de $700 millones para construir y reparar obra pública “bajo riesgo inminente”, tramitado ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Se trata de un paquete para atender carreteras, puentes, vías férreas, centros educativos y viviendas que, según el Poder Ejecutivo, fueron dañadas por desastres naturales en el pasado, o bien, presentan condiciones de peligro frente a un evento futuro.
“Aprovecho para hacer un respetuoso, pero vehemente llamado a los diputados para que aprueben esos recursos”, expresó el gobernante. Recordó la tragedia en Cambronero, en la que murieron nueve personas, el 18 de setiembre pasado, por la caída de un autobús producto de un derrumbe
“Yo sé que ustedes (diputados) no quieren ver lágrimas como las que provocó el accidente de un bus en Cambronero y la destrucción de hogares por el desbordamiento de ríos en Desamparados, Aserrí y en muchos otros lugares. Nuestros compatriotas menos afortunados derraman esas lágrimas año a año. Ya es hora de parar el ciclo de tragedias producto de la incompetencia y falta de recursos”.
Este empréstito es el más alto que el BCIE ha aprobado al Gobierno de Costa Rica, incluso, por delante del crédito para la construcción del tren eléctrico metropolitano, de $550 millones.
‘Confianza no es gratuita’
El gobernante se amparó en resultados de estudios de opinión de distintas firmas encuestadoras sobre aprobación ciudadana, para defender su labor. Incluso, presentó videos de personas hablando bien de él.
“Esa confianza no es gratuita. El pueblo no regala apoyo ni se deja engañar con populismo, como dicen quienes menosprecian la inteligencia de una ciudadanía que volvió a creer en su gobierno, a pesar del constante bombardeo de unos pocos medios y personas, inexplicablemente aliados para atacar la labor ejecutada”, expresó el presidente.
Precios de gasolina
Luego de que al inicio de su administración el litro de gasolina superara la barrera de los ¢1.000, el mandatario también destacó rebajas en los precios de los combustibles. No obstante, reconoció que el costo de este producto “depende en gran medida de los mercados internacionales”.
Una vez dicho eso, Chaves aseguró: “Logramos rebajas increíbles administrando diligentemente a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Su administración había presentado un proyecto de ley para contener futuros incrementos en los precios internacionales de los combustibles, cuya aprobación habría costado miles de millones a la Hacienda Pública. No obstante, el Gobierno nunca impulsó su propia iniciativa durante los distintos periodos de sesiones extraordinarias.
