EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, retiró este martes la “ley jaguar” de la agenda legislativa y presentó un nuevo texto, luego de que la Sala IV declarara inconstitucionales los cuatro artículos consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el proyecto original.
No obstante, el segundo plan mantiene una de las inconstitucionalidades señaladas por los magistrados, pues también pretende eliminar el acatamiento obligatorio de las órdenes emitidas por la Contraloría General de la República (CGR).
Chaves hizo el anuncio, este martes, en conferencia de prensa. El nuevo plan entró bajo el expediente número 24.467, que inmediatamente fue convocado por el Ejecutivo mediante el decreto ejecutivo 44.580. Sin embargo, este miércoles 31 de julio, expira el periodo de sesiones extraordinarias en que el gobierno maneja la agenda de la Asamblea Legislativa. Por los próximos tres meses, el trámite del plan dependerá de la voluntad de los diputados, pero Chaves rechaza negociar con ellos.
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“En este momento, ya se presentó a la Asamblea Legislativa la ley revisada para que, desde un punto de vista constitucional, sea inmaculada y técnicamente pura. Retiramos la antigua, retiramos el texto del referéndum, o el texto que se iba a someter al referéndum, retiramos la convocatoria para que los diputados votaran y trabajamos con el por tanto de la Sala e hicimos esto químicamente puro”, afirmó Chaves.
La noche del lunes, el tribunal constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto que el mandatario pretendía someter a referéndum, porque le quitaban a la Contraloría herramientas para ejecer su función constitucional de fiscalización de la Hacienda Pública.
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Estos artículos habrían reformado, respectivamente, los numerales 11, 12, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría.
El nuevo texto ya no incluye las reformas a los artículos 11, 17 y 22. Sin embargo, mantiene la propuesta de cambio al artículo 12, eliminando el párrafo que actualmente establece la obligación de las instituciones de acatar las disposiciones de la CGR.
La “ley jaguar” original sustituía esa parte por nuevo párrafo, según el cual la Contraloría “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”.
Los magistrados determinaron que toda la redacción del artículo violentaba la Carta Magna, con excepción de los verbos “sustituir” y “abarcar”, en el tanto la Contraloría no ejerce funciones de Administración activa, algo que es conocido de antemano.
El gobierno, entonces, en este segundo plan, eliminó los demás verbos, pero mantiene la eliminación de la obligatoriedad del acatamiento de las disposiciones y directrices de la CGR.
Además, el nuevo texto conserva la modificación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, una reforma que, según la Contraloría, permitiría las contrataciones a dedo en contra del principio de concurso público fijado en la Constitución Política.
Este artículo no fue consultado por el TSE a la Sala IV. Sí está incluido en las consultas planteadas por los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) y la CGR, que aún no han sido admitidas para estudio por el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo planteó esa forma para contratar sin concurso al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el desarrollo de Ciudad Gobierno, por $450 millones.
Chaves rechaza negociar
Chaves rechazó negociar con las fracciones legislativas y acusó a los parlamentarios de haber dilatado la votación del proyecto inicial de la “ley jaguar”.
“¿Qué vamos a negociar?”, alegó el presidente.
El gobierno insistió en que este nuevo texto sí se llevará a referéndum. Esta segunda versión también sería presentada al TSE mediante la vía de iniciativa ciudadana.
La organización de una elección de este tipo costaría al menos ¢3.500 millones, gasto que el mandatario defendió públicamente en la conferencia de prensa de este 30 de julio.
Pese a que los magistrados no se pronunciaron al respecto, Zapote decidió eliminar de la nueva iniciativa el artículo 7 del anterior proyecto, el cual modificaba la Ley de Control Interno para obligar a que la Contraloría solo pudiera actuar posteriormente de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad, no antes.
Cuestionada reforma a Japdeva
Finalmente, el gobierno mantiene sin ningún cambio el artículo 9 del proyecto original, que propone reformar la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para que pueda incluir bienes inmuebles propiedad del Estado, o bajo su administración, en alianzas con otras entidades públicas o privadas, para desarrollar obras.
Según la Contraloría, tal como está planteada la redacción, esa reforma cambia la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, y permitiría a Japdeva escoger “a dedo” al socio estratégico con el que se haría el negocio, evadiendo los procedimientos de contratación pública.
