EscucharRolando Araya, candidato presidencial del Partido Costa Rica Justa, es socio del empresario Daniel Cruz Porras, uno de los 13 detenidos este lunes en la operación del Caso Diamante, la cual persigue aparentes hechos de corrupción en contratos de obras en municipalidades.
Araya admitió que ambos comparten una sociedad dueña de un terreno en Los Ángeles de San Ramón, Alajuela, propiedad que adquirieron para una eventual lotificación hace unos cuatro años. Según pudo corroborar La Nación, esta persona jurídica concursa por ganar un contrato de ¢670 millones para venderle este terreno a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La CCSS busca tierras para construir las áreas de salud de San Ramón, Grecia y Ciudad Quesada, mediante el Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017. La compañía que Araya Monge y Cruz Porras comparten se llama Desarrollo Daromacar S. A. y ambos aparecen en su junta directiva desde el 21 de abril del 2017, como presidente y vicepresidente, respectivamente. El siguiente es un intercambio de preguntas y respuestas con Rolando Araya sostenido la noche de este lunes:
-¿Cuál es su vínculo con don Daniel Cruz? ¿Qué tipo de relación tiene?
-Somos amigos, lo quiero mucho y espero que salga bien de todo esto.
-¿Comparten una sociedad?
-Tenemos un lote juntos en San Ramón.
-¿Y a qué se dedica esta sociedad?
-No, a nada. Tenemos un lote conjunto.
-¿Por qué comparten un lote?
-Porque lo compramos, vendían un terreno hace cuatro años.
-Además de esta sociedad, ¿comparten alguna otra sociedad o negocio?
-Ningún negocio. Solo compramos ese terreno, carretera a Los Ángeles de San Ramón.
-¿Cuál es el propósito de esa compra?
-Comprarlo para hacer un eventual desarrollo, una lotificación; lotear, pero no hemos hecho nada.
Deuda compartida con Explotec, sociedad allanada
En el Registro Nacional, la empresa de Araya y Cruz aparece como dueña de un terreno de 22.807 metros cuadrados en San Ramón de Alajuela, en el distrito Los Ángeles, con un valor fiscal de ¢328 millones, desde el 14 de abril del 2021.
Sobre esa propiedad pesa una hipoteca de ¢108,2 millones con el Banco de Costa Rica (BCR), en la cual figuran como deudores tanto Desarrollo Daromacar como la empresa Explotec S. A., también propiedad de Daniel Cruz, la cual fue allanada la mañana de este lunes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San Ramón.
En la junta directiva de Daromacar, además aparece como secretario Carlos Andrés Araya Polonio, quien es hijo del candidato, y figura como tesorero Rainer Alois Anders, quien también forma parte de Explotec S. A.
Según la Policía Judicial, el allanamiento a Explotec tenía por objetivo encontrar pruebas relacionadas con presunta corrupción en licitaciones y eventuales proyectos de construcción con las municipalidades de Alajuela y San José.
En la página del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), consta que la empresa de Rolando Araya y el empresario Cruz, Desarrollo Daromacar, se inscribió apenas en marzo pasado en el Sicop y que el apoderado generalísimo es Daniel Cruz Porras.
Además, se anota que la actividad de la empresa gira en torno a las plantas y mezcladores de concreto y la distribución de hormigón.
En un acta notarial del pasado 4 de marzo, que la empresa aportó dentro de la oferta, aparece la distribución de las acciones de Desarrollo Daromacar: el capital accionario es de ¢1 millón, distribuido en 1.000 acciones de ¢1.000 cada una. Daniel Cruz Porras posee 334, Rolando Araya Monge 332 acciones y Rainer Alois Anders (de nacionalidad alemana) —en su calidad de apoderado generalísimo de Servitec de Costa Rica SRL—, 334 acciones.
La mañana de este lunes, las autoridades judiciales reportaron la detención de 13 personas, entre las cuales resalta el nombre de Johnny Araya, alcalde de la Municipalidad de San José y hermano de Rolando Araya, así como el otros cinco jerarcas municipales.
Esos restantes son el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda; el de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro; el de Alajuela, Humberto Soto Herrera; el de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés; y el de Osa, Alberto Cole De León, de acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Los otros municipios intervenidos son los de Siquirres y Golfito, cuyos jerarcas no fueron apresados.
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