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La Sala Constitucional advirtió a Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, de que lo denunciará ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia, si no cumple con una sentencia dictada desde setiembre de 2023.
En aquella fecha, los magistrados ordenaron al ministro atender una denuncia interpuesta por un grupo de vecinos del distrito San Nicolás, en Cartago, por el riesgo de desbordamiento del río Taras, producto de las obras de construcción de los intercambios de Taras y la Lima.
El jerarca tenía un mes máximo para cumplir lo instruido.
Excedido el plazo fijado por los magistrados, una de las recurrentes, Ana Yanci Méndez Ulloa, acudió nuevamente a la Sala Constitucional para acusar al ministro de desobediencia, por no haber acatado la sentencia.
El pasado 19 de enero de 2024, en la resolución número 2024001092, el Tribunal confirmó “la existencia de un incumplimiento por parte del ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en relación con lo ordenado”.
Los magistrados constataron que Amador “omitió rendir el informe que se le solicitó, por lo que se tienen por ciertos los hechos y omisiones que le atañen y que se le endilgan”.
En consecuencia, los magistrados reiteraron la obligación del jerarca de dar cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia previa y le previnieron sobre las consecuencias que podría enfrentar en caso de no hacerlo.
“De acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia”, indica la resolución.
El delito de desobediencia conlleva una pena de tres meses a dos años de prisión, o de 20 a 60 días multa.
La resolución fue dada a conocer por la diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien aseguró que su despacho había colaborado en la presentación de la gestión por desobediencia contra el ministro.
La parlamentaria señaló que es necesario que el ministro Amador obedezca la orden de los magistrados, ya que los trabajos de infraestructura y la inacción del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) siguen provocando inundaciones, que afectan a los vecinos, al comercio y las zonas aledañas a San Nicolás.
Vecinos esperan respuestas desde el 2022
La orden de los magistrados es que Amador responda una denuncia planteada desde el 18 de noviembre de 2022, por los vecinos de San Nicolás de Cartago, ante el MOPT, a raíz de la afectación que, en días previos, sufrieron casas y locales comerciales, por el desbordamiento del río Taras.
Los afectados alegaron que la situación se debió a las obras de construcción de los pasos elevados en Taras y La Lima.
No obstante, el jerarca nunca les brindó respuesta, por lo que, el 16 de agosto de 2023, procedieron a presentar un recurso de amparo, que fue declarado parcialmente con lugar en setiembre del mismo año, ya que se eximió de responsabilidad al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), por no tener incidencia en el proyecto constructivo.
En el recurso de amparo, los vecinos aludieron a los riesgos señalados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), sobre inundaciones en zonas aledañas que se podrían generar, producto de esos trabajos de infraestructura vial.
Citan, en concreto, las debilidades identificadas en el estudio hidrológico de todo el proyecto, que, según Lanamme, está incompleto, porque no incluyó un análisis del riesgo de desbordamiento del río Taras, ni está clara la metodología usada para estimar el nivel de agua de ese cauce.
El documento también alertó que no hay evidencia de un diseño para la salida del líquido en los sistemas pluviales
Los denunciantes cuestionan que tampoco se justificó la decisión de mantener la alcantarilla del Mall Paseo Metrópoli, “en la cual se acumula toda clase de residuos y materiales, lo cual obstruye la continuidad del agua y ocasiona que el río se convierta en una represa”.
Por estas razones, concluyen que, “hasta que esta situación no sea corregida, continuará el riesgo de desbordamiento, por lo que la comunidad de La Lima de San Nicolás de Cartago está en riesgo”.
Este medio gestionó con el departamento de prensa del MOPT una serie de consultas para el ministro Amador sobre el caso, pero al cierre de edición no se había obtenido respuesta.
