La Sala IV archivó la consulta de constitucionalidad planteada por 11 diputados sobre la “ley jaguar” porque el proyecto ya no existe en la corriente legislativa.
La consulta, contenida en el expediente 24-017382-0007-CO, la presentaron los seis diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) junto con cuatro de Liberación Nacional (PLP) y la independiente María Marta Padilla, el 27 de junio.
El jueves 1.° de agosto, la presidencia del Congreso comunicó a la Sala IV que el proyecto 24.364 había sido sacado de la corriente legislativa a solicitud del Ministerio de la Presidencia. En consecuencia, los magistrados resolvieron que “el presente asunto carece de interés actual, pues el objeto principal del proyecto consultado ya no es de conocimiento de la Asamblea Legislativa”.
El gobierno retiró el proyecto después de que, el lunes 29 de julio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los cuatro artículos consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El Poder Ejecutivo quería someter a referéndum el texto, que consta de nueve artículos y que buscaba debilitar las potestades de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
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Después de la declaratoria de inconstitucionalidad, Casa Presidencial presentó una nueva versión.
La consulta del PLP buscaba evacuar dudas de constitucionalidad sobre artículos que el TSE no consultó y que sí están incluidos en el segundo texto. Tal es el caso de una reforma al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública que, en criterio de la CGR, permitiría efectuar contrataciones a dedo.
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En cuanto a la consulta de constitucionalidad planteada por la Contraloría, la Sala IV preguntó al TSE, como prueba para mejor resolver, cuál es el estado del trámite de la solicitud de referéndum por iniciativa popular de la “ley jaguar”, la cual había sido presentada por los ciudadanos Édgar Espinoza y Alberto Cabezas.
El Tribunal de Elecciones confirmó este martes que archivó la solicitud original de Espinoza y Cabezas, y abrió un nuevo expediente sobre la nueva versión planteada por el gobierno.
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