La Sala IV le otorgó tres días de plazo al Poder Ejecutivo para que explique su negativa de revelar el contenido de 12 memorandos enviados por el embajador de Costa Rica en Brasil, Jairo Valverde, a propósito de la crisis política que vivió ese país.
Los magistrados acogieron la tarde de este martes dos recursos de amparo presentados por el diputado de Liberación Nacional (PLN) Rolando González Ulloa, en contra el Ministro de Relaciones Exteriores Manuel González, y el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, por lo que ahora el Poder Ejecutivo tiene hasta el viernes para explicar porqué mantiene en reserva esas comunicaciones.
El 11 de octubre pasado el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el diario oficial La Gaceta en el cual declara bajo "reserva" esos documentos, aduciendo que su revelación podría acarrera problemas en las relaciones con Brasil.
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Los recursos pretenden que la Sala obligue al Ejecutivo a revelar los informes del embajador Valverde, en los cuales se supone, estarían vertidas las razones por las cuales el presidente Solís decidió abandonar la sala de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), justo cuando se anunció el discurso del presidente brasileño Michel Temer, el pasado 20 de setiembre.
Temer había asumido el poder en Brasil apenas el 31 de agosto, luego de un juicio político llevado a cabo por el Congreso brasileño, que desembocó en la destitución de la hoy exmandataria Dilma Rousseff.
La acción de Solís fue un gesto diplomático de desaprobación a la administración de Temer, que tensó las relaciones diplomáticas con ese país.
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Al mismo tiempo que el mandatario costarricense y su comitiva abandonaron la sala de sesiones de la ONU, también lo hicieron los representantes de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela, todos miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA).
El gesto de Solís, sin ser anunciado de previo, y sin que mediara ninguna manifestación anticipada de descontento por parte del gobierno costarricense, generó malestar en las esferas políticas del país, al punto de que los diputados acordaron que el canciller González debía explicar los extremos de la acción de la delegación costarricense.
"Me satisface que la Sala le de curso y que se dirima en la jurisdicción constitucional dónde está la razón. Espero con confianza que se resuelva conforme a derecho y no siguiendo las brabuconadas del Poder Ejecutivo", dijo esta tarde el diputado de la provincia de Alajuela.
Los recursos de amparo fueron interpuestos por González luego de que el canciller y el presidente de la República se negaran en reiteradas ocasiones a hacer públicos los informes.
Apenas ayer, tanto el presidente Solís como el canciller González habían afirmado en conferencia de prensa que es "irresponsable" la solicitud que se planteó ante la Sala Constitucional, para que el Poder Ejecutivo levante la declaratoria de reserva sobre 12 memorandos que contienen información redactada por la Embajada en Brasil, sobre las relaciones diplomáticas con ese país.
Al ser consultado por este diario, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, dijo que serán respetuosos de lo que señale la Sala.
"No hemos sido notificados todavía de la decisión, que de todas formas es una decisión totalmente normal y natural. De todos modos, el Gobierno ha actuado en estricto apego al ordenamiento jurídico, y así lo informaremos a la Sala, el Gobierno va a ser absolutamente respuetuoso de lo que diga la Sala", afirmó Herrera.