La Sala IV acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado del PUSC, Pedro Muñoz, contra la decisión de 14 magistrados de eximir al personal del Poder Judicial de dos de las principales medidas que la reforma fiscal ordenó para atenuar el gasto público.

Así lo informó Muñoz en conferencia de prensa luego de ser notificado este miércoles por el tribunal constitucional, el cual no impuso medidas cautelares.

El legislador impugnó un acuerdo tomado por la Corte Plena el 18 de marzo (artículo XIV del acta de ese día), en el que decidió mantener el pago de los pluses salariales como porcentajes del salario, en lugar de transformarlos a montos nominales. El Poder Judicial tiene unos 14.000 empleados.

Muñoz presentó la acción, ante la Sala IV, el 27 de agosto.

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Con el objetivo de frenar el crecimiento exponencial del gasto público, la reforma fiscal ordenó transformar a montos fijos los incentivos que se calculaban como porcentajes del salario.

No obstante, en el caso de anualidades, el Poder Judicial decidió que seguirá pagando a los funcionarios antiguos, e incluso a los nuevos, entre un 1,94% y un 2,55% del salario base por cada año laborado.

La reforma, en cambio, ordenó pagar por anualidades un monto nominal fijo e invariable, el cual se calcularía de la siguiente forma: el equivalente a un 1,94% del salario base de enero del 2018 para profesionales y el 2,54% para no profesionales

En cuanto a los demás pluses, el artículo 54 de la nueva ley estableció que “cualquier otro incentivo o compensación existente que esté expresado en términos porcentuales” será transformado en un “monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 2018″.

Al respecto, los magistrados decidieron que el pago de los incentivos creados por reglamento o por acuerdo de la Corte se mantendrá “en su conceptualización y forma de cálculo” para quienes ingresaron antes de la reforma fiscal, y se convertirá en un monto nominal fijo solo para los nuevos empleados.

El Poder Judicial distribuye ¢60.000 millones anuales a sus funcionarios mediante 21 pluses propios. Los magistrados de la Corte Plena alegaron que la resolución de la Sala IV, sobre la reforma fiscal, le concedió un régimen intermedio al Poder Judicial en el tema de reglas salariales.

“En virtud de los efectos tan graves para el erario y la Hacienda Pública, y el bien común, que tiene el acuerdo cuestionado, y para evitar daños mayores, solicito la suspensión inmediata de su aplicación, y en su lugar se cumpla fehacientemente con lo dispuesto en la Ley N°. 9635”, dicta la acción de inconstitucionalidad presentada por Muñoz.

A la acción se suma una denuncia que presentó el mismo diputado ante la Fiscalía, el pasado 19 de agosto, contra los 14 magistrados que votaron afirmativamente la resolución de Corte Plena del 18 de marzo.

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En ese momento, el legislador pidió al Ministerio Público investigar a los altos jueces por los presuntos delitos de legislación o administración en provecho propio, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, fraude de ley en la función administrativa e inhabilitación.

Adicionalmente, hace una semana, el diputado socialcristiano envió una carta a Fernando Curz, presidente de la Corte, solicitándole la puesta en marcha de las medidas de ahorro impuestas por la reforma fiscal. Sin embargo, dijo Muñoz, aún no recibe respuesta.

‘Mensaje poderosísimo’

El diputado calificó como “muy interesante desde el punto de vista jurídico” que la Sala admita un recurso contra un asunto interno.

“Esto tiene un valor simbólico muy importante: la ley aplica para todos, y aplica por igual para los magistrados. No hay nadie que esté por encima de la ley, ni siquiera los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó.

Además, espera que el máximo órgano constitucional emita una resolución pronta y no haya que esperar a que resuelva la denuncia penal, es decir, la que él presentó contra los magistrados ante la Fiscalía.

“Esa puede ser la manera más efectiva para zanjar este diferendo, y enviaría un poderosísimo mensaje, desde el propio Poder Judicial, a todos los costarricenses que hoy sí están cumpliendo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, prosiguió.

Luego de notificar que acoge la acción, la Sala da 15 días a las partes interesadas y a terceras personas para que se pronuncien al respecto.

Por lo tanto, Muñoz instó a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes y a los ministerios de Hacienda y de Planificación (Mideplán) a expresarse sobre el asunto.

La misma exhortación lanzó a entidades privadas como cámaras empresariales y asociaciones de consumidores y de contribuyentes, así como a los costarricenses en general.

Una planilla cara

Uno de los pluses porcentuales que paga el Poder Judicial es el índice gerencial, el cual disfrutan 46 altos miembros de la cúpula de la Corte y que, en dos años, les aumentó el salario entre un 26% y un 96%.

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Además, esta entidad desembolsa entre un 11% y un 22,37% del salario base por un incentivo llamado Índice de Competitividad Salarial. Los porcentajes más altos los reciben los jueces (hasta un 22,37%), los magistrados (22,75%) y los miembros del Consejo Superior (22,37%).

Además, paga entre un 10% y un 30% adicional a los funcionarios solo por el hecho de ser empleados judiciales. A ese incentivo se le denomina Reconocimiento por el Ejercicio de la Función Judicial.

En tanto, los jueces y defensores públicos que tienen puestos de coordinación también reciben entre un 5%, un 7,5% y un 10% extra.

Se trata de una institución donde 1.800 empleados ganan, mensualmente, más de ¢3 millones y, en promedio, donde toda la planilla recibe ¢1 millón al mes solo en incentivos.

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