EscucharEn vez de afectar las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el proyecto de ley para reducir a cuatro años las deudas de los trabajadores independientes con esta entidad generará un “triple beneficio”:
- Contribución efectiva al financiamiento de los seguros sociales.
- Posibilidad de uso de los servicios de salud pública que brinda la CCSS.
- Posibilidad de afiliación y beneficio del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Así lo expuso la Sala IV en su pronunciamiento sobre el proyecto de ley que reducirá de diez a cuatro años el plazo de prescripción de las deudas de los independientes por cargas sociales no pagadas a la Caja. La resolución es una respuesta a una consulta planteada por diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN).
Luego de que el tribunal no encontró vicios de inconstitucionalidad en la iniciativa, esta fue aprobada en segundo debate, el pasado lunes 17 de abril, en la Asamblea Legislativa.
Efecto neutro sobre las finanzas de la CCSS
En la resolución, los magistrados de la Sala IV acogieron un informe de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS sobre el efecto neutro que habrá en sus finanzas al reducir las deudas de 10 a cuatro años. También, se tomó en cuenta el gasto en honorarios en que incurre la Caja para cobrar las obligaciones pendientes.
Los diputados del FA y del PLN alegaron que la CCSS tendría una reducción de ingresos por el impago de deudas existentes, la cual oscilaría entre ¢72.000 millones y ¢288.000 millones, lo que afectaría las finanzas de la institución.
Sin embargo, la Sala señaló que los legisladores no aportaron datos para demostrar esa afirmación; no se tomó en cuenta el monto que la institución declara incobrable, por ejemplo, cuando las personas no tienen ingresos o activo alguno para responder.
Un estudio de la Dirección Actuarial y Económica y de la Dirección de Cobros de la Caja calculó que las cuentas por cobrar de los seguros de salud y de pensiones bajarían en ¢246.887 millones, mientras que el monto incobrable en ambos sistemas es de ¢238.805 millones.
Para la presidencia ejecutiva de la entidad, el efecto de la reducción de la prescripción termina siendo “casi neutro” desde el punto de vista financiero.
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Ley no afecta finanzas de CCSS
En el oficio PE-3370-2022, del 23 de diciembre del 2022, la presidencia ejecutiva de la CCSS explicó que, si bien la reducción en el plazo de prescripción de deudas implica una disminución en ingresos potenciales, su magnitud no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los seguros sociales, por tratarse en promedio de ¢4.407 millones anuales. La Caja tiene un presupuesto anual de ¢5,7 billones (millones de millones).
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Por otra parte, el oficio indica que la prescripción retroactiva por una única vez, planteada en un transitorio del proyecto para las deudas existentes antes de la entrada en vigencia de la ley, generaría un gasto de ¢2.940 millones por los honorarios pagados a abogados para asumir los juicios cobratorios.
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Beneficios más allá de finanzas institucionales
“Dado ese margen de imposible recuperación crediticia, el fin extrafiscal que proyecta el citado transitorio no es contrario a la razonabilidad técnica, sino que procura generar opciones para que las personas trabajadoras independientes puedan normalizar su situación con la CCSS y, con ello, contribuir efectivamente (y ya no potencialmente) con el financiamiento de los seguros sociales, a la vez que les permite acceder a los servicios de salud y regímenes de pensiones y jubilaciones”, dice la sentencia de la Sala.
Al evaluar si estos beneficios para el trabajador independiente son congruentes con el derecho de la Constitución, los magistrados dicen que, en este tipo de relaciones fiscales, las normas jurídicas no siempre buscan satisfacer un objetivo de recaudación y financiamiento.
En ocasiones, añaden, parten de un esquema integral que procura el resguardo de otros fines como la llamada “extrafiscalidad” que pretende promover conductas, disuadirlas o redistribuir riqueza.
De ese modo, continúan, el uso del poder de la ley para procurar normalizar la “compleja y prolongada patología económica” de los independientes con la Caja, “engarza con fines públicos que el mismo sistema fiscal busca proteger, pero que además armoniza con principios constitucionales de solidaridad, trabajo formal y derecho a los seguros sociales”.
En ese sentido, los magistrados detallan que el texto contempla un plazo de 24 meses para que los trabajadores independientes no inscritos se registren en la Caja para poder acceder a la prescripción de cuatro años.
De no registrarse se les aplica la prescripción actual de 10 años, de acuerdo con el texto de la ley.
“Esto pone en perspectiva la finalidad de procurar que las personas trabajadoras independientes no registradas, así como las que sostienen obligaciones pendientes con la CCSS, puedan normalizar su condición de morosos, con el triple beneficio aludido”, reitera la Sala.
Esas finalidades trazadas en el proyecto no ponen en riesgo la autonomía de gobierno y administración sobre los seguros sociales de la Caja. Más bien, empatan con los principios de contribución, acceso a los servicios de salud, solidaridad social, la expectativa a beneficiarse de la universalidad de los seguros sociales y el ejercicio de un derecho en condiciones de formalidad, reza la sentencia.
