EscucharLa Sala Constitucional ordenó a Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, entregar información sobre funcionarios despedidos sin justa causa. El 26 de junio se ordenaron destituciones de funcionarios que habrían denunciado anomalías en el cuerpo de socorro.
Los magistrados fallaron a favor de Sebastián Sánchez Ramírez, estudiante de Periodismo y colaborador del medio Interferencia de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien presentó un recurso de amparo por la negativa de la institución a entregar el nombre, cargo de los funcionarios cesados, así como la fecha de despidos desde que se creó, por convención colectiva, la norma que abre el portillo a despidos sin justa causa.
La Sala dictó sentencia el 23 de agosto y el fallo aún se encuentra en proceso de redacción. No obstante, la oficina de prensa de la Sala IV confirmó que se ordena a Héctor Chaves entregar la información en un plazo de 10 días, a partir de la notificación de la sentencia.
El Cuerpo de Bomberos también fue condenado a pagar las costas, daños y perjuicios causados.
Según Interferencia, Bomberos alegó que no podía brindar la información por considerarla “sensible”. Sin embargo, los magistrados concluyeron que esa negativa “vulneró el derecho a la información y pronta respuesta”, pues los datos no son de carácter confidencial ni sensible.
Además, señalaron que, al involucrar fondos estatales, la información es de acceso público y, por tanto, debía entregarse al solicitante. Bomberos se financia, principalmente, con el 4% que se cobra sobre las primas de pólizas que se venden en el país más el 1,75% sobre todas las facturas de electricidad.
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Denunciantes de anomalías
El 26 de junio, el Cuerpo de Bomberos despidió a 10 funcionarios “sin justa causa”. Según Mónica Araya, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de Bomberos, estos empleados habían denunciado presuntas anomalías en la institución y supuestas irregularidades del director, Héctor Chaves León.
Los despidos se realizaron conforme al artículo 123 de la Convención Colectiva de la entidad, que permite tanto al Cuerpo de Bomberos como a cualquier trabajador terminar el contrato de trabajo sin justa causa.
“Es lamentable que las personas que están en esa lista son personas que estuvieron en mi oficina o me comunicaron en algún momento las irregularidades en temas administrativos de Bomberos”, declaró Araya en junio pasado.
Bomberos confirmó, a través de su oficina de prensa, que los 10 funcionarios fueron cesados en apego al artículo mencionado. La entidad argumentó que la medida “se ajusta al marco legal” y que a los afectados se les “cancelarán los extremos laborales correspondientes”.
Uno de los despedidos, de forma inmediata y sin preaviso, es Pedro Cabrera Vega, de 56 años, esposo de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina. Él tenía más de 28 años de servicio en la institución.
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Reactivación de artículo
En octubre de 2022, Mónica Araya, entonces presidenta del INS y del Cuerpo de Bomberos, solicitó al Consejo Directivo congelar la aplicación del artículo 123 de la Convención Colectiva. Su intención era proteger a los empleados que hubiesen sido testigos de anomalías.
Araya impulsó esta medida luego de recibir denuncias de presuntas irregularidades en el cuerpo de socorro. Argumentó que, mientras se investigaban los hechos, era necesario “evitar que testigos u otros funcionarios fueran amenazados y se obstaculizara la investigación”.
No obstante, el 6 de junio, el Consejo Directivo ordenó reactivar el artículo, a petición de Gabriela Chacón Fernández, nueva presidenta del INS y de Bomberos, según el acta N.° 0240.
La directiva consideró que la suspensión de esta norma cercenaba “parte esencial de las responsabilidades” del director de Bomberos, Héctor Chaves, de acuerdo con el departamento de Prensa.
Chacón explicó que la nueva Ley de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales suple la medida de protección al denunciante, lo que permite “la supresión o modificación del acuerdo”.
A finales de julio, Eduardo Soto, secretario de Bomberos en el Sindicato Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (Upins), confirmó que cuatro funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos despedidos sin justa causa, presentaron una demanda ante el Juzgado de Trabajo de Goicoechea.
Ellos argumentan despido injustificado y, como medida cautelar, solicitaron ser reinstalados en sus puestos mientras se resuelve el caso.
