Sala IV ordena a Rodrigo Chaves entregar información de pauta publicitaria

La sentencia número 2023005075 es la respuesta a un recurso de amparo interpuesto por el legislador frenteamplista, luego de que la Presidencia se negó a responder una solicitud de información planteada el 16 de enero pasado. El fallo del alto tribunal fue por unanimidad.

Robles pidió a Zapote el detalle de los gastos en publicidad del Gobierno Central y Casa Presidencial; el legislador pretendía analizar a cuáles medios de comunicación se estaban destinando esos recursos.

“Solicitamos la información desde el despacho, no nos la brindaron y tuvimos que recurrir a la Sala para que pudiesen respondernos. Estaremos atentos estos tres días que le han dado al Gobierno Chaves Robles para que nos brinden la información”, declaró el congresista.

Robles envió su solicitud al despacho del presidente Chaves el 16 de enero del 2023, y hasta la fecha no le han entregado al información.

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En su defensa ante el recurso de amparo, el presidente Rodrigo Chaves justificó que anteriormente ya había contestado otro oficio del diputado Robles en el que le planteaba consultas sobre el tema específico. El mandatario argumentó que la respuesta anterior también era válida para la consulta reciente.

Sin embargo, la Sala consideró que, a pesar de posibles contestaciones a oficios anteriores, subsiste el deber de la Administración de referirse específicamente al nuevo oficio planteado.

“Al consultante le asiste el derecho de contar con un documento escrito en el que conste la respuesta específica a lo que pregunta. Ahora bien, desde que se presentó la solicitud han transcurrido más de diez días hábiles. En consecuencia, el recurso debe declararse con lugar”, razonó el tribunal.

Siete magistrados votaron a favor del recurso: Fernando Castillo, Fernando Cruz, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro y José Roberto García.

El artículo 27 de la Constitución Política establece el derecho que tiene toda persona de acudir a cualquier órgano o entidad pública a peticionar sobre un asunto de su interés, que deberá ser resuelto por las autoridades estatales de forma oportuna, razonables, congruente, eficaz y en un plazo breve.