EscucharLa Sala IV ordenó al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) entregar las actas de su Consejo Ejecutivo al diputado Ariel Robles, del partido Frente Amplio (FA), luego de que esa institución no entregó la documentación al legislador.
Los magistrados ordenaron a Fernando Sandí Chacón, presidente del Sinart, entregar en un plazo de tres días la información solicitada por el diputado Robles, al considerar que la institución lesionó derechos fundamentales al negar el acceso a las actas.
Robles presentó el recurso el 4 de octubre. Argumentó que el Sinart no le respondió una solicitud enviada desde su despacho, en la cual pidió la totalidad de las actas del Consejo desde mayo 2022, cuando inició la administración del presidente Rodrigo Chaves.
La solitud fue planteada en el oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0320-2023, dirigido a Fernando Sandí, el día 8 de setiembre del 2023. El frenteamplista también preguntó si había un atraso en la publicación de las actas y requirió las razones técnicas o jurídicas que justificaran dicha tardanza.
Debido a que Robles no obtuvo respuesta, recurrió a los magistrados, quienes comprobaron que no había evidencia de que el Sinart le hubiese informado al parlamentario sobre el avance de la gestión ni que se le compartieran las actas.
El Sinart alegó que había enviado dos respuestas, pero ante la Sala IV, la institución no logró demostrar la entrega de esos oficios.
Según alegó el Sinart a la Sala IV, a Robles se le enviaron los oficios PE-349-2023, del 25 de setiembre de 2023, y PE-370-2023, del 09 de octubre de 2023. En el primero se le indicaba que se requería un plazo adicional a los 10 días hábiles establecidos por ley para brindar información pública, mientras que el segundo explicaba que, ante el peso de las actas, estas se le enviarían en una carpeta. No obstante, las notificaciones no llegaron al legislador.
“Si bien los citados oficios datan de fechas previas a que la autoridad accionada fuese notificada de la resolución inicial del recurso de amparo, lo cierto es que el recurrido no aportó prueba que permita acreditar fehacientemente que estos le fueron enviados al correo electrónico señalado por el petente como medio de notificaciones.
“En ese orden de consideraciones, se verifica la lesión a los derechos fundamentales del promovente”, concluyeron los magistrados constitucionales.
Robles es parte de los diputados que integran la comisión investigadora de los contratos del Sinart con otras instituciones públicas.
La Nación solicitó una reacción a Fernando Sandí la mañana de este lunes 27 de noviembre; la gestión fue enviada a su correo oficial.
Robles recurre nuevamente a la Sala
El diputado Robles confirmó que desde el pasado 3 de noviembre, día en que resolvió el recurso la Sala IV, fue notificado de la sentencia. Confirmó que el Sinart envió documentación, pero esta venía incompleta y era inexacta, por lo que este lunes recurrió nuevamente a la Sala para denunciar el desacato por parte de Sandí.
Según el nuevo recurso de amparo, la Sinart compartió una carperta donde aparentemente se incluían la totalidad de las actas; sin embargo, tres actas presentan datos erróneos.
El recurso indica que el acta 003-2023 del 6 de febrero del 2023 y la 009-2023 del 18 de abril del 2023 presentan información errónea, pues ambas señalan que se trata de la sesión ordinaria número 025-2023 del martes 22 de agosto de 2023.
En tanto, el acta número 025-2023 del 22 del agosto del 2023 no coincide con las actas 003-2023 y 009-2023.
El diputado indicó que el Sinart, desde su presidencia ejecutiva, mantiene la tesis de que la información fue enviada en su totalidad, pese a que faltan videos y respaldos de actas.
“Nos envían una información, pero está incompleta, al igual que lo señaló la Contraloría General en su momento; en la información que nosotros tenemos, no constan todas las actas”, aseguró el frenteamplista.
La agencia del Sinart obtuvo contratos por al menos ¢7.925 millones con 14 instituciones públicas para manejar su publicidad. El pasado 13 de septiembre, la Asamblea Legislativa creó una comisión para investigar los contratos, varios de los cuales fueron adjudicados sin concurso.
Luego, para cumplir con esos contratos, el Sinart contrató a tres empresas sin licitación. Una de las empresas contratadas pertenece a Christian Bulgarelli, identificado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como asesor de comunicación del presidente Rodrigo Chaves.
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