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La Sala IV acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por el abogado Giovanni Delgado, en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por anular la declaratoria de interés cultural que el gobierno había concedido a la Marcha de la Diversidad que se efectuó el pasado 30 de junio. En consecuencia, los magistrados otorgaron tres días hábiles a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, para se refiera a los hechos alegados por el recurrente, quien argumentó el mandatario tomó una medida discriminatoria contra la población LGTBI+ que, adicionalmente, puso en riesgo a los participantes de la caminata por San José.
Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala IV, envió la solicitud de rendición de informe a la ministra este martes 20 de agosto. El caso se tramita bajo el expediente 24-017737-0007-CO.
En el recurso de amparo, el abogado Delgado, miembro de la organización de la Marcha de la Diversidad en Costa Rica, también alegó que Casa Presidencial faltó a la verdad, el sábado 29 de junio, día anterior al evento, cuando emitió un comunicado de prensa en el que dijo que la caminata no contaba con los permisos correspondientes.
Según el recurrente, la organización gestionó los trámites necesarios para obtener la declaratoria de interés cultural, como en años anteriores. Ese título lo concedieron la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle. Este último funcionario actuó en nombre del mandatario, pues tiene autorización de Chaves para firmar en su nombre.
No obstante, un día antes de la marcha, Casa Presidencial argumentó que el presidente desconocía la existencia de la declaratoria y destituyó a la exministra de Cultura y al excomisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa Ortiz, además de que anuló el estatus concedido al evento.
En el recurso, el activista argumentó que, tras la anulación de la declaratoria, las autoridades de Tránsito decidieron no presentarse para custodiar las vías por donde transitaron los asistentes, lo que permitió que los conductores cruzaran sin supervisión, poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
Delgado alegó que el comunicado de la Presidencia no refleja la realidad. Sostiene que el mandatario sí estaba enterado del trámite, pues varios funcionarios de gobierno participaron en las reuniones de organización de la marcha. Además, señaló que la anulación de la declaratoria se realizó sin una justificación técnica, lo que, a su juicio, es un abuso de poder.
El recurrente insistió en que la decisión del Poder Ejecutivo es un acto discriminatorio, lo cual violaría varios artículos 11, 49, 140 y 148 de la Constitución Política.
En forma paralela, el abogado presentó una acción de inconstitucionalidad contra el acto en que se anuló la declaratoria de interés cultural.
“Consideramos que es un logro, por el momento, que se le exija a la Presidencia que dé las razones para un acto que a todas luces fue inconstitucional, a falta de un argumento objetivo, sino simplemente hechos subjetivos emitidos por el presidente.
“Esperamos que se condene al presidente por las acciones expuestas en el recurso de amparo. Adicionalmente, esperamos que se siente un precedente histórico para que no se vuelva a realizar un acto de discriminación por parte de Casa Presidencial, que han sido recurrentes en los últimos meses”, expresó el impugnante.
