EscucharLa Sala IV rechazó una acción de insconstitucionalidad presentada contra la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la cual se encarga de investigar las denuncias sobre beligerencia política y dictar sanciones en primera instancia.
Con la resolución, este órgano del TSE tiene vía libre para resolver al menos 200 denuncias sobre presunta beligerancia, después de pasar cerca de un año sin poder emitir resoluciones en esta materia.
La beligerancia política es el acto ilícito que se comete cuando un funcionario muestra parcialización a favor de un partido político en el ejercicio del cargo, o bien, cuando un funcionario con prohibición de participar en actividades políticas incurre en ellas, según el artículo 105 de la Constitución.
Esta falta conlleva destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años. Sin embargo, si el culpable es un alto cargo público, como el presidente de la República, un ministro, un magistrado o la contralora, el TSE solo dará cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación.
En el voto 2024-0023861, por mayoría, la Sala Constitucional declaró sin lugar la acción que había impugnado cuatro artículos del reglamento que encarga la investigación de los casos de beligerencia a la Sección Especializada del TSE. Así lo informó el alto tribunal mediante un comunicado de prensa este jueves.
El reclamo lo habían interpuesto los abogados David Salazar Morales y Josué Bogantes Carvajal, en representación del exalcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Isaac Herrera Paniagua, por un procedimiento contencioso electoral sobre presunta participación política prohibida, que data del año 2017.
En setiembre del 2019, se había presentado otra acción contra los mismos artículos del reglamento, lo que también provocó que se suspendieran las resoluciones en estas mismas materias desde ese momento y hasta junio del 2023.
Sin embargo, debido a que la Sala Constitucional no se pronunció sobre el fondo, sino que rechazó la acción por aspectos formales- se presentó una nueva acción en julio del 2023, en la misma línea que la anterior, y se suspendió de nuevo la posibilidad de dictar resoluciones finales en esa materia, hasta ahora que se rechaza la gestión.
Andrei Cambronero, letrado del TSE, explicó que la competencia decisora del TSE estuvo suspendida casi cinco años, salvo por un breve periodo en el 2023, en el que se resolvieron cerca de casos.
Según confirmó Cambronero, a la fecha el TSE tiene pendientes más de 200 expedientes, de los cuales 130 ya están listos para sentencia, por lo que ahora podrían resolverse más rápidamente. El tiempo para dictar sentencia depende de varios factores, como la revisión del procedimiento sancionatorio, la necesidad de repasar el vídeo de la audiencia y revisar si se hizo una adecuada valoración de la prueba.
Voto crea jurisprudencia
Para el TSE, el reciente fallo del Tribunal Constitucional no solo es motivo de festejo, sino que refuerza la autonomía institucional y establece un importante precedente en la jurisprudencia costarricense.
“Es una forma en la cual nosotros preservamos un valor muy costarricense de nuestra Constitución, que es la autonomía del TSE frente a cualquier poder del Estado, pero también una forma en la cual, siempre dentro de esa particularidad, respetamos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con lo cual el país en general, y el Tribunal en particular, siempre hemos estado comprometidos”, agregó Cambronero.
El vocero del TSE explicó que el Derecho Internacional establece, dentro de los Derechos Humanos, la necesidad de que las personas dispongan de un recurso que les permita revisar las decisiones sancionatorias en su contra; por ello, el TSE creó en 2016 la Sección Especializada.
Esta sección es integrada por magistrados suplentes, con la finalidad de pronunciarse en primera instancia sobre si un funcionario es responsable de beligerancia política u otras faltas que, en el caso de los gobiernos de elección popular, puedan derivar en la cancelación del credencial.
Así, los investigados pueden apelar ante una segunda instancia: los magistrados del TSE.
En 2023 el órgano electoral presentó un proyecto de ley con el objetivo de formalizar la creación de esta sección del TSE a través de una reforma al Código Electoral.
Este proyecto busca darle un marco legal más sólido a la sección que, hasta ahora, ha operado bajo un reglamento.
