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Casi tres años después de que el Tribunal de Ética del PLN acordó expulsar de esa agrupación a la exdiputada Maureen Ballestero, el castigo sigue sin aplicarse y la sanción se encuentra en el “limbo”. Así lo confirmó a La Nación el presidente del Tribunal de Ética, Manuel Carballo.
En febrero del 2015, este órgano acordó suspender a Ballestero de toda actividad política durante tres años por haber usado una avioneta de Seguridad Pública para fines particulares, mientras era diputada en el 2009.
Por esos hechos, la exlegisladora recibió una condena judicial por peculado en el 2013, la cual la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante un periodo de tres años.
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Ante el castigo impuesto por el Partido, Ballestero presentó un recurso de revisión y nulidad, que se trasladó al Tribunal de Alzada. Sin embargo, dos años después, la apelación no se ha resuelto ni la sanción se ha aplicado.
¿Por qué? Las cabezas de esos órganos internos del Partido Liberación Nacional (PLN) dijeron no tener claridad sobre qué ocurrió con el caso.
No obstante, al pedirles una copia del documento en que consta el traslado, dijeron que no está en el expediente.
Carballo sí aportó un pronunciamiento del Tribunal de Alzada que rechaza una recusación contra los miembros del Tribunal de Ética presentada por Ballestero.
Por su parte, en el Tribunal de Alzada afirman que el caso de Ballestero nunca llegó a ese órgano. En esta posición coincidieron el presidente, Gerardo Sanabria, y la integrante Rose Emile Bouzid. “El Tribunal de Alzada no ha recibido ese expediente y no está en apelación en este momento”, aseguró Bouzid.
Sin embargo, en los documentos de la recusación sí aparece la firma de Sanabria.
La misma Ballestero había confirmado a La Nación, a finales del 2015, que su caso estaba "congelado" en el Tribunal de Alzada.
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Este medio contactó a Ballestero el miércoles, quien atendió el teléfono pero indicó que no podía hablar en ese momento. Solicitó que la llamaran de nuevo en dos horas, pero después no respondió las múltiples llamadas hechas a su celular.
Por su parte, Manuel Carballo indicó que este lunes plantearía el caso en la sesión del Tribunal de Ética. “Voy a ver qué se puede subsanar de la carencia, la falla o ausencia de información al respecto”, dijo.
Actividad política
La ausencia de un pronunciamiento por parte del Tribunal de Alzada sobre su expulsión del PLN le ha permitido a Ballestero seguir participando de las actividades partidarias y ejercer como delegada cantonal por Liberia.
Incluso, Ballestero se ha visto nuevamente en la arena política al lado del candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, con quien colabora en asuntos ambientales e hídricos. Recientemente, asistió a la presentación de una propuesta para prohibir la importación de vehículos de combustible, que realizó el aspirante presidencial el 26 de setiembre anterior.
Ennio Rodríguez, coordinador del equipo a cargo del programa de gobierno verdiblanco, confirmó que Ballestero colabora en una de las subcomisiones que trabajan en la propuesta, pero dice que no tiene un puesto de decisión.
A su vez, la exdiputada asistió a una reunión del PLN en junio, donde se ratificó la candidatura de Álvarez Desanti.
Una situación muy distinta se dio con el caso del excandidato presidencial Johnny Araya, quien fue expulsado del PLN en diciembre de 2014 por renunciar a su candidatura presidencial. Araya apeló la resolución ante el Tribunal de Alzada y este órgano tardó solo cuatro meses en rechazar la solicitud, con lo que dejó en firme la sanción.
Mientras la sanción a Araya se ejecutó un año después de haber dejado la candidatura, en el caso de la diputada Ballestero ya han pasado ocho años desde sus viajes en la avioneta del Ministerio de Seguridad.
Polémicos vuelos
Ballestero fue condenada en un proceso judicial abreviado luego de aceptar haberse aprovechado de las aeronaves de Seguridad Pública para ir de San José a Guanacaste. En uno de los traslados, ella asistió a una asamblea cantonal del PLN en la que era delegada. Ante los jueces, la exdiputada reconoció haberse equivocado.
“Cometí un error. Tenía que asumir mi responsabilidad. Otros cometen errores y de manera muy cobarde hacen todas las acciones para no enfrentar la justicia”, dijo el 16 de setiembre del 2013, cuando fue condenada por el Tribunal Unipersonal de Hacienda por dos delitos de peculado (sustraer bienes públicos para beneficio propio).
La guanacasteca fue acusada por dos delitos pues fueron dos viajes; el primero a la asamblea partidaria, el 5 de setiembre del 2009, y el segundo, el 11 de octubre de ese mismo año, cuando asistió a otra cita de carácter político en Liberia.
