La próxima vez que los diputados hagan votaciones sobre acusaciones y suspensiones de altos jerarcas de los poderes de la República ya no tendrían que hacerlo en secreto, como ordena el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Eso se debe a que las reglas del Congreso están por cambiar, si los diputados avalan la reforma reglamentaria que dictaminó favorablemente una comisión parlamentaria el lunes pasado y que seguiría su curso este lunes, en el plenario.

La eliminación del secreto en las votaciones sobre acusaciones y sanciones de altos jerarcas del Estado es solo una de las modificaciones que incluye el proyecto para modificar el Reglamento.

Dicha reforma se tramita bajo el expediente legislativo 21.116, por vía rápida, según lo acordaron por más de 38 legisladores, en diciembre pasado.

La presidenta del Directorio legislativo y, a la vez, presidenta de la comisión que dictaminó la reforma, Carolina Hidalgo, destacó los cambios avaladas por los congresistas, en particular esta que llevaría transparencia a las votaciones.

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“Eso se mantuvo, porque la idea es darle mayor transparencia a los procesos, la mayor cantidad de cosas que se puedan transparentar, es mucho mejor”, explicó la congresista del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).

Hidalgo destacó que dicha propuesta se mantuvo luego de una serie de discusiones en la comisión, pues hubo varios planteos que sí cambiaron y otros que se quedaron en el camino.

El liberacionista Roberto Thompson también destacó la eliminación de una norma que, en el pasado, generó polémica.

De hecho, el exmagistrado penal Celso Gamboa atacó la votación en que los diputados decidieron su destitución, en abril del 2018, bajo el argumento de que habían optado por hacer la votación pública, pese a que el Reglamento lo impedía.

Al eliminar dicha regla del texto, se evitarían los reclamos de los funcionarios que sean acusados y cuyo asunto pase por el plenario.

El reto de agilizar el Congreso

Uno de los objetivos principales y, a la vez, un reto fundamental de la reforma avalada por más de tres decenas de diputados es agilizar los procesos de formación de leyes.

Actualmente, la tramitación de una ley por la vía ordinaria es sumamente lento y eso genera que, incluso, haya proyectos con ocho o 15 años en el Congreso, destacó Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional.

Para eso, se reforman todos los artículos que hablan del uso de la palabra de los diputados en cuanto a mociones de forma, de fondo, de apelación, de revisión y también para hablar por el fondo de los proyectos, tanto en primero como segundo debates.

De hecho, todos los tiempos que establece el Reglamento para el uso de la palabra se recortan a la mitad.

Por ejemplo, en el artículo 107 se reduce de 30 a 15 los minutos que un diputado puede hablar sobre temas no regulados, como los nombramientos de magistrados o el atraque de buques armados extranjeros.

Antes, para esos temas un legislador podía usar la palabra hasta por una hora.

En el artículo 135, se cambia el tiempo que un legislador puede usar la palabra en mociones en el plenario de 15 a 5 minutos, mientras que por el fondo de la iniciativa legal se baja de 30 a 20 minutos.

También se introducen tiempos reducidos para hablar sobre mociones que, actualmente, no tienen un tiempo establecido, sino que se regían por las normas generales.

Eso implica que para hablar sobre cualquier tipo de moción, se tendrán solo cinco minutos.

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Para los segundos debates, sea en plenario o en comisiones plenas, también se reduce el tiempo: de 15 a diez minutos.

Cuando un parlamentario quiera apelar cualquier tipo de decisión del presidente legislativo, se darán diez minutos para su argumentación y la misma cantidad para el jerarca del Directorio.

Según Carolina Hidalgo, lo fundamental es la reducción de los tiempos, “en busca de ser más eficientes”. Además, destacó que se eliminan las subcomisiones dentro de las comisiones plenas, para agilizar las decisiones en esos órganos.

"El objetivo general es incentivar la toma de decisiones en un plazo prudente, para que los asuntos no queden en un limbo legislativo.

Una nueva vía rápida, paso a paso

Aunque ya las reglas legislativas les permitían a los diputados inventarse, a través de una moción de fondo, una vía rápida para proyectos que tuvieran el consenso de al menos 38 diputados, siempre era un proceso diferente.

Ahora, con la reforma al Reglamento que se tramita en el Congreso, se incluye todo un capítulo para que los diputados tengan claros cuáles son los pasos por seguir en un trámite abreviado de los proyectos, y no tengan que estarlo negociando cada vez que se requiera.

Eso sí, se desechó la propuesta original del proyecto que permitía a cada una de las fracciones pedir la aplicación de la vía rápida a un proyecto de su elección.

Según Hidalgo, eso habría implicado quitarle al trámite expedito su característica de “procedimiento de excepción”.

Cruickshank destacó que definir el procedimiento de vía rápida genera seguridad jurídica, dando agilidad a los proyectos, pero a la vez se mantiene el derecho de las minorías.

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Los pendientes

Los diputados aprovecharon para meter, dentro de esta reforma, una serie de acciones que son costumbre legislativa, pero que no estaban reguladas.

En ese carretillo están las puestas a despacho, que son comunicaciones necesarias para reactivar proyectos de ley, cada vez que inicia un periodo legislativo. Existirá la posibilidad de hacerlas por vía digital, también.

Igualmente, se regula el derecho de réplica cuando surge alguna polémica, ya sea en comisiones o en plenario. Eso sí, se le da al presidente la potestad de asignar la palabra, pero solo por dos minutos y exigir que los diputados se ajusten al tema en debate.

Entre los pendientes, está la posibilidad de asegurar el voto telemático, planteado por la liberacionista Ana Lucía Delgado, para situaciones como la de una diputada que deba estar en su casa con un permiso por maternidad y su voto sea fundamental para una decisión.

Sin embargo, eso podría generar roces de constitucionalidad, porque en la Constitución se habla de las votaciones de los “diputados presentes” en el plenario.

Tampoco se incluyó la posibilidad, que tenía cierto ambiente entre congresistas, de aplicar la vía rápida a proyectos de iniciativa popular (o sea, propuestas que lleguen al Congreso con firmas de al menos el 5% de los costarricenses del padrón electoral).

Allí el problema es que la Ley de Iniciativa Popular establece que se tramiten por vía ordinaria.

El tercer pendiente, y tal vez el más importante, es el de elevar la cantidad de firmas requeridas para que se envíe una consulta no obligatoria de un proyecto a la Sala Constitucional.

La idea es elevar el requisito de diez a 20 firmas. No obstante, la Ley de la Jurisdicción Constitucional tendría que modificarse para hacer valer dicha reforma.