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Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso a la Comisión de Reformas Políticas y Electorales de la Asamblea Legislativa conceder a los diputados la facultad de remover de su cargo a los ministros que incumplan con la ley o con las expectativas de la ciudadanía.
El líder político afirmó que la medida permitiría fortalecer el control político que actualmente realiza el Congreso, respecto a las actuaciones de los integrantes del Poder Ejecutivo.
“Una de las grandes quejas que percibimos de la ciudadanía es que el control político que se ejerce en el Parlamento es débil, en el sentido de que, la simple comparecencia de un ministro no revierte el hecho de la incompetencia o el incumplimiento de la ley y, en ese sentido, el control político debería de ir más allá.
“El Poder Legislativo debería tener el poder de incidir en que ciertos ministros sean removidos de sus cargos si no cumplen con la ley, tal como lo demanda la Constitución Política. Esto es un paso audaz, pero importante”, argumentó Guillén durante una comparecencia ante ese foro legislativo, el pasado 17 de abril.
El verdiblanco aclaró que no aboga por un cambio hacia un sistema parlamentario, donde la continuidad del gobierno y la estabilidad del Poder Ejecutivo dependen de la confianza política del Parlamento.
Sin embargo, aseguró que existen herramientas del parlamentarismo que podrían ser de utilidad al sistema presidencialista, bajo el cual se rige Costa Rica. Incluso, aseguró, que establecen mayores límites entre los supremos poderes para evitar posibles intromisiones.
¿Cómo operaría?
Guillén explicó a La Nación que la remoción de los ministros se podría implementar mediante una reforma a la figura de la censura, que ya existe en el país y que, actualmente, consiste en una simple declaración política, que carece de efectos jurídicos.
“La censura implicaría la remoción de ministros. Hoy en día el control político no tiene mayor incidencia, incluso cuando se demuestra que un ministro incumple su deber”, detalló el abogado.
Una de las atribuciones que la Constitución Política le otorga a la Asamblea Legislativa, es la de censurar a los ministros, si se determina que son culpables de actos inconstitucionales o ilegales. Otra causal es que se concluya que cometieron errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos.
Esta competencia está reconocida en el inciso 24 del artículo 121 de la carta magna. Para poder implementarla, se requiere que dos tercios de los diputados presentes en el plenario aprueben una moción. Si están los 57 legisladores, se requeriría de 38 votos.
Si bien en otros países una moción de censura conlleva la obligación del jefe de Estado de destituir al funcionario, en Costa Rica es solo un pronunciamiento de rechazo al accionar de un jerarca.
El Congreso no aprueba una moción de censura desde hace casi 30 años, cuando el 15 de diciembre de 1995 se avaló esa sanción política en contra del entonces ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro Fernández.
Los diputados de esa época reprocharon a Castro el encabezar un contingente de policías que desfiló hasta las puertas de la Asamblea Legislativa, algunos equipados con fusiles M-1, revólveres 9 milímetros y chalecos antibalas. El voto de censura fue apoyado por 51 de los 56 legisladores que estaban presentes en el plenario.
El esfuerzo más reciente de censurar a un jerarca fue protagonizado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el 18 de julio del 2023.
Durante esa sesión se discutieron tres mociones que no alcanzaron los votos suficientes para lograr el acuerdo de censura. El ministro fue acusado, por diputados de oposición, de utilizar la Dirección de Tributación como arma de persecución política contra ciudadanos críticos del gobierno.
Los congresistas cuestionaron a Acosta por las omisiones y contradicciones en que incurrió en torno al supuesto “megacaso” de evasión que el gobierno de Rodrigo Chaves atribuyó a una sociedad del empresario Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy y del Banco BCT.
Un bloque conformado por los 10 congresistas del partido de gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), junto con cinco diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y cuatro de Nueva República, impidieron que se aprobara la sanción política.
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Guillén: ‘Congreso debería ratificar al ministro de la Presidencia’
Guillén también sugirió a ese foro parlamentario que la Asamblea Legislativa tenga la competencia de ratificar, con el voto de la mayoría, a la persona que el mandatario seleccione para ocupar el cargo de ministro de la Presidencia, debido a la importancia que este cargo tiene para lograr el avance de la agenda del gobierno.
El líder político aseguró que este cambio daría mayor fortaleza y legitimidad al jerarca, en su papel de coordinador y facilitador, en momentos en que los procesos de negociación se vuelven más complicados, producto de la fragmentación de las fuerzas políticas, que han surgido en los últimos años, en el sistema democrático costarricense.
“Eso le brindaría un peso, músculo y relevancia política para que pueda impulsar acuerdos de trascendencia para el país, coordinar entre ambos poderes de la República y articular acuerdos nacionales entre sectores”, expresó Guillén a este medio.
Igualmente, el verdiblanco recomendó que el ministro de la Presidencia comparezca, al menos, dos veces al mes ante el plenario, con el fin de mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la coordinación de iniciativas.
Guillén destacó que estos temas deben analizarse a la luz “de la urgente necesidad de que se tomen decisiones con mayor prontitud, no tolerando la incompetencia en los cargos ministeriales y/o institucionales”.
