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Seis instituciones públicas se declararon anuentes a ceder sus superávits al Gobierno Central, ya sea para amortizar la deuda pública o atender la emergencia del nuevo coronavirus.
Tal voluntad la comunicaron en la última semana, al Congreso, la Imprenta Nacional, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), la Junta Administrativa del Registro Nacional y la Junta de Protección Social (JPS).
Se trata de la mayoría de entidades incluidas en el proyecto de ley Pagar, con el cual el Ejecutivo pretendía, en un principio, recaudar ¢226.000 millones para disminuir la deuda pública, que ya llegó a un 58,5% del producto interno bruto (PIB).
Otras tres instituciones se oponen a aportar sus recursos, los cuales significan una cuarta parte del plan, mientras que dos no han enviado a la Asamblea Legislativa ningún criterio.
El plan Pagar forma parte de la lista de iniciativas que el gobierno pide a los diputados tramitar con carácter de urgencia, con el fin de sumar ¢1 billón para paliar los efectos económicos y sanitarios que genera la pandemia de covid-19.
La propuesta del Ejecutivo es recurrir a los superávits de 11 instituciones, dinero que equivale a un 0,62% del PIB.
Los recursos que aportarían las entidades que expresaron su anuencia, en los últimos días, suman más de ¢112.000 millones.
De las seis, solo la JPS pidió que, en vez de entregar el 100% de su superávit (¢34.000 millones), se le permita conservar ¢15.000 millones, los cuales se usarían para hacer arreglos en el edificio de la Junta, en la ampliación del hospital geriátrico Raúl Blanco Cervantes y en girar utilidades a las organizaciones de bien social que reciben fondos de la lotería.
La JPS, además, quiere evaluar la posibilidad de apoyar económicamente a los chanceros que se verán afectados por la suspensión de los sorteos debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
Aunque el proyecto de ley Pagar está entre las iniciativas cuya aprobación le urge al gobierno, dudas y desacuerdos entre las fracciones legislativas provocan que posiblemente la discusión del plan, en el Congreso, se postergue para la próxima semana.
ICT se arrepiente
De las 11 instituciones incluidas en el proyecto Pagar, tres se oponen a renunciar a su superávit.
Una de esas es el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el cual, inicialmente, accedió a aportar ¢14.000 millones de los ¢25.800 millones que tiene en superávit.
No obstante, en el criterio que envió el jueves de la semana pasada a la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, el Instituto comunicó que, en vista de la paralización de la actividad turística en el país, ya no tiene margen para perder fondos.
“Estimamos, en el mejor de los escenarios, una disminución de cerca de ¢24.000 millones, suma que representa cerca del 50% del presupuesto de ingresos del ICT y que, en caso de que estos recursos le sean quitados al ICT, implicaría un cierre técnico de la institución, lo que equivale a quitarle la materia prima al sector turístico”, dice el acuerdo que tomó la Junta Directiva del ICT.
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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) también se opone a que se le quiten ¢5.600 millones de su superávit. La entidad financiera afirma que el cálculo del gobierno es erróneo y que en realidad, solo tiene ¢2.900 millones, los cuales, según la Superintendencia, están reservados para atender compromisos contractuales y proyectos estratégicos.
Sutel, además, considera que tampoco deben tocarse los ¢40.000 millones que el gobierno pretende tomar del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), bajo al alegato de que tal acción afectaría la misión del Fondo, que es contribuir a reducir la brecha digital en el país.
La decisión final, para cada caso, es de los diputados.
Hasta este lunes, la Asamblea Legislativa no había recibido ningún criterio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el cual aportaría ¢9.500 millones de la liquidación de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco); ni del Fondo del Consejo de Salud Ocupacional, de donde se tomarían otros ¢18.000 millones.
Aporte de cada institución, según plan Pagar
1) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): ¢33.000 millones
2) Instituto Costarricense de Turismo (ICT): ¢25.800 millones
3) Junta de Protección Social (JPS): ¢34.000 millones
4) Instituto de Desarrollo Rural (Inder):: ¢17.000 millones
5) Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP): ¢536 millones
6) Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): ¢5.600 millones
7) Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel): ¢40.000 millones
8) Junta Administrativa del Registro Nacional:¢24.000 millones
9) Imprenta Nacional:¢18.600 millones
10) Fondo del Consejo de Salud Ocupacional ¢18.000 millones
11) Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope): ¢9.500 millones, que deberá trasladar al Ministerio de Hacienda de la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (SORESCO).
