De aprobarse en la Asamblea Legislativa la reforma al empleo público que presentó el Gobierno, el Estado podría ahorrarse hasta ¢268.000 millones anuales en el pago de remuneraciones a sus funcionarios, según una estimación elaborada por el Ministerio de Planificación (Mideplán).

El plan de la administración Alvarado Quesada propone un sistema de salario único para los futuros empleados, es decir, uno en el que los sueldos sean competitivos por sí solos y carezcan de los incentivos que hoy provocan un crecimiento exponencial en el gasto público con el paso del tiempo.

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A lo largo de 35 años, el país podría economizarse hasta ¢9,5 billones, una cifra muy parecida a todo el Presupuesto Nacional del 2019, que es de casi ¢10 billones.

En el mejor escenario, los contribuyentes podrían ahorrarse un promedio de ¢268.000 millones anuales, dinero suficiente para construir 26 pasos elevados como el que se levanta sobre la rotonda de Garantías Sociales, o para construir dos tramos de carretera como Cañas-Liberia.

La cifra también equivale a un 0,70% del producto interno bruto (PIB), en momentos en que el déficit fiscal equivale a un 6,2% del PIB.

Sin embargo, el ahorro final dependerá de las condiciones en que se apruebe y ejecute la ley, pues existen otros escenarios. De hecho, en uno de ellos, el ahorro promedio sería de solo ¢84.000 millones anuales, lo que representaría una desmejora en comparación con el ahorro proyectado con la reforma fiscal.

En otros dos escenarios, se percibiría ahorro desde el primer año y, en uno, habría que esperar diez años para ver los frutos.

Los cálculos del Mideplán incluyen el dinero que el Estado se economizará en el pago de remuneraciones gracias a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal), la cual le puso límites al pago de incentivos como anualidades y dedicación exclusiva. En la actualidad, el sector público gasta ¢4,8 billones anuales en salarios.

El estudio del Planificación expone los siguientes 5 escenarios de ahorro con la reforma fiscal y la reforma al empleo público:

Escenario 1

Planificación estimó que, solo con la reforma fiscal, el Estado se ahorrará un promedio ¢162.000 millones anuales para un total de ¢5,6 billones en 35 años.

Este ahorro empezará a hacerse efectivo desde el primer año de vigencia de la ley, es decir, este año. Además, la inversión necesaria es de ¢0 (cero colones).

Escenario 2

El escenario 2 consiste en sumar el efecto de la reforma fiscal más el efecto de la reforma al empleo público, suponiendo que el 35% de los funcionarios actuales se pasarían del sistema actual de salario con pluses al de salario único, opción que está incluida en el texto.

Ese 35%, dice el Mideplán, es el porcentaje de empleados que vería beneficioso migrar al salario único en vez de permanecer con el esquema vigente. Se trata de funcionarios que hoy tienen salarios bajos. Con los incentivos actuales, sus sueldos crecerían considerablemente, pero tendrán que esperar años por ello.

Como la reforma al empleo público pretende ofrecer un salario único competitivo, estos trabajadores tendrían la opción de ver incrementado su salario de inmediato, no al nivel al que podrían llegar con el sistema viejo, pero sí recibirían una mejoría que, con el sistema actual, les tomaría años alcanzar.

El costo de elevar el salario a este 35% del personal hace de este el peor de los escenarios en términos de ahorro. El Estado se economizaría ¢2,9 billones en 35 años, mucho menos que con la reforma fiscal sola.

Para aumentar los sueldos de los funcionarios que se pasen de sistema, el sector público tendría que invertir ¢2,1 billones durante nueve años para, luego, percibir un ahorro de ¢5 billones a partir del año diez.

O sea, que el Estado tardaría una década recuperándose del costo que implicará la migración de parte de la planilla hacia el salario global.

Escenario 3

Es similar al anterior, pero contemplando que se pase el 20% de la planilla actual. En ese caso, el Estado se ahorraría ¢177.000 millones anuales para un total de casi ¢6,2 billones en 35 años.

Las instituciones tendrían que invertir ¢922.000 millones en seis años y, a partir del año siete, empezaría un ahorro que sumaría ¢7,1 billones.

Escenario 4

Supone que solo migre el 10% de a planilla actual, con lo que el ahorro sería de ¢190.000 millones anuales en promedio.

Luego de invertir ¢167.000 millones durante cuatro años, se percibiría un ahorro de ¢6,8 billones a partir del quinto año para un saldo positivo de casi ¢6,7 billones en los 35 años.

Escenario 5

Implica que el salario único solo se le concedería a los nuevos funcionarios, lo que libraría al Estado de invertir en alzas salariales para los empleados actuales.

En este caso, el ahorro sería de ¢268.000 millones anuales en promedio para un total de casi ¢9,4 billones, el cual empezaría a sentirse desde el primer año.

Para ello, los diputados tendrían que cerrar la puerta que permitiría a los funcionarios actuales trasladarse del sistema de pluses al de salario único, a fin de que únicamente se ajusten a lo que dicta la reforma fiscal.

Posición de Planificación

En diversas ocasiones, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ha reiterado que el objetivo de la reforma al empleo público no es el ahorro, sino la eficiencia y la paridad en las remuneraciones.

“El proyecto busca mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, la transparencia y la democratización del reclutamiento, y la búsqueda de la excelencia. También procura reducir la desigualdad, aumentar la calidad del gasto y continuar hacia la senda de la sostenibilidad de las finanzas públicas', aseguró Garrido.

Sin embargo, aunque la reforma fiscal fue aprobada por los legisladores el 3 de diciembre de 2018, afronta dos acciones de inconstitucionalidad en la Sala IV presentadas contra su título III, concerniente a empleo público, por parte del Sindicato del Banco Nacional y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP)

A su vez, las universidades públicas presentaron una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo contra el decreto de aplicación de la ley, exigiendo que se les exima de las medidas de ahorro.

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“Si la Sala dice ‘la (ley) 9635 es inconstitucional’, entonces todo lo que se había estimado de ahorros con la reforma fiscal ya no se vería”, comentó Ivania García, jefa de despacho del Mideplán y quien trabajó en la elaboración de las proyecciones de ahorro expuestas en este artículo.

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Detalles de la medición

Los cálculos del Mideplán incluyeron 263.495 de los 277.391 funcionarios públicos que componen la planilla estatal al 2019.

CONSULTE LA BASE DE DATOS UTILIZADA PARA EL CÁLCULO

Se excluyeron 13.936 personas que laboran en la banca estatal, pues ellas ya tienen salario único, argumentó el Mideplán.

No obstante, el impacto de la reforma fiscal sí se contabilizó sobre el total de empleados.

Las proyecciones se visualizaron a 35 años plazo tomando como base las 420 cuotas (12 por año) que estima la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como el plazo promedio de una vida laboral.