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El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) afronta problemas para cumplir los contratos publicitarios con sus clientes, principalmente instituciones públicas que encargaron a la empresa estatal el manejo de su pauta.
Además, el Sinart sufre un déficit presupuestario de ¢310 millones en el rubro destinado a pago de salarios este año. Así lo revelan las actas del Consejo Ejecutivo del mes de enero, a las cuales tuvo acceso La Nación.
El 16 de enero, Federico Amador, director general del Sinart, comunicó a los directivos que la institución quedó mal con todos los clientes cuyos contratos se incluyeron en los presupuestos extraordinarios que la Contraloría General de la República (CGR) improbó.
El funcionario añadió que a muchos de esos clientes les suministraron trabajos de forma gratuita para que no tuvieran repercusiones en sus planes de medios.
“Se los hicimos y los colocaban directamente, tratando de mantener la relación”, dijo.
Amador les contó a los directivos que, una semana antes de la sesión, el Sinart tuvo que rechazar un requerimiento de la Universidad Nacional (UNA) para comprar publicidad en medios de comunicación, porque no se disponía de presupuesto.
“Provocó una molestia en ellos, dijeron que ‘con ustedes (Sinart) siempre pasa lo mismo; si no es una cosa es otra, y siempre debemos acomodarnos a los requerimientos de ustedes’”, relató.
Según Amador, perdieron ¢170 millones por servicios que ya tenían órdenes de contra, pero debieron detenerlos por el problema presupuestario.
La situación fue nuevamente abordada en la sesión del 30 de enero. El director general comunicó que el Banco Central (BCCR) mantendría el contrato con la agencia de publicidad del Sinart hasta el mes de abril. “Ellos no quieren más con el Sinart”, aseguró.
Pérdidas
En esa misma sesión, el presidente ejecutivo, Fernando Sandí, mencionó que la situación financiera de la empresa estatal le fue expuesta al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El Sinart cerró el 2023 con pérdidas por ¢521 millones, un 1.302% más que los ¢40 millones del 2022.
En julio y setiembre del 2023, la CGR improbó al Sinart dos presupuestos extraordinarios que tenían como objetivo incorporar recursos por la venta de servicios de manejo publicitario a instituciones públicas, por un total de ¢5.038,2 millones.
Los planes de gastos fueron rechazados por diversos incumplimientos. Por ejemplo, no se garantizó el principio constitucional de plurianualidad, mediante el cual se debe asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos.
Los presupuestos improbados incluían servicios para la Junta de Protección Social (JPS), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
También aparecían en la lista la Presidencia de la República, el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJD) y la Municipalidad de Montes de Oca.
Posteriormente, la Contraloría también rechazó el presupuesto de ¢9.494 millones propuesto inicialmente para el 2024.
Durante la sesión del 16 de enero, el Consejo Ejecutivo del Sinart aprobó un presupuesto de ¢5.354 millones para el 2024. El monto es menor a los ¢5.819 millones del 2023.
El área financiera explicó que, a raíz de la improbación de la Contraloría, debieron usar el presupuesto del 2023 como base pero sin exceder, en cada partida, el monto que estaba en el plan de gastos rechazado.
Esto quiere decir que, si en el presupuesto improbado del 2024 había una partida en cero, esta también debía quedar en cero en el plan alternativo, aun cuando en el 2023 se hubieran previsto ¢10 millones en ese rubro.
Hueco en partida de salarios
El jefe financiero contable del Sinart, Carlos Álvarez, informó el 16 de enero al Consejo Ejecutivo de que, para el año en curso, la partida de salarios bajó de ¢3.264 millones a ¢2.954 millones.
Para paliar las dificultades financieras, Federico Amador envió una circular el 9 de enero en la que instó a todo el personal de la institución a solicitar el finiquito de la relación laboral bajo la figura del mutuo acuerdo.
Veintitrés funcionarios manifestaron su interés, un 11% del total de la planilla, que está conformada por 212 trabajadores. Para cubrir el pago de las liquidaciones, el Ministerio de Hacienda asignó ¢1.100 millones al Sinart.
La entidad también planea congelar 14 de un total de 19 plazas que actualmente tiene vacantes, con lo que esperan generar un ahorro de ¢200 millones.
Amador indicó que esas son las acciones más inmediatas, ya que la convención colectiva establece que, para hacer despidos, se debe “hacer una reestructuración y tiene que irse al menos el 40% de un departamento”.
Igualmente, se conversó sobre la necesidad de “amarrarse la faja” y asumir responsabilidades adicionales. “Creo que la situación económica lo amerita en este momento”, concluyó el director general.
Por ejemplo, se decidió no sustituir a la jefatura comercial, sino que el director del área desempeñe esas funciones. Asimismo, Amador señaló que él tomaría como recargo la Dirección Administrativa y Financiera.
Preocupación por futuros contratos
El Consejo Ejecutivo también expresó preocupación por el criterio de la Contraloría sobre el 10% que, por ley, las instituciones públicas deben destinar para contratar al Sinart servicios de publicidad e información.
La CGR sostiene que el 10% debe originarse en una necesidad pública de pauta, la cual debe quedar plasmada en un plan de medios. Según explicó, así debe ser porque no se trata de una transferencia, ni un destino específico u obligación parafiscal, sino que debe existir un estudio de mercado que sustente la contratación.
“Eso, obviamente, nos pone cuesta arriba porque nos obliga no solo a hacer el estudio de mercado, sino que implicaría que, con respecto a ese 10%, vamos a estar en competencia con las demás empresas”, indicó al respecto el director jurídico, Francisco Amado Quirós
“Lo único que nos quedaría sería recurrir judicialmente, inicialmente con una medida cautelar y, consecuentemente, con el proceso ordinario a efectos de lograr que se suspenda esa orden. De lo contrario, desde el 20 de diciembre, por orden de la Contraloría, tenemos que se suspendieron todos los contratos que estaban en ejecución, y cualquier contrato nuevo que se haga con el 10% debe cumplirse de acuerdo con la instrucción girada por la Contraloría”, añadió.
La Nación envió consultas al Sinart el 25 de enero para conocer si alguna situación ha cambiado en relación con los hechos expuestos en las actas del Consejo Ejecutivo. Al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
