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El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) invitó a sus empleados a finiquitar por mutuo acuerdo los contratos laborales con la institución. La medida se debe a la caída de ingresos ocasionada por la improbación del presupuesto para el año 2024, por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
El 9 de enero, Federico Amador Arias, director general del Sinart, envió la circular PE-DG-001-2024 a todo el personal de la institución, instándoles a presentar por escrito sus respectivas solicitudes para terminar la relación laboral y fijando, como plazo máximo para hacerlo, el día 19 del mismo mes.
En la nota, Amador informó de que, según el Ministerio de Hacienda, se dispone de recursos para atender las solicitudes. Si bien se consultó sobre el monto asignado para este proceso, el Sinart no brindó la información.
La circular menciona que, de la totalidad de las solicitudes que se reciban, se le dará prioridad a quienes tengan plazas que no requieran ser sustituidas, ya que el compromiso con el Ministerio de Hacienda es reducir la planilla existente.
El Sinart cuenta con una planilla de 212 trabajadores y, hasta el 11 de enero, se contabilizaban 13 solicitudes.
¿En qué consiste el mutuo acuerdo?
Para la terminación de los contratos, el Sinart pretende usar la figura del mutuo acuerdo, contemplada en el inciso c), artículo 19, de su convención colectiva.
El numeral estipula que tanto la parte patronal como la trabajadora aceptan la extinción de la relación laboral, pero reconociéndole al funcionario todos los extremos laborales correspondientes a vacaciones, aguinaldo, cesantía y salario escolar (este último en los casos que corresponda).
Además de priorizar las plazas que se puedan cerrar de forma definitiva, se considerarán otros dos criterios adicionales para definir cuáles solicitudes atender.
El primero es que el trabajador tenga un salario compuesto, pues al sustituir la plaza por una de salario único, se genera un ahorro, de forma tal que, en el mediano plazo, se pueda recuperar lo invertido por concepto de pago de liquidación.
El segundo criterio es la necesidad de algunos departamentos de sustituir plazas que ya no responden a sus necesidades por nuevos perfiles que puedan salir a concurso.
“En caso de cumplirse las premisas mencionadas, se procede a valorar el tema económico, como monto de la liquidación, así como revisar si se cuenta con el contenido presupuestario y el contenido económico disponible para cubrir el monto de la liquidación correspondiente”, añade la circular.
La decisión final recaerá en el Consejo Ejecutivo del Sinart, que tendrá que decidir si acepta o rechaza la solicitud presentada.
Sinart debe contener gasto
En diciembre del 2023, la Contraloría improbó el plan de gastos de ¢9.494 millones que presentó el Sinart, porque no reunía las condiciones de suministro de información que permitiesen constatar el cumplimiento de los principios que rigen la materia presupuestaria.
Esto obligó al Sinart a iniciar el 2024 con el mismo presupuesto del 2023, que fue de ¢5.819 millones, “lo cual implica una disminución en varias partidas, incluida la de salarios y relacionados”, indicó la institución ante una consulta de La Nación.
“El Sinart S. A. debe asegurarse una contención en sus gastos para tratar de alcanzar un punto de equilibrio o, idóneamente, generar utilidades para reinvertirlas en su personal, equipos, tecnología y contribuir con los impuestos a las utilidades que se establecen para las empresas públicas del Estado a diferentes instituciones”, agrega una respuesta enviada por la presidencia ejecutiva.
Elementos que motivaron la improbación
En un oficio enviado el jueves 21 de diciembre por la Contraloría a Fernando Sandí, presidente ejecutivo del Sinart, el órgano señaló una serie de incumplimientos que motivaron la improbación del presupuesto 2024.
Uno de estos fue el incumplimiento del principio presupuestario de especialidad cuantitativa y cualitativa. La empresa reportó 29 contrataciones para justificar recursos por “ventas de otros servicios por servicios de agencia y planes de medios”. Sin embargo, seis de esos 29 acuerdos ya tienen gastos ejecutados por ¢515,8 millones.
Asimismo, el documento agrega que “se quebrantó el principio de universalidad e integridad”, en el tanto los ¢515,8 millones mencionados dejan de formar parte integral del presupuesto.
La CGR también señaló inconsistencias en 16 de las 29 contrataciones que justifican los ingresos, especialmente 11 de ellas que carecen de procesos de contratación iniciados o contratos suscritos.
“Además, la entidad incluyó recursos de tres contrataciones que finalizaron en el año 2023 y dos contrataciones finalizadas por medio de una rescisión parcial y, en otro caso, por la declaratoria de infructuosa”, detalla el oficio.
La proyección plurianual de gastos de Sinart también fue señalada como incongruente, pues no respeta los principios de sostenibilidad y continuidad de los servicios, establecidos en el artículo 176 de la Constitución Política.
