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Los dirigentes de los mayores sindicatos del país le advirtieron al presidente Luis Guillermo Solís de que no aceptarán un eventual congelamiento de los salarios de los empleados públicos, como medida para reducir el déficit fiscal.
La alternativa de frenar los aumentos semestrales por costo de la vida la planteó el ministerio de Hacienda como plan B para recortar los gastos del Gobierno Central, en caso de que un primer grupo de acciones no logre detener en menos de un 55% el nivel de endeudamiento en el presupuesto ordinario.
Ese plan A se aplicaría al presupuesto del 2017 e incluye el recorte a la mitad de las compras públicas y pasarles el bisturí a las transferencias corrientes.
Para este año, el pago de las remuneraciones de los empleados del Gobierno asciende a ¢2,5 billones (casi una tercera parte del presupuesto) y los diputados de oposición demandan acciones para contener su acelerado crecimiento, sobre todo en el caso de los pluses.
Oposición. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y líder del colectivo sindical Patria Justa, criticó las medidas de contención que ejecutaría Hacienda y fue duro al referirse al posible congelamiento salarial.
“Pensamos que el anuncio es laboral y socialmente explosivo. El Gobierno, al anunciar el posible freno a los salarios, invita a la confrontación social”, afirmó.
El dirigente dijo que sería injusto cargar más la mano de Hacienda sobre los trabajadores.
Vargas añadió que el país “se dirigiría al despeñadero” si las autoridades ejecutan recortes en las transferencias corrientes, muchas de ellas destinadas a programas sociales.
Por su parte, Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Undeca) y uno de los líderes del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), manifestó que el Gobierno actuaría “de forma criminal” si sigue frenando las alzas para el sector público.
Sin embargo, no solo se opone a esa medida, sino también al plan fiscal tal como lo planteó el Gobierno.
Bussco, que agrupa, entre otros, los gremios de educación pública y de la seguridad social, marchará a finales de abril para oponerse al aumento en la tasa del impuesto sobre las ventas, de un 13% actual a un 15%, tal y como lo propone el Poder Ejecutivo en el proyecto de creación del impuesto al valor agregado (IVA) que impulsa en la Asamblea Legislativa.
“Un congelamiento de los salarios sería castigar a la clase trabajadora. Y, si encima aprueban una reforma al impuesto sobre las ventas, que será completamente regresiva, entonces debilitarán muchísimo a las familias. Eso es actuar de forma criminal”, subrayó Chavarría.
Aunque una brecha ideológica los divide, Patria Justa y el Bussco coinciden en que, antes de cargar con más impuestos a los trabajadores, el Poder Ejecutivo debe explorar otras medidas para aumentar la recaudación fiscal y reducir el gasto público, como, por ejemplo, atacando la evasión y elusión.
