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Una acción penal planteada por el presidente Rodrigo Chaves contra La Nación para tratar de frenar la divulgación de audios de Presidencia grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, fue mencionada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como parte de una alerta sobre el uso de las demandas para acosar y silenciar a los medios de comunicación.
Dicha organización declaró “que el acoso judicial a través de demandas civiles desproporcionadas y demandas penales propicia la inhibición de la labor periodística”. A raíz de esta situación, instó “a las Cortes Supremas a que exhorten a los jueces a discriminar aquellas demandas por difamación que tienen la intención obvia de silenciar las denuncias periodísticas”.
Si bien la SIP también sustenta su pronunciamiento en situaciones presentadas en Brasil, Cuba, Panamá, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela, el mandatario costarricense es el único funcionario público nombrado en el documento.
“En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves denunció penalmente al diario La Nación y a la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, por divulgar unos audios grabados por ella sobre la contratación de un estratega de comunicación con fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”, señala el pronunciamiento.
El lunes 4 de diciembre del 2023, este diario empezó a publicar una serie de artículos con base en conversaciones que Navarro registró, entre mayo y agosto del 2022, cuando ella ejercía el cargo de ministra.
En los audios, se habla de la forma como se fraguó desde la Presidencia la contratación irregular del empresario Christian Bulgarelli con parte de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También se menciona la estrategia para tomar el control de los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas.
Al día siguiente, el martes de 5 de diciembre, el mandatario y el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial contra La Nación y la exministra por los supuestos delitos de “captura indebida de manifestaciones verbales y uso indebido de correspondencia, que violentaron el bien jurídico tutelado de la intimidad”.
En el punto sexto de la denuncia, se solicitó “al juez penal que emita la orden precautoria urgente de ordenar al medio La Nación abstenerse de realizar futuras publicaciones de los audios”.
Sin embargo, Fiscalía Adjunta de San José rechazó la petición, por considerar que las grabaciones no son de conversaciones privadas, sino que versan sobre dinero y contratos públicos. Igualmente, determinó que los audios no encajan en el delito penal alegado por el Poder Ejecutivo y que la pretención de frenar las publicaciones constituiría una censura previa, acción que está prohibida en Costa Rica.
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SIP: ‘Conducta de Chaves impacta libertad de prensa’
El pronunciamiento de la SIP tiene fecha del 19 de abril y fue aprobado durante la reunión de medio año de la organización. En el marco de este evento, también se divulgaron los informes de monitoreo que realiza para cada país de América, de las violaciones a la libertad de prensa y expresión.
Para el caso de Costa Rica, el reporte concluyó que “la conducta del presidente Rodrigo Chaves en contra de medios y periodistas continuó teniendo impacto sobre la libertad de prensa”.
En el documento, la SIP reitera la acción legal emprendida por el mandatario contra La Nación para frenar la publicación de los audios de la Presidencia.
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Asimismo, indica que el Colegio de Periodistas (Colper) y su presidenta, Yanancy Noguera, sufrieron intensos ataques verbales por parte del presidente, el ministro Comunicación y la jefa de la fracción de gobierno, Pilar Cisneros, tras su comparecencia en la Comisión Investigadora de la Pauta del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el pasado 1.° de abril.
De acuerdo con el reporte, estas presiones surgieron porque Noguera denunció en el foro legislativo que los manifestantes chavistas que agredieron en setiembre del 2023 a un periodista y a un camarógrafo del desaparecido noticiero NC Once tenían una constante relación y vínculos con tres diputados de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
‘Retención forzada’ de periodista británico
La SIP también tomó nota de la denuncia pública que hizo el periodista británico Karl Penhaul, el pasado 31 de marzo, luego de que la Dirección General de Migración y Extranjería le impidiera ingresar a Costa Rica, lo que provocó que tuviera que permanecer recluido dos días en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.
Penhaul calificó de “retención forzada” las actuaciones de las autoridades costarricenses.
Igualmente, la SIP cuestionó que tanto Migración como el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, no ofrecieran razones para evitar que el comunicador pisara suelo nacional. “Solo indicaron que el periodista no era apto para ingresar; aunque se supo que Penhaul está incluido en una lista de “no vuelo” del gobierno de Estados Unidos”, señaló.
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Obstrucción por parte de escoltas de Marta Esquivel
El uso de dos escoltas por parte de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, para impedir que periodistas la abordaran a su salida de una comisión en la Asamblea Legislativa, el pasado 25 de enero, fue también evidenciado en el reporte.
La SIP concluyó que los periodistas fueron obstruidos por esta acción, que involucró a dos oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI). Estos funcionarios protagonizaron encontronazos con los comunicadores, empujones, codazos y bloqueo a las cámaras de video y fotográficas.
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Al respecto, la organización destacó que el 21 de marzo la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo contra la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el director de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Jaffrey Cerdas;y la misma Esquivel.
La acción fue interpuesta por periodistas de Diario Extra, Noticias Repretel y CRHoy.
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Ataques a la SUTEL
La SIP resaltó el enfrentamiento entre el presidente Rodrigo Chaves y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), por el vencimiento de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión.
Al respecto, indicó que el mandatario dio a entender que la Sutel pretende favorecer a algunas emisoras de radio y televisión con la adjudicación de frecuencias y que podría ser responsable de un “apagón” de frecuencias, versión que fue rechazada por el órgano técnico.
“Desde que asumió el poder, el 8 de mayo de 2022, el presidente Chaves se ha referido a las frecuencias con un lenguaje ambiguo, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las concesiones”, indica la organización. Los contratos vencen el próximo 28 de junio.
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Avance positivo: Fallo a favor de periodistas
Finalmente, como un “avance positivo”, la SIP mencionó el recurso de amparo que la Sala IV declaró con lugar contra el Ministerio de Comunicación por violar los derechos fundamentales de tres periodistas del medio de verificación del discurso público, Doble Check, al incumplir su obligación de entregar información pública.
Los comunicadores reclamaron que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, y el director de Prensa de Casa Presidencial, Arnold Zamora Miranda, ignoraron cinco solicitudes de información. Los datos solicitados por Doble Check eran relativos al sustento de afirmaciones hechas por el presidente.
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Se trata de declaraciones sobre los precios del arroz, el porcentaje de población migrante que vive en Costa Rica, la posición del país en un informe internacional de lucha contra la corrupción y cifras que el mandatario ha mencionado para respaldar la exploración de posibles yacimientos de petróleo y gas natural.
