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Robert Soto Rivera, sospechoso de integrar una presunta banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, obtuvo un contrato para remodelar una escuela pública cuando esta era dirigida por el actual diputado socialcristiano Óscar Cascante.
El contrato lo ganó en abril del 2018 en la Escuela de Riojalandia, en Barranca de Puntarenas, un mes antes de que Cascante entrara a la Asamblea Legislativa.
Hilda Angulo Velásquez, entonces presidenta de la Junta de Educación de ese centro educativo, declaró que la empresa Rosori, representada por Soto Rivera y con sede en Curridabat, San José, fue invitada a concursar por el actual diputado.
La invitación a Rosori fue enviada el 5 de marzo del 2018 y la firmó la presidenta de la Junta. Solo tres empresas más fueron llamadas a concursar.
¿Cómo decidió la Junta de Educación invitar a esta compañía con sede en Curridabat?
“Esa empresa llegó y licitó para la segunda remodelación por medio de don Óscar (Cascante), así fue que llegaron ellos ahí. Cuando nosotros revisamos las licitaciones, ya las invitaciones habían estado en Dirección.
“Nosotros hicimos la licitación, nosotros escogimos conforme a la ley, pero cuando nosotros hicimos la licitación, ya los oferentes estaban ahí (…). Las invitaciones las hizo don Óscar Cascante”, manifestó Angulo.
Lorena Blanco, actual directora del centro educativo de Riojalandia, aseguró que cuando ella tomó las riendas de la escuela, ya todo estaba contratado, pues el proceso se desarrolló bajo la administración del diputado Cascante.
Al consultársele por estos hechos, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) rehusó contestar las preguntas al respecto, por medio de su abogado, al alegar que “son sugestivas”.
El legislador negó que él hubiese enviado las invitaciones y alegó que así lo demuestra el expediente del contrato.
El pasado 13 de julio, durante una comparecencia ante la comisión legislativa que investiga la penetración del narcotráfico en la zona sur, Cascante aseguró que tuvo contacto con Soto Rivera y con otro de los investigados en el presunto caso narco, el fallecido Luis Guillermo Cartín Herrera, por un proyecto de vivienda social en el cantón de Corredores.
No obstante, añadió que a Robert Soto lo conocía desde antes.
“A Robert lo conozco un poquito más atrás, en enero (del 2018), en ocasión de otro proyecto, no de vivienda, sino un proyecto constructivo del Ministerio de Educación”, dijo Cascante.
“Yo lo conozco, a Robert Soto, en ocasión como director de la escuela de Riojalandia, él gana un proyecto y ahí es donde yo lo conozco”, agregó el diputado.
Esa misma comisión desistió de llamar a comparecer a Soto Rivera y a Alejandro Cartín Ramírez, otro de los sospechosos en el presunto caso narco.
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Remodelación
El contrato en Riojalandia ascendió a la suma de ¢240 millones. Si bien la contratación DIEE N° ER 0202-2018 estaba a cargo de la Junta de Educación local, fue financiada con fondos públicos de la Dirección Infraestructura Educativa (DIEE), del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El último pago por la remodelación fue girado a Rosori el 23 de junio del 2020.
El proyecto consistió en la segunda etapa de la remodelación del centro educativo.
Dicho contrato fue adjudicado mediante la modalidad de invitación, la cual consiste en entregar una carta a empresas para que participen, sin publicitar el concurso.
La empresa Rosori está inscrita como proveedora en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Sin embargo, en ese sitio no registra contratos de construcción, sino de ventas de suministros para oficinas.
Robert Soto Rivera se encuentra en prisión preventiva como sospechoso en el Caso Turesky.
En esta investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presume que un grupo se dedicaba a trasegar drogas desde Colombia hasta Europa y, luego, invirtió al menos $20 millones en lujosos bienes.
Además, la banda habría incursionado en negocios como vivienda social, venta de arroz, turismo y un motel para lavar capitales provenientes del narco.
Soto Rivera visitó al diputado Cascante en, al menos, ocho ocasiones en la Asamblea Legislativa, incluso el día antes de ser detenido por el OIJ, el pasado 25 de mayo.
El legislador del PUSC realizó numerosas gestiones en favor de los negocios de Soto Rivera y otros sospechosos del presunto grupo narco, como Luis Guillermo Cartín Herrera y el hijo de este, Alejandro Cartín Ramírez.
Intercedió por ellos, por ejemplo, ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Banco Popular, la Presidencia de la República y la Municipalidad de Limón.
Soto y Cartín figuraban como socios en diversos negocios; uno de ellos fue la construcción de proyectos de vivienda de interés social. Además, intentaron construir un colegio público en Tamarindo, Guanacaste, pero la junta local les suspendió el contrato.
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Sin experiencia registrada en CFIA
Para la remodelación de la Escuela de Riojalandia, la DIEE aprobó en febrero del 2018 un presupuesto de ¢578 millones.
Para la segunda etapa, si bien fueron invitadas cuatro empresas, solo se presentaron dos ofertas para la mano de obra: la de Rosori y otra de Condeco VAC, por ¢278 millones, la cual había realizado la primera etapa de remodelación de la escuela en 2014.
En la oferta que Soto Rivera presentó, se aportó una carta de referencia de la Arrocera El Porvenir, la cual para esa fecha había quebrado. No había mayores registros de experiencia en construcción.
De hecho, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) no encontró ningún registro de obras presentadas por la empresa Rosori a su nombre.
Entre las obras que se realizaron en la Escuela de Riojalandia está la construcción de un pabellón con cuatro aulas, baterías sanitarias, un comedor y la remodelación de otro, así como terminación de un gimnasio, remodelación de la dirección, un parqueo vehicular y pasos techados.
También, se colocaron instalaciones eléctricas, luces de seguridad, alarmas para incendios, aires acondicionados, abanicos, y otras obras de mantenimiento.
El proyecto se terminó en el año 2020 y se entregó oficialmente el 16 de abril de ese año. El último cheque girado fue por la suma de ¢4,7 millones, en junio del 2020.
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Contrato fallido en Guanacaste
Robert Soto y Luis Cartín Herrera figuraban como socios en la empresa Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S.A., firma con la que intentaron incursionar en la construcción de centros educativos.
Esa es la misma empresa con la que intentaron construir un proyecto de vivienda social en el cantón de Corredores.
Una obra educativa que esta sociedad ganó fue la contratación para ampliación y remodelación del Colegio Villarreal, en Tamarindo, Guanacaste, la cual también era financiada con fondos de la DIEE.
Cartín presentó este proyecto ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en junio del 2017. El monto registrado ante este órgano señala que el proyecto costaría ¢1.275 millones.
Dentro de las obras por realizar estaban una cancha, un tanque séptico, un comedor, una biblioteca y dos docenas de aulas prefabricadas, además de sanitarios y pasos cubiertos.
Sin embargo, al no aportar los documentos necesarios a la Setena, la empresa no logró obtener la viabilidad ambiental y se archivó el proyecto.
Un año después, en junio del 2018, la Junta de Educación le retiró la contratación a La Escarcha y solicitó retirar los poderes especiales dados a Luis Cartín Herrera.
Seguidamente, la Junta del Colegio de Villarreal se hizo cargo de las obras, y bajó el costo del proyecto a ¢158 millones.
