EscucharEl pasado 10 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entró a la Municipalidad de San Carlos para detener al funcionario Alberto Blanco Vega, como sospechoso de liderar una red de proxenetismo y lavado de dinero. En ese momento, el ayuntamiento negó que el hombre fuese asistente de la alcaldesa Karol Salas.
Sin embargo, documentos obtenidos por La Nación muestran que el funcionario se desempeñó como asistente personal de la alcaldesa durante 11 meses y que, recientemente, ella lo había ascendido al cargo de contralor de servicios de la Municipalidad, puesto que ejercía cuando fue detenido por el OIJ.
Alberto Blanco Vega laboró como asistente de Karol Salas del 1.° de setiembre del 2022 al 7 de agosto del 2023. En esta última fecha, la jerarca lo ascendió a contralor, con lo que pasó de profesional 1 a profesional 4, con plaza en propiedad.
Karol Salas me negó, ‘se lavó las manos’, dice el investigado
Alberto Blanco dijo que la alcaldesa, quien aspira a reelegirse en el cargo por el partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM) en las elecciones municipales de febrero próximo, se lavó las manos en su caso.
El entrevistado afirmó que tenían una relación de amistad de más de 15 años. Dijo que conoció a Salas cuando ella ejercía como profesora privada de matemáticas. Sostiene que, a mediados del 2022, la gobernante local lo buscó en dos ocasiones para que aceptara trabajar como su asistente.
“Ella me buscó inicialmente cuando el exalcalde Alfredo Córdoba estaba suspendido por el Caso Diamante. Yo no acepté el trabajo porque era una suspensión de seis meses (la que había recibido el exalcalde). La primera oferta la rechacé, pero cuando Córdoba perdió sus credenciales, ella me volvió a contactar y me dijo que ahora sí era definitivo el no regreso del exalcalde; entonces, podía aceptar el trabajo en la Municipalidad.
“Mi último día de trabajo en el OIJ fue el 30 de agosto del 2022 y, al día siguiente, el 1.° de setiembre, entré a trabajar a la Municipalidad como asistente de ella”, explicó.
Blanco sostuvo que, desde su punto de vista, Salas “se lavó las manos como Poncio Pilatos” y lo negó “como Judas” al refutar que tuviese cualquier vinculación con él.
“Mi familia estaba viendo la sesión del Concejo Municipal del lunes (16 de octubre) y ella le dijo al presidente municipal, Juan Diego González, que eran manifestaciones subjetivas suyas cuando afirmaba que ella y yo éramos amigos. Ahí se volvió mi hermana y me dice ‘qué ganas de publicar una foto de esa señora abrazada con mami en un cumpleaños, para que vean que sí tenía relación con nosotros’”, declaró el investigado.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, Blanco habría aprovechado su anterior trabajo como policía del OIJ para revisar antecedentes de mujeres antes de reclutarlas para una red que ofrecía trabajadoras sexuales. Las indagaciones al respecto se iniciaron en 2021.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, dijo a Telenoticias que, al parecer, el detenido utilizaba los sistemas judiciales para verificar que las mujeres reclutadas en salas de masajes y clubes nocturnos no tuvieran antecedentes penales o fueran policías infiltradas. Las autoridades afirmaron que el exagente realizó más de 1.000 consultas a sus bases de datos.
El miércoles 18 de octubre, La Nación envió una consulta al Departamento de Relaciones Pública de la Municipalidad de San Carlos, así como a la alcaldesa Salas, con el objetio de conocer su versión de estos acontecimientos. Hasta el momento de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.
Alcaldesa lo nombró rápido en propiedad como contralor
Un oficio emitido por el departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Carlos, del pasado 23 de mayo y proporcionado por el medio regional San Carlos Digital, especifica que Blanco estaba ese mes en el cargo de asistente y que “la jefatura inmediata” era “la señora alcaldesa Karol Salas Vargas”.
El 2 de agosto anterior, Salas emitió la resolución administrativa en la que nombró a Alberto Blanco como contralor municipal en periodo de prueba por un mes. Luego, el 4 de setiembre, la alcaldesa sancarleña envió un oficio a Recursos Humanos en el que pidió nombrar a Blanco en propiedad.
“Dicho funcionario se desempeñó de manera satisfactoria, demostrando no solo condiciones profesionales y laborales, sino también personales, como un alto espíritu de ayuda hacia los demás departamentos”, afirmó la alcaldesa en el oficio.
Salas también resaltó el desempeño de Blanco, así como su disciplina por trabajar incluso fuera del horario laboral. “Ha cumplido a cabalidad con todos los objetivos (...). Se ha manejado de una manera profesional”, resaltó la gobernante local.
Blanco fue arrestado el martes 10 de octubre y permaneció detenido tres días, para finalmente ser liberado el viernes 13 de octubre.
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Blanco Vega y otros dos hombres, de apellidos Coronado Alvarado y González Arce. Sin embargo, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José solamente les ordenó no obstaculizar la investigación.
Luego de ser liberado, Blanco acudió el lunes 16 de octubre a laborar en la Municipalidad de San Carlos, ya que sobre él no pesaba ninguna suspensión del ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, ese día recibió su carta de despido.
Blanco sostiene que su destitución fue improcedente, ya que lo cesaron abruptamente y sin un debido proceso, pese a que ya era un funcionario en propiedad.
Añadió que en su carta de despido le achacaron no haberse presentado a trabajar miércoles, jueves y viernes, días en que estuvo detenido por el OIJ.
“El día que me dejaron en libertad, yo la contacté a ella (Salas), pero ella me ignoró, leyó el mensaje y no me respondió nada. Ella no puede alegar desconocimiento, ella sabía que yo estaba detenido”, argumentó.
El ahora exfuncionario presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en la cual solicitó dejar sin efecto su destitución.
Asimismo, presentó una denuncia ante el Juzgado de Trabajo con el objetivo de que se le restituya a su puesto y se le paguen los salarios caídos y los daños y perjuicios presuntamente causados.
“Ella está cometiendo un acto discriminatorio. Ella me condenó antes que un tribunal de la República. Ella básicamente dijo ‘tengo que ver cómo hago para quitármelo de a la par porque es una sombra que va a dañar mi carrera política’. Está actuando de mala fe debido a la situación jurídica en la que me encuentro”, argumentó Blanco.
