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Un grupo sospechoso de narcotráfico y legitimación de capitales falsificó un permiso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para construir una bodega de almacenamiento de arroz en el cantón de Esparza, Puntarenas.
El documento adulterado, que pasó inadvertido por más de un año, les permitió a los integrantes de la presunta banda obtener las autorizaciones de construcción y uso de suelo por parte de la Municipalidad de Esparza.
El pasado martes 3 de agosto, el ayuntamiento presentó una denuncia por aparente falsificación de documentos ante la Fiscalía Adjunta de Puntarenas.
La bodega fue construida por personas investigadas en el Caso Turesky, causa judicial en la que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presume que un grupo dedicado al tráfico internacional de cocaína incursionó en negocios como el arroz, el turismo y la vivienda social para lavar dinero.
La organización, cuyos integrantes fueron detenidos el 25 de mayo, habría invertido al menos $20 millones en lujosos bienes y buscaba apoyo de políticos para sus planes, en especial del diputado socialcristiano Óscar Cascante, quien les ayudó en gestiones para intentar desarrollar proyectos de vivienda social y un hotel en Limón.
En el caso de la bodega de arroz, el 13 de febrero del 2020, el investigado Luis Cartín Herrera (fallecido el pasado 6 de mayo) solicitó a la Setena la viabilidad ambiental para construir el proyecto a nombre de Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S. A., empresa que él también representaba.
La obra se levantaría en un terreno en el distrito Macacona, muy cerca de la carretera Interamericana norte, propiedad de la firma Global Trading Business, representada por uno de los hoy detenidos, de nombre Robert Soto Rivera.
No obstante, cinco días después, el 18 de febrero, la Setena rechazó el permiso porque la construcción se levantaría en el área de influencia de una naciente. En el documento de notificación, la institución puso una equis en la casilla de “rechazado”.
Al cabo de cinco meses, el 16 de junio del 2020, otra empresa representada por el investigado Luis Cartín Herrera se presentó ante la Municipalidad de Esparza para solicitar el permiso de construcción para una bodega de 826 metros cuadrados en la misma finca. En esta ocasión, utilizó la sociedad Urbanizadora Acre de Heredia S. A.
Dentro de la documentación, el grupo presentó un documento similar al que la Setena les había remitido anteriormente, pero esta vez la equis no estaba en la casilla de “rechazado”, sino en la de “aprobado”.
La Municipalidad de Esparza sospecha que el documento habría sido escaneado y, luego, modificado.
El permiso ambiental es indispensable para desarrollar este tipo de obras.
En el documento adulterado, también fueron eliminados los argumentos planteados por la Setena para rechazar la viabilidad ambiental. En su lugar, los sospechosos colocaron las partes restantes del documento, tanto así que los párrafos pegados están desalineados del texto original.
La fecha de registro, el nombre del proyecto, el número de expediente, el plano, la finca y las descripciones sí coinciden perfectamente con la hoja original.
El documento adulterado de la Setena fue introducido en el sistema informático municipal y, con base en este, el ayuntamiento emitió el permiso de construcción el 1.° de octubre del 2020.
La bodega de arroz fue construida y el ayuntamiento la registró como concluida el pasado 26 de mayo durante una inspección, justo un día después del desmantelamiento de la banda y de la detención de los sospechosos.
Fue hasta el pasado 30 de julio que la Municipalidad descubrió el permiso modificado, luego de que La Nación publicó que la supuesta banda construyó una bodega arrocera sin el permiso de Setena en un área afectada por una naciente de Esparza, con autorización municipal.
Según el alcalde Asdrúbal Calvo, se procedió a revisar los datos subidos a la plataforma del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y solicitaron a Setena copia de la viabilidad, con lo que encontraron el engaño de los supuestos narcos.
“Con respecto a la licencia de construcción aprobada por la Municipalidad de Esparza, es meritorio aclarar que este fue aprobado ya que, al momento de la solicitud, cumplió a cabalidad con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Construcciones de este gobierno local, según consta en la plataforma del CFIA–APC, incluida la viabilidad ambiental tramitada en fecha 13 de febrero del 2020″, dijo la alcaldía.
Las dimensiones del proyecto presentadas ante la Setena son distintas a las registradas en la Municipalidad de Esparza. Ante la primera, el proyecto era de 2.600 metros cuadrados y, ante la segunda, de 826 metros cuadrados.
El alcalde afirmó que, ya con la viabilidad ambiental, un desarrollador puede disminuir el tamaño de un proyecto.
La bodega llegó a tener techo, piso y demás acabados, según una foto tomada por el municipio en mayo pasado.
Dos meses después, el pasado 25 de julio, La Nación visitó el sitio y encontró que la construcción se encontraba sin paredes ni techo y en un aparente estado de abandono.
Sobre el tema de la naciente, el alcalde Asdrúbal Calvo dijo que los estudios hídricos de la Municipalidad no mostraban afectación sobre el área de la naciente, a diferencia de lo que indicó el sistema de la Setena.
El terreno fue comprado por la firma de Robert Soto en enero del 2020, apenas un mes antes de que el grupo solicitara el permiso ambiental a la Setena.
Según la investigación del OIJ, la banda buscaba importar máquinas empacadoras de arroz, valoradas en $200.000, con la idea de mover dinero.
El terreno fue inmovilizado por las autoridades judiciales el 26 de mayo.
El 22 de junio del 2020, Global Trading Business también registró ante el CFIA el contrato OC-930244 para una obra tasada en poco más de $333.000 y con medidas similares a las reportadas ante la Municipalidad, además de una tapia de 94 metros lineales.
Con esta misma figura de Urbanizadora Acre de Heredia, la supuesta banda trató de registrar un terreno de 1,8 hectáreas en la costa de Limón, aunque el Instituto Geográfico Nacional (IGN) advirtió de un traslape de planos con una propiedad bajo tutela del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
En ese sitio el grupo investigado pretendía levantar un hotel de $12 millones, para el cual también hizo gestiones el diputado Óscar Cascante.
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