EscucharLa empresa financiera que asesoraría al Consejo de Gobierno para la subasta del Banco de Costa Rica (BCR), podría dejarse un porcentaje del precio de venta del activo estatal como parte de su pago, cuya valor sería de alrededor de $2.000 millones de acuerdo con una evaluación preliminar, según mencionó, días atrás, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo autoriza al Gobierno a pagarle a la firma un monto fijo, así como un incentivo basado en los resultados de la subasta del banco público.
La propuesta, sin embargo, deja a discrecionalidad del Gobierno determinar la porción de los ingresos que se dejará la empresa financiera detrás del proceso.
El artículo 13 de la iniciativa, sobre el pago de la firma, establece que los honorarios “serán determinados por el Consejo de Gobierno con base al análisis de mercado que proporcione el Comité de Venta (conformada por ministros) y podrá incluir un honorario fijo y otro incentivo fijado como un porcentaje de precio de venta”.
La iniciativa no aporta ningún tipo de análisis de mercado sobre la contratación de asesorías especializadas para la venta de un banco. Dichos estudios se harían de manera posterior a una posible aprobación de la propuesta en la Asamblea Legislativa.
Estos análisis quedarían en manos del Comité de Venta, el cual estará integrado por los ministros de Hacienda, Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo.
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Posteriormente, el Consejo de Gobierno, integrado por el presidente de la República y los ministros, deberán acordar el pago por la asesoría.
Contratación de asesoría especializada
La iniciativa impulsada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, también establece que el Gobierno elegiría a la firma financiera al margen de las normas establecidas en la Ley General de Contratación Pública.
Tampoco se utilizaría el Sistema de Compras Públicas (Sicop). La contratación de este servicio se realizará bajo normas excepcionales establecidas en la propia propuesta del Poder Ejecutivo.
Según el texto, el Gobierno deberá publicar un pliego de condiciones y criterios de selección, con el propósito de recibir las ofertas de los interesados.
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Posteriormente, el comité de ministros entrevistarán a las firmas o a los asesores concursantes para elevar una recomendación al presidente de la República y al resto de jerarcas que conforman el Gabinete.
Una vez se tome la decisión en el Consejo de Gobierno, el Ministerio de Hacienda deberá hacer la adjudicación del contrato con la empresa o personas seleccionadas.
Funciones de la asesoría especializada
De acuerdo con la propuesta de ley, la empresa financiera especializada deberá asesorar al Consejo de Gobierno durante todo el proceso de venta del BCR y tendría siete funciones específicas:
- Recomendar un modelo de estructuración, mecanismo, precios y estrategia de venta.
- Realizar las investigaciones pertinentes para certificar la honorabilidad e integridad de los interesados en la venta.
- Realizar las investigaciones pertinentes para comprobar, mediante la debida diligencia (due diligence), la elegibilidad de los interesados y oferentes, con verificación de origen de fondos.
- Preparar los criterios detallados para la calificación de los interesados en la venta y ejercicio de debida diligencia de estos (due diligence).
- Emitir recomendaciones por escrito, no vinculantes, con relación a las manifestaciones de interés y las ofertas técnicas que se presenten.
- Acompañar al Comité de Venta en todo el proceso de estructuración, preparación de cartel y bases, análisis de ofertas y definición de comprador o compradores adjudicados para la venta.
- Realizar cualquier otra función técnica-financiera de asesoría y acompañamiento que el Comité de Venta estime necesaria para la correcta toma decisiones y eficaz cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.
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El mandatario Rodrigo Chaves defendió la idea de subastar el BCR con el argumento de que “esta es la mejor política pública respecto al manejo de estos activos”.
Explicó que el gasto del Gobierno en intereses es “brutal” y que el servicio de la deuda consumirá el 47% del Presupuesto Nacional del 2023.
“Entonces, valorando el balance de situación del Estado, es decir, todos los activos, valorando el bienestar común y la situación crítica fiscal que vive el país, tomamos la decisión de someter esta legislación a la Asamblea”, declaró Chaves, el miércoles anterior, al anunciar la presentación de la propuesta.
Precisó que reducir el endeudamiento del Estado permitirá liberar recursos que se puedan destinar a invertir en carreteras, hospitales o policías.
Sobre el rendimiento que generaría la venta del banco, Chaves dijo: “A estas cosas no se les puede poner precio anticipado, pero calculamos que podríamos recoger entre un 2,7% y un 3% del PIB. Eso incluye la venta de Bicsa (Banco Internacional de Costa Rica) y lo vamos a hacer con un asesor financiero reconocido internacionalmente que se seleccionará”.
Añadió que a ello se sumará la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).
