Escuchar
La meta del Gobierno de recaudar el equivalente un 0,17% del producto interno bruto (PIB), mediante una reforma al impuesto sobre las casas de lujo, es difícil de alcanzar.
Dicho objetivo supone recoger unos ¢61.200 millones anuales, aunque el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, como se denomina actualmente a este tributo, recaudó ¢4.581 millones en el 2020.
Para cumplir el objetivo, se tendría que aumentar en más de un 1.100% la recaudación de un impuesto que ya es difícil de cobrar, pues en los últimos 10 años se quedó corto con respecto a su meta de ingresos.
La propuesta de transformar el tributo sobre las casas de lujo la comunicó el Poder Ejecutivo el 5 de enero, como parte de la ruta de consolidación fiscal que se le plantearía al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Casa Presidencial dijo que presentaría un proyecto de ley para reemplazar el impuesto solidario, vigente desde el 2009, por un nuevo tributo para todos los propietarios de viviendas valoradas en más de ¢200 millones. El gravamen equivaldría a un 0,5% del valor de la propiedad, por año.
Hoy, el impuesto recae sobre las casas con valores superiores a los ¢133,1 millones, y se cobra de forma escalonada.
Los dueños de los inmuebles valorados entre ese monto y los ¢334 millones, pagan al Estado un 0,25% del precio de la propiedad. Sobre el exceso de los ¢334 millones y hasta los ¢670 millones, se cobra un 0,30%.
El impuesto aumenta, conforme más cara sea la casa, en otros seis niveles con cobros del 0,35%, 0,40%, 0,45%, 0,45%, 0,50% y 0,55%.
Pagan la escala completa las viviendas que superen los ¢2.010 millones.
Por ejemplo, el dueño o los dueños de una casa de ¢2.100 millones tendría que haber pagado ¢8 millones de impuesto el año pasado.
Las diferencias entre el impuesto actual y el planteado por el Gobierno es que el nuevo se cobraría a partir de los ¢200 millones y, además, la tarifa sería plana: 0,5% para todas las casas.
Con el cambio, la casa de ¢2.100 millones, pasaría a pagar ¢10,5 millones. En tanto, una casa de ¢700 millones que actualmente paga ¢1,9 millones, pasaría a desembolsar ¢3,5 millones.
En principio, los obligados a cancelar el tributo pagarán más. Sin embargo, es difícil que el aumento de tasa alcance para que los ingresos aumenten a más de ¢60.000 millones.
En el 2020, la Dirección General de Tributación registró 5.150 viviendas obligadas a pagar el impuesto solidario. Los dueños que cumplieron desembolsaron ¢4.581 millones.
En un ejercicio de simulación, La Nación calculó qué ocurriría si se cobrara un impuesto del 0,5% a esas mismas 5.150 viviendas, asumiendo que todas estuviesen valoradas en el valor más alto posible en cada escala.
En ese caso, lo máximo que podría recaudar Hacienda rondaría los ¢12.300 millones, una quinta parte de lo previsto por Hacienda.
Además, la mayoría de las casas de lujo están en el primer tramo de cobro: entre ¢133 millones y ¢334 millones.
Hacienda no suministró el dato de cuántas de esas propiedades ya no serían sujeto de cobro del impuesto, al establecerse que este se cobraría a partir de los ¢200 millones.
Según la base de Hacienda, en el país solo hay 10 casas valoradas en más de ¢1.673 millones.
Tributación podría procurar disminuir la evasión del impuesto, pero esa también sería una tarea complicada.
En el 2020, de las 5.150 viviendas obligadas a pagar el impuesto solidario, lo cancelaron los dueños de 4.456.
LEA MÁS: Impuesto solidario sobre las ‘casas de lujo’ incumple meta recaudatoria tras 11 años de existencia
Carlos Vargas, director general de Tributación, afirmó que es un tributo de difícil de declarar y de recaudar.
Para calcular lo que deben pagar, los obligados primero necesitan saber el valor de la construcción principal y las accesorias, como ranchos, piscinas y muros. Si ese valor supera los ¢133,1 millones, entonces se calcula el valor del terreno. La suma de los dos montos compone el valor total de la propiedad y es sobre este que se aplica la tarifa escalonada del impuesto.
“La otra variable que dificulta el tema es que el impuesto grava el uso y eso no está en ningún registro”, afirmó Vargas.
Es decir, que el impuesto se cobra exclusivamente a los inmuebles que se usan como residencia. Esa característica no se anota en ningún registro público, sino que la conoce solo el titular. Por ende, Hacienda depende de que los dueños decidan declarar, hagan los cálculos y luego paguen.
“Eso hace complicada la gestión, por eso se está trabajando un cambio para simplificar el impuesto”, afirmó Vargas.
El 5 de enero, la Presidencia de la República dijo que el proyecto de ley para sustituir el impuesto sobre las casas de lujo se presentaría en las siguientes semanas.
La recaudación de este impuesto nunca ha alcanzado los ¢10.000 millones anuales que Hacienda proyectó recaudar en el 2009, cuando se estableció la ley.
