EscucharEl subjefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, considera que debe investigarse a fondo la posible intervención del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que su compañera de bancada, Vanessa Castro, perdiera un contrato de asesoría legal que tenía desde hacía 18 años con una televisora.
“Habrá que hacer el análisis a profundidad de qué sucede en Casa Presidencial y si efectivamente se está utilizando el poder para interferir en la vida de las personas”, manifestó el congresista.
El socialcristiano relató, este miércoles, a La Nación detalles de una conversación que él presenció en la que el embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, confirmó a su compañera de bancada haber hecho una gestión a pedido del mandatario para contactarlo con el dueño de una empresa multinacional de ese país.
Comentó que la primera vez que Vanessa Castro le contó sobre el asunto fue en diciembre del 2022. En aquella ocasión, según dijo, la legisladora le indicó que sospechaba que el Gobierno intervino en el cierre de su contrato. Meses más tarde, agregó, ella le confirmó que conocía de una reunión entre Chaves y Fernando Contreras, presidente de Repretel.
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Indicó que Vanessa Castro habló del tema con algunos diputados de la Unidad, pero sostuvo que no todos conocían lo sucedido. De hecho, según relató, Leslye Bojorges fue el otro legislador que estuvo presente cuando el embajador comentó el tema con Castro y desconocía por completo de qué estaban hablando.
“Es importante señalar que en la fracción nunca se discutió el tema, nunca se puso sobre la mesa para definir una estrategia puntual. En algunos momentos, yo busqué posicionar el tema, pero fue a petición de mi compañera Vanessa que no se abordó”, recordó.
Reunión entre embajador y Vanessa Castro
“Para ese momento (la reunión con el embajador Abarca), ya la diputada Castro me había externado que sabía que don Fernando Contreras se había reunido con el presidente de la República y que, efectivamente, habían abordado la relación laboral que ella tenía en ese momento con esa empresa”, recordó García, durante la conversación con este diario.
El diputado detalló que la cita con el diplomático la gestionó Vanessa Castro y señaló que se trató más bien un convivio, como de cinco horas, y no de una reunión como tal.
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Confirmó que durante la cita se mencionó en al menos tres momentos la petición que hizo el presidente para que lo contactara con el propietario de la casa matriz de una empresa de ese país. Por otra parte, recordó haber escuchado la mención del nombre de Ángel González, como un “prominente empresario mexicano”.
González, de origen mexicano y nacionalizado guatemalteco, es quien preside el Grupo Albavisión, que es la empresa propietaria de Repretel.
“No puedo dar certeza, estaría mintiendo, diciendo que lo introdujo uno u otro, pero al principio sí dijeron que había un tema que debían hablar en torno a esa directriz, pero no fue un tema que hilé delgado o que llamó mi atención”, acotó el legislador.
Dudas sobre cese de contrato
El presidente de Repretel, Fernando Contreras López, confirmó que el mandatario le hizo una consulta sobre los servicios profesionales que la diputada del PUSC, Vanessa Castro, brindaba a la televisora multinacional en Costa Rica. No obstante, sostuvo que la empresa cesó el contrato de la legisladora por políticas internas.
Ante esta respuesta, el subjefe del PUSC dudó que el despido de su compañera tenga que ver con su investidura como diputada pues, según indicó, podrían haberla cesado en mayo del 2022, cuando asumió la curul.
“La diputada Castro tenía una relación de 18 años. Llega a ser diputada nuevamente y sí me genera, a nivel personal, algo de duda, en el sentido de que si la relación laboral quisiera haberse eliminado previamente, por qué no se hizo en mayo, o por qué la decisión se toma hasta diciembre”, cuestionó.
En ese sentido, el socialcristiano comparó lo denunciado por Castro con la instrumentalización que hizo el Gobierno de la Dirección General de Tributación para denunciar, fallidamente, un supuesto megacaso de evasión fiscal, atribuido a una empresa de Leonel Baruch, accionista mayoritario del medio digital CRHoy.
