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Suponga que usted va de compras, ya sea al supermercado o a una tienda, y que un porcentaje de lo que pague irá a una cuenta asignada a su nombre para alimentar una futura pensión que devengará durante su vejez.
Esa figura se llama pensión consumo y es explorada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) como una opción adicional para garantizar futuras jubilaciones, sobre todo a quienes no tienen un salario.
Aunque la idea está en una fase prematura de estudio, lo cierto es que la entidad busca nuevos esquemas para asegurar a los costarricenses una pensión.
“Hablamos de una nueva modalidad de pensión que no tenga relación con el trabajo. Uno podría pensar en subir el IVA y recaudarlo como parte de la pensión de las personas. La idea es ligar la pensión a algo que no tenga que ver con el tema salarial”, explicó Nogui Acosta, ex viceministro de Ingresos y actual asesor de Rocío Aguilar, superintendente de pensiones.
Lo esencial es generar opciones que partan del principio de construir la pensión a partir del consumo que hace la persona, enfatizó Acosta. Se trataría de fondos individualizados manejados por operadoras de pensiones que hagan crecer los recursos.
El objetivo es garantizar un ingreso a quienes hoy se encuentran en la informalidad, personas que no tendrán una pensión por no estar cotizando para la seguridad social.
Para el cuarto trimestre de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estimó que 1.040.000 personas laboran en la informalidad, frente a 1.168.000 trabajadores formales.
“Los nuevos sistemas de las economías colaborativas, la tercerización, los servicios profesionales, han generado un quiebre en el modelo. Pasamos de una economía basada en la fuerza laboral, a una se servicios”, amplió el asesor de la Supén.
El Instituto describe a los trabajadores informales como aquellos que cumplen las siguientes características: personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social por medio de sus patronos; ayudantes no remunerados, trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas que no están inscritas en el Registro Nacional y no llevan una contabilidad formal.
El sistema de pensiones actual está pensado para empleados formales, expuso Acosta, por lo que se evalúan otras alternativas para “los trabajadores de la nueva economía”.
Cualquier mecanismo que elija la Supén, basado en la construcción de una pensión proveniente del consumo, también serviría para fortalecer el ingreso de quienes sí cotizan para la seguridad social.
Es decir, la alternativa también podría estar a disposición de los asalariados, que aportan cotizaciones para una jubilación básica y para el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
También, podrían hacer uso de ese mecanismo las personas que cuenten con una pensión voluntaria.
Urge reforzar el régimen de pensiones
Se prevé que la jubilación básica, como la del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se irá haciendo más pequeña con los años debido a factores como el envejecimiento poblacional y la insuficiencia económica del sistema.
Esta semana, la Junta Directiva de la CCSS aplazó una reforma al IVM, sistema que está urgido de ajustes.
Propuesta conocida
En el 2017, el exdiputado Wálter Coto, del Partido Liberación Nacional (PLN) impulsó en la Asamblea Legislativa un proyecto llamado “Pensión Consumo”, sin embargo, la iniciativa no prosperó.
El plan proponía incrementar en un 3% el entonces impuesto sobre las ventas (hoy IVA) para trasladarlo a la pensión consumo.
Países como China y México ya implementan esquemas de pensión consumo. Otros como Chile estudian iniciativas para su puesta en marcha.
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